En 2013 el Legislativo aprobó la ley 351 referida a organizaciones de la sociedad civil y redujo gravemente la autonomía de las ONG y sus posibilidades de realizar actividades con un enfoque diferente al impuesto por las autoridades.
La quinta versión del evento “Diálogos para la acción”, que congregó esta vez a 70 representantes de ONG en La Paz, se llevó a cabo el martes y miércoles e identificó los obstáculos, limitaciones y problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil.
En 2013 el Legislativo aprobó la ley 351 referida a organizaciones de la sociedad civil y redujo gravemente su autonomía y posibilidades de realizar actividades con un enfoque diferente al impuesto por las autoridades.
El ex relator especial de libertad de asociación de las NNUU, Maina Kiai, emitió un informe crítico sobre esa ley, señalando que no cumplía con “los estándares internacionales” de libertad de asociación y que limitaba las libertades de las entidades sin fines de lucro.
El ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena también denunció en 2015 que la Ley 351 y el Decreto Supremo reglamentario 1597 limitan el trabajo de las ONG y las pone en riesgo de perder sus personerías jurídicas.
Iris Baptista, representante de Unitas, una entidad que congrega a 22 organismos no gubernamentales del país, expresó este miércoles que en Bolivia las ONG enfrentan limitaciones, problemas con la oficina de impuestos, que generalmente no acepta dar exenciones, lentitud en la aprobación de los estatutos de cada entidad, personal estatal no calificado y cambio en las reglas de juego.
Baptista expresó que cuando se trata de obtener exenciones tributarias, debido a que las ONG no tienen fines de lucro, entonces se ven enfrentadas ante diferentes instancias que exigen reformulaciones constantes de las solicitudes.
Ello, dijo, constituye “un atentado al derecho a la libertad de asociación”. Se estima que alrededor del 20 por ciento de las ONG ha logrado concluir la aprobación de sus estatutos y tienen todas las autorizaciones exigidas para operar. El resto se mantiene en un limbo legal.
Por otro lado, expresó, “otro nudo que se ha identificado es el cambio constante de personal en las instancias estatales para estos trámites, a veces los trámites duran uno o dos años y los nuevos funcionarios generalmente no están al tanto y hay que volver a presentar documentos”.
También considera importante mencionar “que muchos de los funcionarios de distintas instancias estatales no conocen a cabalidad el accionar de las ONG y de las entidades sin fines de lucro, entonces esto es una problemática importante que nos obstaculiza”, contó.
Regulación
Las ONG alertaron que la Ley No 351 de otorgación de personalidades jurídicas no termina de regular al sector pese a que se dictaron en los últimos años decretos y un par de resoluciones.
“Ninguno de los instrumentos normativos ha logrado superar la necesidad de las organizaciones sin fines de lucro de contar con un marco normativo y legal acorde a su naturaleza, acorde a las gestiones que realiza y sobre todo acorde al rol que tienen en el desarrollo y la democracia”, sostuvo Verónica Salinas, también perteneciente a Unitas.
Salinas dijo a Erbol que “hay posibilidad de decirles que queremos ser regulados, pero de una manera clara y precisa para que no vivamos respondiendo a trámites en vez de responder al propio objetivo por el cual hemos sido creados”, dijo Salinas.
El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió en agosto de 2015 que las ONG no podían “hacer política” y amenazó a las fundaciones Tierra, CEDIB, CEDLA y Milenio con expulsarlas del país.
