El Ministerio Público señala que la malversación de Bs 11,9 millones es corrupción, pero los dirigentes Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Mario Silva, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque y Crisóstomo Choque no son funcionarios públicos.
Brújula Digital|03|06|19|
La Fiscalía de La Paz concluyó que los 11,9 millones de bolivianos que los seis dirigentes de los choferes recibieron de la estatal Vías Bolivia y lo gastaron en farras, viáticos, viajes, entre otros, no afecta al Estado y por tanto, porque son fondos privados, dispuso el archivo de obrados de la denuncia presentada por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe.
El Ministerio de Público también señala que los responsables de gastar el dinero de los choferes de base y que no rindieron cuentas, desde 2017, es que no son funcionarios públicos y por tanto quedan exentos de una posible sanción penal.
“Se ha establecido en las investigaciones que no hubo en este caso ningún daño económico al Estado, porque los fondos son eminentemente privados, ha habido un contrato de Vías Bolivia y la Federación de Choferes 1 de Mayo para el cobro de 0,20 centavos por cada movilidad que pase por la autopista”, informó la fiscal Edna Montoya.
Explicó que Vías Bolivia y los choferes firmaron un contrato privado para que la institución pública funja como un agente de retención de los 0,20 centavos en el peaje de la autopista La Paz y El Alto, y luego esos recursos fueron entregados a la dirigencia de los choferes federados.
Los diputados Santamaría y Quispe acusaron los seis dirigentes de los choferes federados –Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Mario Silva, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque y Crisóstomo Choque– por los delitos de malversación de fondos y otros tipos penales, además a Vías Bolivia, que es la empresa estatal encargada de administrar el peaje de la autopista, donde se recaudaba ese dinero.
Hubo corrupción pero no son funcionarios
La fiscal Montoya explicó que los delitos denunciados son de carácter de corrupción, pero los denunciados no son funcionarios públicos. Cuestionada entonces sobre Vías Bolivia, que es una entidad pública, la fiscal explicó que la empresa estatal firmó un contrato “entre privados” con la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, para retener 20 centavos del monto del peaje que pagan los transportistas para su Fondo Prosalud.
“No hubo ningún daño económico al Estado, porque los fondos son eminentemente privados”, aseguró la representanta del Ministerio Público. Señaló que, si hubiese observaciones de cómo se manejó el dinero, deben ser los mismos afiliados a la Federación de Choferes que deber pedir rendición de cuentas, mediante la vía civil y no la penal.
Sin embargo, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal por supuesto prevaricato contra los cinco fiscales –Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario Germán Rea, Lupe Zabala y Willy Rojas– que rechazaron las denuncias contra los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo.
Al respecto, Montoya indicó que tienen el derecho de acudir a ese recurso, pero ratificó que no se trata de un delito penal de acción pública, sino podía ser de acción privada para el ámbito civil.
La denuncia se presentó a mediados de febrero, después de que se supo sobre depósitos millonarios que hizo Vías Bolivia a cuentas de los dirigentes de la Federación Departamental 1º de Mayo, por concepto de un aporte de 20 centavos que se cobra a transportistas que pasan por el peaje de la autopista.
