Una urgencia para la sociedad

En una sociedad sin justicia social, la vida es una pista atlética donde las personas comienzan el largo maratón de la vida de puntos de partida diferentes. Unos empiezan su carrera 500 metros más adelante de la línea y algunos, incluso, salen con ventaja de 1.000 y hasta 5.000 metros. En cambio, los más empiezan de la misma línea y otro porcentaje, 1.000 metros más atrás. ¿Quiénes llegan a la meta (la felicidad)? Por supuesto, aquellos que parten con ventaja; el resto ve la tierra prometida, pero no la pisa; y los más desventajados claudican metros después del punto de partida. 

Una persona que estudió en un colegio particular y de excelente nivel educativo comenzará la carrera 5.000 metros más adelante de la línea de arranque. La que asistió a una escuela con linda infraestructura, pero con profesores pésimos, partirá con desventaja de años respecto a aquel. Y la persona que no asistió siquiera a una escuela o no completó su formación, empezará 1.000 metros más atrás. 

La obligación moral de una sociedad que busca la justicia social es garantizar que todos sus miembros comiencen en condiciones de igualdad la maratón de la vida. Sin embargo, sus gobiernos, que son la consecuencia de las decisiones de esa misma sociedad, no comparten la misma ruta para alcanzar el sueño de la igualdad. Por ejemplo, el régimen del Movimiento al Socialismo creyó que repartiendo dinero público (bonos) iba a lograr que todos partan de la misma línea. 

El COVID-19 mostró la enorme desigualdad social en Bolivia: pocos pueden estudiar y trabajar en casa vía internet; pocos tienen ingresos asegurados; pocos pueden comer para alimentarse y no sólo para llenarse. Y lo peor: esa familia que estaba a punto de salir del foso de la pobreza volverá a caer porque los bonos no serán suficientes para alcanzar la superficie donde está la clase media que resistirá la crisis económica que ya llegó al país.

14 años eran suficientes para lograr la igualdad de oportunidades. La propaganda del régimen masista hizo creer a una buena parte de la población que los bonos estaban reduciendo la desigualdad. No fue así. El pago de 200 bolivianos anuales (bono Juancito Pinto) a cada estudiante cegó la vista y la inteligencia de las personas. Para demostrarlo, grafico una situación real. 

Belinda y su esposo son profesionales y tienen ingresos que bordean los 8.000 bolivianos cada mes. Sus dos hijos están en el colegio fiscal de una población intermedia. En ese mismo lugar, vive Isabel, madre soltera. Ella sobrevive lavando ropa y tomando algunos trabajos ocasionales y su ingreso mensual no llega ni a los 500 bolivianos.

Su único hijo va a la misma escuela a donde los hijos de la pareja profesional asisten. Los tres reciben el bono Juancito Pinto. Al hijo de Isabel, esos 200 bolivianos le sirven para comer bien una semana. A los hijos de la pareja, el bono les sirve para adquirir unos juguetes. Sin embargo, los tres quedan en desventaja respecto a niños que no reciben el bono, pero asisten a un centro educativo de excelente nivel de educación.

Si la mayoría de la sociedad hubiese exigido una educación de calidad para sus hijos y no se hubiera conformado con el dinero, el país hubiese tenido bachilleres con mayores posibilidades de estudiar una carrera profesional y alcanzar la meta de la felicidad; y los jóvenes no hubiesen estado correteando gritando: “ahora sí, guerra civil”; tampoco, hubiesen estado repitiendo que “el coronavirus es un invento de la derecha”; y menos hubiesen estado pedido que regrese el gobernante que profundizó la desigualdad.

Si la sociedad boliviana quiere evitar la desigualdad de partida y lograr la estabilidad social, tiene una urgencia: elegir a gobernantes con visión para invertir en los recursos humanos. La nacionalización de los recursos naturales sirvió al país para la farra de una noche y no para tener recursos humanos con conocimientos como para saber qué hacer con esos recursos naturales.  
La inversión en los recursos naturales derivará en inversión en los cerebros de los niños; y esta inversión se convertirá en conocimientos y los conocimientos se traducirán en dinero y el dinero en riqueza nacional. Y si hay riqueza, será más fácil para la política redistribuirla en función de los méritos y necesidades de la gente. Entonces, habrá menos personas pidiendo bonos al Estado, sino más personas con ganas de emprender empresas y aportar al Estado para que las condiciones de partida de la maratón de la vida no se desfasen otra vez.  

Estoy hablando de la igualdad proporcional (justicia) y no de la igualdad aritmética (identidad). Aristóteles las diferenció con maestría. Esta última se cristaliza en todos iguales ante la ley, y ya fue alcanzada hace tiempo por la sociedad boliviana. En virtud a esta igualdad, un cocalero sin estudios llegó a gobernar Bolivia con el respaldo de la mayoría de la sociedad. Un ejemplo más: un PhD es gobernador de un departamento. 

Todos somos iguales ante la ley: a tal punto que un sujeto sin estudios y otro con PhD tienen las mismas posibilidades de administrar la cosa pública. ¡Pero sigue habiendo racismo!, dirá alguien por ahí. Ese legado le pertenece a ese gobernante sin estudios. Quizá decidió reproducirlo para seguir vivo en política.

En una sociedad con justicia social, todos parten de la misma línea, lo que no garantiza que lleguen al mismo final, pero sí a la misma meta: la felicidad.  Por ello: “injusticia es desigualdad, justicia es igualdad”, escribió el estagirita. 

Andrés Gómez Vela es periodista.