Se solucionan los bloqueos de Río Abajo y Oruro, dos conflictos clave mantenidos por el MAS

Brújula Digital |22|11|19|

Este viernes se logró desactivar dos conflictos clave del país, los bloqueos de Oruro y de Río Abajo, en La Paz, que impedían el normal transporte de alimentos, personas y maquinaria desde hace dos semanas. Ambos eran mantenidos por dirigentes y simpatizantes del MAS.

Otros bloqueos persisten, especialmente el del Chapare y alrededor de Senkata, la planta de gasolina y gas licuado que provee carburante a la ciudad de La Paz.

En Mecapaca, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, firmó con dirigentes locales el fin del angustioso bloqueo que mantuvo aisladas por dos semanas a cientos de familias de la zona denominada Río Abajo.

Santamaría y varios de sus colaboradores llegaron hasta la zona y lograron alcanzar un acuerdo. Parte del mismo se debió a la necesidad, dijeron los dirigentes de la zona, “de proveer alimento a la ciudad”.

“Las verduras están listas para salir”, expresó uno de los dirigentes en la firma del acuerdo con Santamaría.

El alcalde masista de Mecapaca, Enrique De la Cruz, es acusado por los vecinos de haber promovido el bloqueo que afectó a localidades cono Lipari, Carreras, El Palomar, Valencia y Río Abajo. No existía manera de llegar hasta la zona y cientos de familias tenían dificultades para abastecerse de alimentos, comprar medicinas, etc.

Lo que hacían algunas personas era caminar hasta el último punto de bloqueo (el más cercano a La Paz) y allí sus familiares o amigos les entregaban alimentos y otras vituallas.

Río Abajo es un valle que produce hortalizas para La Paz y sus productores expresaban que habían sufrido pérdidas cuantiosas por el bloqueo. El sindicato de transportistas expresó la misma queja, que logró forzar un acuerdo.

En Oruro, luego de varios días de bloqueo en las principales carreteras del departamento, la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y de Oruro, Bartolinas y Maestros Rurales acordaron levantar los bloqueos en esa región. Las organizaciones presentaron una lista de peticiones con siete puntos.

“Las 16 provincias se declaran en cuarto intermedio en bloqueos de caminos y estado de emergencia, mientras se establezca los mecanismos de resolución del conflicto, a través de una mesa de diálogo nacional y se resuelva el conflicto nacional. En caso de no cumplirse con el pliego nacional, se retomarán las medidas de presión”, dice uno de los puntos del acuerdo.

En ambientes de la casa de los de las misioneras cruzadas de la iglesia de Oruro las partes en conflicto se reunieron bajo la dirección del obispo de la diócesis de Oruro, monseñor Cristóbal Bialasick. Asistieron como mediadores José León, defensor del pueblo de ese departamento, y Zenón Pizarro, gobernador; Como parte de los garantes estuvieron presentes Orlando Zapata, fiscal del distrito; Juan Carlos Zelaya, presidente del Tribunal Departamental de Justicia y varios jefes militares y policiales.

Representantes de las entidades que realizaban el bloqueo, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y filial Oruro, además de las Bartolinas y maestros participaron del acto. El acuerdo tuvo a representantes de periodistas como testigos del mismo.

“Se deja claramente establecido por parte del Ministerio público de Oruro y el comando departamental de la Policía que no existe lista de personas que sufren persecución política, sindical ni laboral, garantizando el libre ejercicio en los cargos de los dirigentes nacionales departamentales y provinciales conforme a los derechos constitucionales, siempre y cuando no se cometan ilícitos de carácter penal”, expresa otro de los puntos de convenio.

Otro establece que “El comando de la segunda división de Ejército se compromete a interponer sus buenos oficios ante el comando general para el repliegue de su personal a sus respectivas instalaciones militares y cumplir sus funciones normales bajo el respaldo de la población de Oruro y sus 16 provincias, como aporte institucional de las Fuerzas Armadas a la pacificación del departamento”.

El acuerdo agrega que se establecerán mesas de trabajo con los sectores sociales en conflicto para atender “temas pendientes de solución”.