Denuncian que funcionarios del Ministerio de Justicia fueron obligados a manipular actas electorales

Brújula Digital|22|11|19|

Funcionarios públicos del Ministerio de Justicia denunciaron en un documento, que circula en las redes sociales, que el extitular de ese despacho, Héctor Arce, del MAS, les obligó supuestamente a manipular las actas electorales antes días antes que una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría al proceso electoral y que luego estableciera fraude y por cuya causa renunció Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre.

“Pasadas las elecciones del 20 de octubre de 2019, y días antes de ser iniciada la auditoría por parte de la OEA, en el mismo piso 3 del edificio Capitán Ravelo se procedió al manipuleo e impresión de las Actas Electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados, que posteriormente fueron premiados con el día libre posterior al hecho”, refiere el comunicado de los funcionarios públicos que no llevan firmas pero sí un membrete del Ministerio de Justicia.

Los funcionarios hicieron conocer que esa cartera de Estado fue manejada a gusto y antojo del MAS y con el ingreso de Arce al Ministerio se multiplicaron las irregularidades, en los últimos años.

El documento también indica que los funcionarios fueron obligados a transcribir libros de militancia a la base de datos del Órgano Electoral Plurinacional, en los que tuvieron que inventarse nombres y firmas.

Luego de las elecciones, a los empleados de esa cartera estatal se les encomendó la tarea de conformación de un grupo de choque a la cabeza de Julieta P., quien con otros 13 funcionarios —cuyos nombres están especificados en la carta— hacían de "infiltrados" en las manifestaciones pacíficas para provocar a la Policía.

Argumentaron que antes de las elecciones fueron obligados a afiliarse como militantes del MAS, además de asistir a marchas, concentraciones y campañas electorales. Denunciaron que una de las empleadas fue en el aeropuerto de Chimoré, donde caminó por seis horas, de ida y vuelta. En esa ocasión falleció Karen Arteaga Zárate, funcionaria que fue atropellada por un camión.

Los funcionarios piden la destitución de tres jefes de área y 18 empleados que obligaban a realizar actos contrarios a un Ministerio de Justicia.