Brújula Digital |14|09|19
Un tercer vocal será convocado para definir la apelación a la detención domiciliaria con salida laboral dentro del proceso por el caso Alpacoma I presentada por el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, ya que los dos miembros que componen la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz aún no tomaron una decisión sobre la situación, señaló el El fiscal Luis Fernando Atanasio,
Durante la audiencia, que se realizó el viernes los dos vocales que componían la sala manifestaron posiciones contrapuestas. Uno sustentó sus argumentos a favor para que se mantenga la detención del burgomaestre y otro expresó su posición para que se le levante la medida cautelar.
Ante esta situación, y en virtud a la falta de consenso, se dispuso la convocatoria a un tercer vocal quien se encargará de definir la situación de Revilla, quien permanece con detención domiciliaria, aunque con salida laboral, desde el 22 de agosto, señala la información de La Razón.
La defensa de Revilla señala que aún no existe un informe de auditoría que establezca causas y responsabilidades de lo ocurrido en enero de este año, durante el deslizamiento de lixiviados del relleno de Alpacoma, y que por lo tanto no puede haber todavía una sanción.
El Ministerio Público expresó que Luis Revilla podría influenciar en el personal de la Alcaldía para modificar o suprimir documentos de prueba que se encuentran dentro en esa repartición, así como en la empresa Tersa, que era la encargaba de la administración del relleno sanitario de Alpacoma, y que por ello debe ser detenido.
Revilla, en la audiencia, explicó las razones por las que considera que se debe levantar la detención domiciliaria, decisión a la que calificó como” injusta”, y aseguró que aguardará la decisión que vayan a tomar los vocales.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó responsabilidad penal en su contra, el Ministerio Pública inició un proceso judicial bajo la acusación de la comisión de los delitos de: incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.
