A cinco años Unitas clama: “queremos ser regulados pero de una manera precisa”. La Ley 351 (2013) fue denunciada en 2015 porque aprobaba solo las contribuciones al desarrollo económico y social, y si las incumplían podrían perder sus personerías jurídicas.
Brújula Digital|27|02|19|
Numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) alertaron el miércoles que la Ley No 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, que fue promulgada hace cinco años, no termina de regular al sector pese a que se dictaron en los últimos años decretos y un par de resoluciones.
“Ninguno de estos instrumentos normativos ha logrado superar la necesidad de las Organizaciones sin fines de lucro de contar con un marco normativo y legal acorde a su naturaleza, acorde a las gestiones que realiza y sobre todo acorde al rol que tienen en el desarrollo y la democracia”, sostuvo la abogada Verónica Salinas, del equipo de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), según reporte de Erbol.
Más de 70 representantes de entidades sin fines de lucro, instituciones, fundaciones y ONG se encuentran reunidas, dese el martes en La Paz, debatiendo criterios de estandarización, con base a propuestas propias, para continuar los procesos de debate multiactor con el Estado.
Las organizaciones que participan del evento explicaron las dificultades que se presentan al aplicar la Ley 351, norma que se ha enmarcado en un contexto en el que la disminución del Espacio Cívico es cada vez más apremiante. De esta manera desarrollaron un trabajo grupal bajo el objetivo de lograr insumos pertinentes para que así puedan acudir a las diferentes instancias estatales que las ayuden a regular su situación con el reconocimiento específico de su naturaleza.
“Hemos abierto ya muchos espacios, hay posibilidad de decirles: esto somos, queremos ser regulados pero de una manera clara y precisa para que no vivamos respondiendo a tramites en vez de responder al propio objetivo por el cual hemos sido creados”, dijo Salinas.
Hasta el 2015, un total de 2.176 ONG trabajaban en Bolivia de las cuales sólo 250 lograron hasta entonces renovar sus personerías.
Dijo que en los últimos cinco años Unitas consiguió experiencia y abrió diálogo con instancias públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y el ex Ministerio de Autonomía para dar continuidad a la identificación de soluciones a los problemas que afrontan principalmente las ONGs nacionales o internacionales, que operan en el territorio nacional.
Iris Baptista, también de Unitas, manifestó que “buscamos recoger -a partir del análisis y debate- propuestas para lograr lineamientos de políticas públicas” porque “consideramos que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tenemos la oportunidad de ser sujetos políticos, podemos mejorar y cualificar nuestra actoría para hacer propuestas a partir de nuestra naturaleza”.
La iniciativa de diálogos para la acción sobre el marco normativo y tributario para las OSC se constituye en un espacio donde las entidades sin fines de lucro debaten la necesidad de ser reguladas de manera acorde a su naturaleza, “insisten en el deber de respeto al derecho a la asociación que las ampara constitucionalmente y que adquiere un significado fundamental a través de los estándares de Derechos Humanos a nivel internacional”.
García Linera les prohibió hacer política
El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió en agosto de 2015 que las ONG no pueden hacer política y si quieren hacer política –dijo entonces– deberían conformar un partido político. La Fundación Tierra, CEDIB, CEDLA, Milenio y otras realizan investigaciones sobre problemáticas como el derecho a la tierra, extractivismo, política económica y derechos de los pueblos indígenas, según reporte de Página Siete.
También en 2015, la Defensoría del Pueblo alertó que la Ley 351 y el Decreto Supremo reglamentario 1597 limitan a las ONG a contribuir solamente al desarrollo económico y social, y si no cumplen con las políticas y normas gubernamentales pueden perder sus personerías jurídicas.
Por esta razón, entonces el Defensor del Pueblo presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el artículo 7 de la Ley 351 y el artículo 19 del Decreto Supremo 1597.
