Gobierno enviará al Tribunal Constitucional la Ley de Garantías que supuestamente busca "impunidad"

Brújula Digital|09|12|19|

El Gobierno anunció el lunes que enviará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Garantías, aprobada en Diputados y que la presidenta Jeanine Añez dijo que no la promulgará, porque pretende favorecer a dirigentes afines al MAS que causaron violentas marchas y saqueos después de la renuncia de Evo Morales por fraude electoral.

"Consideramos que claramente no es constitucional (la Ley de Garantías); estamos analizando una consulta previa para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar de manera inmediata", anunció el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Explicó la "consulta previa de constitucionalidad" se realiza porque "no es necesaria" la promulgación de una ley de garantías constitucionales cuando las mismas ya están establecidas en la Carta Magna y las leyes vigentes.

Núñez afirmó que el proyecto de la Ley de Garantías será enviada al órgano de control constitucional antes que  sea tratado por la Cámara de Senadores.

El proyecto de Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

Es una norma contradictoria

El abogado constitucionalista Willams Bascopé lamentó el domingo que MAS pretende llevar adelante ese proyecto de ley sin darse cuenta que existe inconstitucionalidad en ella. Explicó que en el artículo 5 de ese proyecto de ley se pide que el Gobierno coordine con el Ministerio Público y con el órgano Judicial la liberación de detenidos, lo que calificó de "irracional" porque el Ejecutivo tiene sus propias competencias.

"La norma también señala que los actos que se han suscitado después de las elecciones no sean investigados, a lo que se pone una especie de fuero o inmunidad a varios dirigentes, diputados y senadores (...), por eso creo que esta norma no es necesaria porque además veo impunidad", sostuvo.

"La norma también señala que los actos que se han suscitado después de las elecciones no sean investigados, a lo que se pone una especie de fuero o inmunidad a varios dirigentes, diputados y senadores (...), por eso creo que esta norma no es necesaria porque además veo impunidad", sostuvo.

El constitucionalista dijo que la presidenta Jeanine Áñez también debería mandar una nota al Senado para que realice la consulta constitucional antes de que el proyecto de ley sea promulgado.