La Paz, 07 de septiembre de 2024
Brújula Digital|20|07|24|
Yelka Maric
La parresía es un concepto griego que se traduce como “hablar con franqueza” o “decir la verdad sin reservas”. No solo es un acto de comunicación, sino un modo de vida que implica un compromiso ético con la verdad. Asumí con más ahínco este compromiso desde que Iván Arias me eligiera para que los paceños me deleguen mediante voto al Concejo con una tarea democrática: vigilar al Ejecutivo municipal. En cumplimiento de esta labor, informé el último jueves, a través de una conferencia de prensa, sobre los modus operandi de la corrupción en la administración territorial y patrimonial de la actual gestión edil.
Como era de esperar, ya he recibido amenazas e intimidaciones de quienes se han visto incomodados por la verdad. Pues decir la verdad conlleva riesgos significativos. Más aún si el afectado usa su poder para responder en lugar de argumentos. Más aún si usa la mentira en lugar de la información.
En mi calidad de concejal oficialista, pero “oficialista fiscalizadora”, se me niega el acceso a la información del Ejecutivo. Por eso, agradezco mucho a la ciudadanía, muchas veces de forma anónima, que me proporciona información para facilitar la vigilancia pública de los casos donde hay un problema zonal, vecinal o social.
Uno de esos casos es la conocida “Casa Pagoda”, que estaba en la esquina de la avenida 20 de Octubre y la calle Romecín Campos. Tuve que presentar una denuncia penal, que avanza con dificultades en el Ministerio Público, para lograr que el Órgano Ejecutivo Municipal remitiera información y documentación.
Recientemente, hemos identificado tres casos adicionales que corrieron la misma suerte de demolición que la “Casa Pagoda”. El descubrimiento lo hicimos después de haber revisado una lista de 16 inmuebles identificados como patrimoniales y cuyos obrados fueron anulados de manera muy irregular y cuestionable por una resolución de esta gestión. Hoy, en el lugar donde estaban los inmuebles patrimoniales hay dos edificios comerciales.
Es probable que la anterior gestión municipal haya autorizado la demolición y construcción de las nuevas edificaciones. La escasa información que tengo me impide deslindar de toda responsabilidad a la presente gestión municipal. Es muy posible que también haya avalado estas tres demoliciones.
¿Habrá otros casos? ¿Otras zonas de la ciudad donde se demolieron inmuebles patrimoniales? ¡Seguramente sí!
Algo similar ocurre con las construcciones fuera de norma. Es bien sabido que esta práctica data de décadas. También es sabido que la gestión de Iván Arias no es la primera en emitir normativa de regularización. Mi profundo malestar radica en que actúa a espaldas de la ciudad a cambio de multas irrisorias. Un ejemplo de esta opacidad es el Decreto Municipal 034, suscrito por el alcalde en diciembre de 2023, que fomenta las construcciones ilegales en lugar de desincentivarlas.
Consta en los antecedentes que de manera reiterada y constante se han realizado acciones contra ese decreto. Incluso asambleístas nacionales y departamentales presentaron un proyecto de ley municipal para su abrogación. El pasado 26 de junio, ante la inacción del Ejecutivo, se aprobó en el pleno del Concejo Municipal la Ley Municipal Autonómica de Abrogación del Decreto Municipal No. 034/2023. Hasta la fecha, el alcalde no promulga esta ley municipal de abrogación.
¿Cuántos empresarios de construcciones fuera de norma se han beneficiado hasta ahora de forma cuestionable? Es difícil saberlo.
Para Robert Klitgaard, la corrupción es “una conducta que se desvía de los deberes formales del rol público por ganancias de interés privado (personal, familiar, grupal), pecuniarias o relacionadas con el estatus, o que viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de conducta de interés privado”.
En Bolivia conocemos bien la corrupción, ocupamos el séptimo puesto en el ranking del índice de percepción de corrupción en América Latina y el Caribe 2023 realizado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional que mide las siguientes variables:
Soborno.
Malversación de fondos públicos.
Funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias.
Capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público.
Excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción.
Nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos.
Legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos.
Protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción.
Captura del Estado por intereses privados.
Acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos que queremos un mañana mejor? Como fiscalizadora, mi obligación es informar, aunque mi voz sea silenciada por la colusión de fiscales y jueces, aunque me haga de muchos enemigos con rostros invisibles, aunque las autoridades del Ejecutivo municipal me miren con furia porque no saben cómo evitar que diga la verdad.
En democracia, los ciudadanos no sólo participamos el día de las elecciones, sino cotidianamente porque los asuntos públicos son de nuestra incumbencia. En consecuencia, debemos denunciar la manipulación de contratos públicos, la asignación de obras sin licitación a empresas afines y la concesión de permisos irregulares para construcciones. También es nuestra tarea exigir transparencia en el uso de los fondos públicos, promover la participación de la gente en la vigilancia de las gestiones gubernamentales y apoyar a los medios de comunicación independientes que investigan y exponen la corrupción.
Tengo la esperanza de que muchos ciudadanos se unirán a mí en la tarea de denunciar irregularidades. Mientras haya más ojos escrutadores sobre las autoridades, menores serán las probabilidades de que cometan actos de corrupción. La vigilancia ciudadana y el compromiso colectivo son nuestras mejores herramientas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Juntos, podemos construir una sociedad donde la integridad y la ética prevalezcan sobre la corrupción. De otro modo, la impunidad provocará que el cáncer de la corrupción haga metástasis en cada célula del cuerpo político. Entonces, puede ser tarde. Que nuestra práctica sea la parresía; nuestra arma, la verdad; nuestra convicción, la valentía; nuestra meta, la justicia.
Yelka Maric es concejala de La Paz