Usen lo suyo, no lo nuestro

La Administración Tributaria de Finlandia encargó en mayo de 2021 una encuesta para conocer la percepción de sus ciudadanos respecto al pago de impuestos. El 95% de los finlandeses respondió que pagar impuestos es un deber cívico importante. El 79% estaba dispuesto a pagar porque consideraba que lo que obtenía por los impuestos valía la pena.

¿Cuál sería la respuesta de los contribuyentes bolivianos si el Servicio Nacional de Impuestos haría una encuesta similar? Es muy probable que el 99% de los bolivianos respondería que no está de acuerdo en pagar porque sus impuestos son utilizados en beneficio del presidente o el partido de turno, o se van a los bolsillos de los corruptos.

¿Cuál la causa? La confianza. Finlandia consolidó instituciones públicas con controles y equilibrios que garantizan transparencia e impiden abusos gubernamentales en contra de los contribuyentes. Sus ciudadanos confían en su gobierno. Saben que sus “servidores públicos” son los mejores y no los militantes de un partido.

Los ciudadanos de países desarrollados ven que sus impuestos enriquecen su vida. Conocen en detalle que su dinero se traduce en inversiones públicas que generan mayor bienestar. Los bienes y servicios públicos amplían sus oportunidades y le dan mayores libertades. Por eso, paga con gusto sus impuestos.

En el Estado Plurinacional pasa todo lo contrario. El ciudadano ve que sus impuestos se van a elefantes blancos, o a agencias de empleos de los militantes, llamadas empresas públicas (deficitarias), o a los mensajes propagandísticos en favor del presidente o partido de turno por los que no votó.

Entre 2011 y 2019, el gobierno de Evo Morales gastó en propaganda Bs1.718.495.067. El 13 de diciembre de 2021, ANF informó que en 11 meses el Viceministerio de Comunicación gastó 155,6 millones de bolivianos. Si a estas sumas agregamos aviones, helicópteros, vehículos, edificios en beneficio de un presidente o vicepresidente en campaña, la suma es enorme. El mal uso de bienes públicos no beneficia en absoluto al ciudadano.

Para beneficiar al ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe hacer cumplir la prohibición del uso de bienes públicos. En las elecciones de 2019, hubo denuncias contra el presidente-candidato de entonces, pero el TSE no hizo nada.

El artículo 125.I.a. de la Ley 026 prohíbe “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas”. El artículo 126.I.a. prohíbe a los servidores públicos, entre ellos el presidente y vicepresidente, utilizar bienes y usar dinero público para pagar mensajes en medios masivos o redes sociales.  El inciso c del mismo artículo prohíbe los “aportes voluntarios” de lo funcionarios para el partido. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el artículo 126.II de la Ley 026 obliga al tribunal electoral remitir antecedentes de casos de uso de bienes públicos a la Contraloría. Ahí muere la denuncia porque esa institución está bajo control del partido de gobierno.

El artículo 85 de la Ley 018 crea la Unidad Técnica de Fiscalización como parte del TSE “para la (…) fiscalización (…) del financiamiento de la propaganda electoral de todas las organizaciones que participen en procesos electorales (…) para efectos de transparencia y rendición de cuentas documentada, en coordinación con la Contraloría”. Otra vez la Contraloría, instancia que responde al MAS.

En lugar de proponer cosas intrascendentes, los vocales o asambleístas deberían sugerir la reforma de las leyes 026 y 018 para excluir a la Contraloría de la fiscalización de la campaña electoral y dar atribuciones a la Unidad Técnica de Fiscalización para emitir informes probados en esa materia y facultar a la Sala Plena dictar las sanciones correspondientes, entre ellas cancelar la personalidad jurídica del partido.

El artículo 58.I.k de la Ley 1096 señala que el tribunal electoral correspondiente cancelará la personalidad jurídica de los partidos y agrupaciones ciudadanas cuando “haya una comprobada vulneración a las restricciones planteadas en la presente ley referidas al financiamiento (uso de bienes, recursos e instituciones públicas)”.

Esta norma debe ser parte de la Ley 026 porque usar bienes públicos en beneficio de un alcalde, gobernador, presidente o vicepresidente equivale a un robo de los bienes del pueblo a la luz del día. ¿Tendrá alguno de los vocales el valor y la capacidad de formular una reforma orientada a defender los intereses del ciudadano?

La democracia es un sistema competitivo. Los vocales del TSE deben garantizar el principio de igualdad de condiciones en la búsqueda del voto. Luis Arce y David Choquehuanca tienen derecho a repostularse. Andrónico Rodríguez, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández y Eva Copa tienen derecho a postular a otro cargo público. Pero ellos deben hacer campaña con su dinero, con sus vehículos y con sus militantes. No con nuestro dinero ni con nuestros bienes, ni con nuestros servidores públicos.

Entonces, sólo entonces, el 99% de los ciudadano percibirá que pagar impuestos es un deber cívico porque lo beneficia en bienes y servicios públicos. Es inmoral pagar impuestos para que sean usados en la campaña de un político que no representa el pensamiento ni el sentimiento de todos los ciudadanos. Los impuestos deben servir para ampliar la libertad de elegir, actuar y decidir. El presidente, el alcalde, la alcaldesa, el presidente del senado no pueden utilizar el dinero de la gente para esclavizar ideológicamente a la misma gente. Menos para acabar con el futuro de las familias que pagan impuestos.