Se cumplirá el plazo de 120 días determinado por Ley a partir de la convocatoria a comicios

Salvador Romero ratifica necesidad de total independencia del órgano electoral.

Brújula Digital|26|11|19|

Se va a cumplir con  el mandato fijado por la Asamblea Legislativa para los nuevos comicios generales de 2020, afirmó el recientemente designado vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero y agregó que no se puede realizar una elección en menos de 120 días, plazo que es ajustado en sí mismo.

El nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero, designado por la presidenta Jeanine Añes, afirmó que no se puede organizar  comicios  en menos de los 120 días estipulados por la norma, en entrevistas con medios de comunicación nacionales.

“El plazo de 120 días es ajustado en sí mismo, pero se va a cumplir con  el mandato fijado por la Asamblea Legislativa, pero no se puede realizar una elección en menos de ese lapso”, señaló Romero.

El inciso 2 del artículo 12 de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, promulgada el pasado 24 de noviembre, determina que: “Las elecciones generales 2020 se realizarán en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, a partir de la convocatoria”.

De acuerdo a la normativa vigente, una vez promulgada la nueva norma de convocatoria, para la determinación de la fecha de comicios, se debe cumplir previamente con la designación de los demás miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la nominación de los miembros de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) con la participación de las Asambleas Departamentales.

Independencia política

La independencia (político – partidaria) del órgano electoral, respecto a todos los actores “representa una verdadera  victoria colectiva en el corto y  en largo plazo”, señaló Salvador Romero.

Afirmó: “el organismo electoral debe preservar celosamente su independencia, autonomía e imparcialidad, a veces su defensa incomoda pues cierra el paso a quien quisiera disponer de resultados asegurados antes de que los ciudadanos vayan a sufragar. Evita que la competencia se reserve a unos pocos preseleccionados y niega colocarse al servicio de intereses reducidos”.

Agregó que, la experiencia demostró que “el árbitro con camiseta partidaria es sólo una ganancia de corto plazo e ilusoria para los  jugadores beneficiados, y a la vez que la conducta contraria a las normas elementales de la rectitud desata la tensión política, social, la violencia y amenaza los fundamentos de la democracia”.