La Paz, 07 de septiembre de 2024
En días pasados se publicó en el periódico Opinión de Cochabamba un importante reportaje sobre las muertes de conscriptos en los últimos 14 años: 62. Además del dolor para los familiares de esos jóvenes bolivianos y de la tremenda injusticia que el Estado boliviano ha cometido contra sus propios jóvenes, tenemos aquí una secuencia de dejadez e indiferencia de quienes podían haber hecho algo al respecto, lo cual es verdaderamente escandaloso.
Como bien señalan los periodistas que suscriben el artículo, Bolivia es uno de los pocos países de la región que mantiene ese anacrónico sistema, el del servicio militar obligatorio, algo que ya no existe en Chile, Perú, ni Argentina.
Es curioso que un país que se proclama pacifista en su Constitución mantenga todo un sistema cuya única razón de ser es la posibilidad de participar en un enfrentamiento bélico. Además, es ridículo porque Bolivia no tiene la menor condición de entrar en una guerra y no existe posibilidad de que se dé una situación así; más allá de eso, saldríamos perdiendo, peor que en un Mundial de fútbol.
Son ya casi 90 años desde que Bolivia vivió la experiencia de una guerra que trajo enorme miseria, sacrificio y muerte. Una patética confrontación en la que se desangraron los dos países más pobres de la región.
Es muy dudoso que Bolivia necesite un Ejército, pero donde no hay duda alguna es que este país no necesita un servicio militar obligatorio.
Los más de 60 muertos (más decenas de heridos y de discapacitados), víctimas en su mayoría de abusos mientras hacían el servicio, merecen justicia. Quienes fueron responsables de sus muertes deben ser castigados, pero lo que debe hacerse es cortar este mal de raíz.
El servicio militar obligatorio debe ser abolido y el reglamento interno de trato a los conscriptos tiene que ser mucho más estricto de lo que es hoy (dicho sea de paso, ha mejorado enormemente en relación a hace 30 años).
El equipo de periodistas Mariela Cossío, Brenda Molina, Santiago Espinoza, Nicole Vargas y Melissa Revollo, que ha sacado a la luz este informe, merece todo mi apoyo y respeto. Pero toca pedirles algo más: investigar también las otras aristas de esa aberración, investigar cómo funciona el tema de los envíos de alimentos que deben hacer los padres de los conscriptos durante los primeros meses del año de servicio, averiguar cómo funciona el ingreso al colegio militar y una serie de otros temas que deben ser transparentados.
Las 60 muertes no son una cifra menor, aunque se trate de más de una década investigada. Diputados y senadores deben pedir cuentas al respecto. Esta es una tarea muy importante y, si no se realiza, muestra en realidad una desidia y una falta de respeto a los derechos del otro, lo que también hace culpables a los distintos actores políticos de nuestro país.
Creo que el servicio militar obligatorio, tal como lo conocemos, es responsable de una serie de valores torcidos y de comportamientos aberrantes en nuestra sociedad, empezando por nuestro acendrado machismo. Y para colmo, no sirve para nada.
Abogo por la creación de un servicio civil obligatorio, que ayude a los jóvenes a anclarse en el país, que les dé disciplina para cuidar el medio ambiente y, más importante aún, para cuidar de los más desfavorecidos de la sociedad. El partido que ha gobernado este país con carta blanca durante 18 años ha demostrado no tener el menor interés en el asunto. Es más, es cómplice de esta situación. De hecho, tiene rasgos militaristas evidentes. Esperemos que en las próximas elecciones una de las preguntas a los candidatos sea si su plan de Gobierno incluiría acabar con el servicio militar obligatorio (por si acaso, no se necesita cambiar la Constitución para hacerlo).