Brújula Digital|21|02|19|
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), sostuvo el jueves que hay libertad de expresión en el país y, por tanto, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, puede hacer campaña política en el Chapare, pero no se refirió al tema de seguridad que el miércoles fue denunciado por el también expresidente de Bolivia.
“Que (Carlos Mesa) vaya, está garantizada la libertad de expresión, y cualquier candidato puede hacer política”, indicó a los periodistas, dijo Borda.
El diputado oficialista dijo que lo único que se le pide a Mesa es que "reflexione" sobre su conducta, pues cuando fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) reprimió a los cocaleros. “Esos recuerdos todavía viven, la intervención de la DEA, la vulneración de derechos y garantías constitucionales de los cocaleros, del pueblo, de sus hijos, de sus familias y obviamente, esto seguro está en la memoria histórica de esta gente”, añadió.
La víspera, el dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, Leonado Loza, llamó asesino a Mesa, y le advirtió que si ingresa a la zona cocalera a hacer campaña política, puede tener dificultades. Remarcó que él, como dirigente, no garantiza la seguridad del candidato y solo hace lo que mandan sus bases.
Al respecto Mesa respondió el mismo miércoles indicando que hará campaña en el trópico cochabambino, base de las seis federaciones de cocaleros y afines al presidente Evo Morales, pese al “amedrentamiento” y “las amenazas” de Loza. “Vamos a hacer campaña en el Chapare en los próximos meses; no nos va a amedrentar las amenazas de un partido que se cree dueño de vidas y haciendas, y que lanza estas advertencias porque sabe a ciencia cierta que tiene que irse del gobierno”, añadió.
El abogado Carlos Alarcón y miembro de Comunidad Ciudadana afirmó que la alianza que lidera Mesa enviará una nota al Ministerio de Gobierno para exigir una investigación sobre las declaraciones de Loza con el propósito de conocer si tiene información sobre la existencia de planes o decisiones de grupos radicales que pretender atentar contra la seguridad de los candidatos opositores.
