Con la Chiquitania bajo fuego desde julio, cuestionan modelo de desarrollo cruceño y debilidad institucional

Brújula Digital|22|09|19|

La Chiquitania arde desde antes de julio, con mayor intensidad en agosto y en septiembre esa región cruceña continúa bajo fuego. En este tiempo el fuego ya convirtió en cenizas más de tres millones de hectáreas. Representa el 75% del total de hectáreas quemadas, en el país, entre ellas cinco áreas protegidas. Del total, la extensión de bosques afectados alcanza a 858.099 hectáreas hasta el jueves (19) último. La magnitud de la superficie quemada este año está entre las más altas al menos desde 2001.

Distintos sectores académicos y analistas independientes apuntan como responsable del incendio forestal al Gobierno que promulgó cuatro leyes (337, 741, 1098 y 1171) y un decreto supremo (3973), desde 2013 hasta julio pasado. Todas autorizan desmontes y quemas de bosques con el propósito de ampliar la frontera agrícola (que hasta el año  2018 superaba los 3,6 millones de hectáreas). Una de ellas exige a los agroindustriales aumentar la producción de caña para producir etanol y vender a YPFB. 

Algunos analistas consideran que esta tragedia en la Chiquitania es fruto del acercamiento de los productores agroindustriales –Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) – con el Gobierno, que propició la aprobación de las normas señaladas en favor de desmontes y chaqueos indiscriminados.

“La dirigencia (de la CAO y Fegasacruz) ha estado demasiado sumisa al poder central. No se debería politizarlas; jugando con intereses particulares. Se debe apartar la política de lo institucional. Hay que guardar la dignidad. Se han mezclado las cosas”, cuestionó el pastpresidente de la CAO, Vicente Roca, según reporte de El Deber.

La crítica de Roca surge luego que se le consulta en relación al DS 3973, aprobado en julio, que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias y las quemas controladas, y el posterior pedido de Óscar Ciro Pereyra, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, quien el 28 de agosto, pidió al presidente Evo Morales, “no matar a la gallina de los huevos de oro” y no abrogar la norma.

“Coincido de que en este momento las instituciones están pasando por momentos muy difíciles. No sé, ni lo quiero saber ni justificar, el por qué algunos representantes de instituciones tradicionales de Santa Cruz pudieran anteponer ciertos intereses particulares a los regionales”, expresó el pastpresidente de Fegasacruz Juan Carlos Peredo.

El vicepresidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, sostuvo que este sector era el más afectado y expuso su adhesión a la propuesta de declaratoria de desastre nacional por la Chiquitania, el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental y la abrogación de la Ley 741 de desmontes.

Modelo de desarrollo en cuestión

Rubens Barbery, del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), sostiene que el fondo del problema, con el incendio prolongado en la Chiquitania, es la interpelación al modelo de desarrollo de la agroindustria no sólo cruceña sino nacional, que no fue impuesta por normas regionales sino por leyes promulgadas por los gobiernos de turnos y en particular en los últimos cinco años.

“El modelo de desarrollo no sólo es cruceño, es de toda Bolivia, porque es extractivismo o mal aprovechamiento de la materia prima en el país y no es condición única de Santa Cruz”, dijo al indicar que las normas vigentes (cuatro leyes y el DS 3973) alientan “la colonización no planificada”, “el manejo de la tierra no sostenible”, por la falta de información en los migrantes del occidente a tierras del oriente del país. “Estamos viendo que la forma de producción en la práctica es con la quema; creo que en esta actividad no hay conciencia ambiental en el país”, dijo, según reporte de Página Siete.

Gabriela Ichaso, analista y activista independiente, sostuvo que el gigantesco incendio en la Chiquitania arroja varias consecuencias para sus pobladores, la sociedad en su conjunto y para quienes toman decisiones. “El problema no es un desastre en número de hectáreas quemadas, sino una consecuencia para sus habitantes que tienen agua contaminada para su consumo, para el riego y los animales”, pues “la quema de bosques afecta a la cultura viva de la gente chiquitana y el chiquitano no es sólo su música, su arte, su habla, es su forma de vida”.

Ichaso sostiene que el fondo del problema con el incendio en la Chiquitania es el cuestionamiento al modelo de desarrollo cruceño y nacional. “El tema de la frontera agrícola en cierta manera tiene varios factores como la producción de biocombustible, lo que me parece un despropósito”.

La analista exigió reconocer que el modelo de producción de alimentos, sea para la subsistencia o en gran escala, no puede continuar y “a espaldas de la cultura chiquitana, desconociendo que se afecta al medioambiente y el hábitat de una cultura”.

Ichaso, también bloguera y con experiencia en redes sociales, dijo que en la producción se deben respetar los usos y costumbres de los chiquitanos con respecto a los espacios y las formas de vida de los originarios. “Eso es lo central. Ningún modelo de producción es sostenible si no toma en cuenta la forma de vida de los lugares que afecta”.

Empresarios defienden las normas

Alejandro Díaz Salek, vicepresidente de Fegasacruz, rechazó la posibilidad de eliminar las normas promulgadas entre el 2013 y 2019: cuatro leyes y el DS 3973. “No nos confundamos, no fue un decreto que ni siquiera entró en vigencia lo que propició los incendios. El problema radica en haber repartido tierras con criterios y fines políticos”, afirmó, según reporte de El Deber.

Gabriel Dabdoub, un empresario que fue presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), sostuvo que urge la creación de un sistema de prevención de incendios, para evitar desastres como el que se vive.

Por todo lo que ocurre, continuó, “no es que esté cuestionado el sector productivo, porque no es todo el sector productivo; está más golpeada la ganadería lechera”, según reporte de Página Siete. Afirmó  que la producción de granos como la soya, el maíz, sorgo, además de la caña, se produce en el norte integrado, donde no hay fuego.

Pese a todo el desastre que deja el incendio, según Dabdoub, “lo que tenemos que ver es la construcción del país, que alimenta, no sólo a Bolivia y Santa Cruz, sino  al mundo, porque de eso vivimos”.

El empresario fue contrario a la anulación de las normas promulgadas por el gobierno de Evo Morales, en los últimos cinco años. “¿Si tiene que haber un retroceso? No creo que debería ocurrir eso; en primer lugar de dónde vamos a dar de comer a toda la migración (del occidente) a Santa Cruz; lo que sí tenemos que hacer es trabajar en Bolivia y con países vecinos, tenemos que abordar cómo evitar incendios”, añadió.

Sin embargo, Dabdoub se mostró partidario de que el Gobierno declare desastre nacional por el incendio en la Chiquitania y “ocuparnos todos en apagar el incendio”.

El actual presidente de la CEPB, Luis Barbery, manifestó a Página Siete que lo que ocurre en la Chiquitania “nos impulsa a comprender aún más la necesidad de cuidar y proteger nuestro medioambiente, nuestros bosques y ríos, y dejar a las futuras generaciones este legado.  Bolivia en pleno está con la Chiquitania”.