En Uruguay, en la reunión de jefes de Estado del Mercosur, no firmó la declaración contra Nicaragua, donde se registraron 325 fallecimientos y “las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias”.
Brújula Digital|28|12|18|
El presidente Evo Morales defendió el viernes el régimen de Daniel Ortega, rechazó la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Nicaragua y protestó contra supuestas “intenciones golpistas” contra la administración gubernamental.
Hace un par de semanas, el presidente Morales, que asistió a la reunión de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), realizado en Uruguay, no firmó una declaración que condenaba “las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias” que el gobierno de Nicaragua “ha perpetrado contra la población civil, incluidos los defensores de los derechos humanos” y periodistas.
En la cuenta de Twitter de Morales se lee: “Rechazamos que por instrucción del imperio, y con intenciones golpistas, la @OEA_oficial pretenda aplicar la Carta Democrática a #Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y respetar la soberanía de Nicaragua”.
Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente Ortega. La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Gobierno solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La Carta Democrática
"Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", anunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
"Quisiera aferrarme a que usted y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua", añadió, dirigiéndose al embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado.
La Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA pueden solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Entonces, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas. De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".
