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Política | 17/10/2019   09:41

Cabildos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro decidieron desobediencia civil contra binomio oficialista

Santa Cruz, Potosí y Tarija demandan un país federalista. Coinciden en demandar la anulación de las normas que autorizan chaqueos de bosques, caso Chiquitania. Respeto a la reserva de Tariquía. Anulación del DS 3738 sobre explotación del litio en el Salar de Uyuni.

Masiva asistencia de ciudadanos al cabildo de Tarija. Foto: El País de Tarija
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Brújula Digital|17|10|19|

Los cabildos realizados en las últimas dos semanas en seis de los nueve departamentos –Santa  Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro– decidieron de manera unánime desobediencia civil contra el binomio oficialista ilegal si ganara en las elecciones generales del 20 de octubre, debido a que no respetaron el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos decidió no a la reelección indefinida.

José Luis Toco, miembro del Comité Cívico ad hoc de Oruro, realizó la noche del miércoles las consultas a la multitud. Entre las más de 10 resoluciones en el cabildo de Oruro, la noche del miércoles, se determinó desconocer la repostulación del binomio del MAS y activar mecanismos de desobediencia civil  en caso de un cuarto mandato. Cuando se consultó al respecto entre la multitud se escuchó: “voto castigo, voto castigo…”.

En Tarija, el cabildo de Tarija aprobó la noche del miércoles por unanimidad el voto castigo en las urnas al binomio del gobernante MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera, además de “desobediencia civil” y la incorporación del Estado federal como alternativa de desarrollo.

También resolvió entre otros “exigir al Gobierno central la elaboración y aprobación de una nueva Ley específica sobre recursos evaporíticos y del litio”. Sumaron el pedido de amnistía irrestricta para los presos y exiliados políticos, y la abrogación de los contratos petroleros de exploración dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

El cabildo de Tarija es el quinto en el mes, después de los de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Potosí, en los que los dirigentes cívicos aprueban la instalación de un Estado federal, el desconocimiento a una posible reelección del binomio oficialista y la defensa de los recursos naturales.

Decisiones de los cabildos

El Comité pro Santa Cruz fue el primero en realizar un cabildo y aprobar, entre otras cosas, el desconocimiento del próximo gobierno de Evo Morales en caso de que surgiera del fraude, determinó el voto castigo contra el mandatario en las elecciones del 20 de octubre, puso un ultimátum para el desalojo de los colonos ilegales de la Chiquitania y aprobó iniciar la lucha hacia el federalismo.

Luego fue el turno del cabildo de La Paz, convocado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que determinó desconocer los resultados de las elecciones nacionales en caso de que ganase el "binomio ilegal del MAS". Además, entre sus ocho puntos, resolvió pedir el juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García por los incendios con la Chiquitanía.

El cabildo de Cochabamba decidió desconocer el cuarto mandato de presidente Evo Morales en caso de que se proclame como ganador en las elecciones del 20 de octubre, además de exigir la anulación de las normas que autorizan el desmonte y chaqueo de bosques en el país y de manera particular en la Chiquitania, entre otros temas.

El cabildo de Potosí decidió impulsar a nivel nacional el pedido de una Asamblea Constituyente para promover el proyecto de una Bolivia federal, también el desconocimiento de la postulación de Evo Morales y Álvaro García, la cual es calificada de ilegal, ante lo cual  se anuncia acciones de desobediencia civil en caso de su victoria, y también se estableció el voto castigo al binomio.

Se ratificó el pedido de abrogación del Decreto Supremo 3738, que define la alianza entre Yacimientos del Litio Bolivia y la alemana Acisa para la explotación de sales residuales del Salar de Uyuni.

Resolución  de cabildo de  Oruro

El cabildo resolvió exigir al Gobierno la elaboración y aprobación de una nueva ley específica sobre recursos evaporíticos y del litio para la explotación e industrialización en el salar de Coipasa.

Se determinó que mediante decreto supremo el Gobierno entregue la administración directa de la Empresa de Cemento Boliviana (Ecebol) a  Oruro.

Puesta en marcha del proyecto Puertos Seco, con presupuesto garantizado para declarar a Oruro zona de libre comercio.

Solicitar un presupuesto del 10% del PIB, dotación de ítems, institucionalización,  la abrogación de la Ley 1189, y pedir su inclusión junto al magisterio en la Ley General del Trabajo.

Desconocer la repostulación ilegal de Evo Morales y Álvaro García Linera, así como cualquier resultado favorable al binomio, además de activar mecanismos de desobediencia civil en democracia.

Elegir un nuevo comité  el 14 de noviembre, en el paraninfo universitario.

Declarar personas no gratas al Gobernador, al Alcalde y a los concejales de Oruro. Resolución  del cabildo de Tarija

Rechazar la candidatura inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García Linera, en aplicación y respeto a la voluntad del pueblo, expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016.

En caso de que el binomio oficialista consolide un cuarto mandato, se determinó desconocer el Gobierno y declararse en desobediencia civil. 

En defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos se exige al Gobierno la amnistía para los presos y refugiados políticos y el cese de la persecución.

Se exige la anulación de los contratos petroleros y la abrogación de las leyes que permiten la exploración en la Reserva de Tariquía.

 Se determinó que Tarija inicie el proceso hacia el federalismo, ante la “vulneración de la autonomía regional y la confiscación de sus recursos económicos”.

Se acordó expulsar a los líderes cívicos que se parcializaron a favor del Gobierno central.

Desconocieron al actual presidente Carlos Dávila e indicaron que la acción inmediata será convocar a una Asamblea de la Tarijeñidad para llamar nuevamente a la elección de la directiva del Comité Cívico.

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