Interculturales amenazan con corte de suministro de agua y cercos para impedir ingreso de alimentos

Brújula Digital|28|10|19

“Damos 48 horas para que levanten sus supuestos, paros, bloqueos que están en las calles: dos, tres penosas con sus pititas perjudicando a la ciudadano, al desarrollo. Nosotros vamos cortar el agua que va hacia la ciudad de La Paz”, amenazó hoy el dirigente de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Henry Nina, en entrevista con  radio Unión.

Los interculturales se concentran en la tranca de Urujara para ejecutar el cerco a la ciudad. El dirigente aseguró que el cerco se cumplirá desde este lunes y de manera indefinida. 

Nina dijo que su sector exige respeto a la democracia y el voto que, según el TSE, da la victoria a Evo Morales en primera vuelta.

Ratificó que su organización respaldará a Evo Morales y sostuvo que “la derecha nunca más volverá y que debería estar pensando en irse del país.

Contiocap

“El primer mandatario con sus amenazas de cercos a las ciudades  pretende ‘esclavizar a la población movilizada, tal como lo hacían en el pasado los patrones con los pueblos ancestrales´”, denunció en un documento, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). 

La organización cuestionó que Morales, utilice el nombre de los indígenas  “para hacer parecer un supuesto apoyo de este sector y la justificación para un triunfo fraudulento, el Gobierno, asumiendo una falsa identidad indígena, se presenta ante la comunidad internacional como una víctima de un complot racista (…). No obstante a esta pose indígena, en los últimos días se ha procedido a amenazar al estilo de los patrones”, añade el pronunciamiento de la (Contiocap).

Normativa legal

Al ser consultado sobre las amenazas del dirigente de los interculturales, un abogado y docente universitario que prefirió no ser identificado, señaló que la Constitución Política del Estado tipifica los cercos a las ciudades como GENOCIDIOS ALIMENTARIOS.

Detalló que la CPE señala en su Artículo 16 – I) Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II). El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Añadió que en ese marco, quienes alienten o participen en los cercos anunciados o “corten el agua” a la población incurrirán de hecho en una tipificación legal de tipo penal, lo que debería obligar a las fuerzas de seguridad a su inmediata detención y su proceso ante instancias judiciales y a las Fuerza Armadas a movilizarse para garantizar el normal suministro de agua a la población.

Más allá de lo legal y de los problemas que se pueden presentar, explicó el jurista, el cerco a las ciudades y el impedimento de ingreso de alimentos conlleva  que los campesinos también pierdan, porque sus productos se deterioran y no pueden llegar a los mercados para su comercialización y abre las puertas para que la población solicite ayuda humanitaria efectiva  a Naciones Unidas, en el marco de la previsión establecida por ese organismo internacional que señala “el privar de alimentos a un país o región y buscar una confrontación violenta, es un intento de Genocidio.. delito de lesa humanidad, por el que puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional”.

A estos dos aspectos, según el docente, se debe sumar la destrucción de la imagen del gobierno tanto en el exterior como en el país.