Un Plan de Gobierno “de la gente” necesita menos de 100 palabras

A un mes del plazo para presentar los planes de gobierno que las candidaturas ofrecerán para las elecciones de octubre, desde el oficialismo se insiste en que toda propuesta alternativa a la Agenda 2025 debe pronunciarse sobre la continuidad o no de los bonos, de la “nacionalización” del gas, de la bolivianización de la economía, del tipo de cambio, las empresas públicas, etc. Por su parte, las propuestas que empiezan a surgir desde la sociedad civil cubren múltiples aspectos, como la Agenda Juvenil presentada días atrás que incluye 42 propuestas de políticas en siete ámbitos.

Por estas tendencias, como es ya habitual, los planes de gobierno serán voluminosos “compendios para solucionar todo” pero que, como también es normal, no resolverán los problemas estructurales que mantienen a Bolivia entre las 3 economías más pobres de América Latina. De hecho, es muy probable que, como ya sucede en la AP2025, los temas de mayor insatisfacción ciudadana no sean considerados más allá de vagas referencias y de propuestas de acciones intrascendentes.

Los cuatro temas que más preocupan a la ciudadanía, aunque nunca han sido ejes de planes de gobierno son: la falta (y precariedad) de empleo, la corrupción, la inseguridad ciudadana (incluyendo la violencia contra la mujer y la intrafamiliar), y la justicia. Por la ausencia de estos temas como metas centrales en los discursos de campaña, se podría inferir que los políticos asumen que “la ciudadanía ha perdido las esperanzas de que ellos los puedan resolver”; pero pueden también reflejar, que no entienden la problemática ni sus causas, o que sólo buscan el poder del Estado para intereses egoístas, sin ninguna pretensión de encaminar al país fuera del rumbo que nos condena a la pobreza.

Los “temas de la gente” no son temas aislados: la corrupción y la debilidad de la justicia tienen claras relaciones de causa y efecto; desalientan inversiones productivas que crean empleo; la precariedad del empleo se asocia a la insuficiencia de ingresos que determinan marginalidad y la pobreza; la pobreza alimenta la violencia y la inseguridad; en última instancia, la pobreza por precariedad del empleo es, a la vez, uno de los inductores de la corrupción que debilita el sistema de justicia, y una consecuencia de ellas.

En resumen, la precariedad del empleo es causa-raíz de insatisfacción ciudadana; incluso quienes no sufren la precariedad del empleo, son víctimas de la inseguridad, la corrupción o la injusticia. Resulta del patrón extractivo-rentista que privilegia actividades intensivas en capital vinculadas a los recursos naturales, antes que el trabajo humano creativo. Como consecuencia, la institucionalidad se ha construido sobre valores que no reflejan las reales necesidades sociales ni considera que fortalecer la capacidad productiva y emprendedora de las y los bolivianos, es la mayor prioridad para superar la pobreza.

Cierto, los problemas institucionales, sociales, políticos, eco-ambientales y económicos que Bolivia enfrenta son múltiples y enormes; pero ninguna propuesta de solución pasará de ser buena intención (o ilusión, u otro descarado engaño) si no establece prioridades y secuencias correctas, lo que implica evaluaciones y ajustes permanentes. La incapacidad evidente de la clase política para identificar las prioridades del desarrollo –al margen de que las medidas necesarias sean “populares o no”, muestra que sufrimos un caso de “incompetencia política” más que de incapacidad económica.

Necesitamos evaluar todo lo hecho hasta ahora incluyendo, por ejemplo, la pertinencia de los bonos que tanto rédito político generan a gobernantes, como de temor a cuestionarlos en los opositores. Recordemos que el Banco Mundial promovió los bonos para dar un barniz de equidad a gobiernos alineados con el neoliberalismo y aliviar las altas tensiones sociales generadas por las reformas que imponía ese modelo; en una economía para la gente, creadora de empleo digno, esos bonos son innecesarios.

En el mismo sentido, abarcar temas sin visión, la capacidad ni los recursos para abordarlos seriamente, lejos de ayudar, malgasta recursos y los quita de las verdaderas prioridades estructurales; el SUS deja claro que, sin una economía sana, no habrá “servicio de salud decente para la gente”; y ninguna reforma educativa tendrá sentido ‒menos contenido, si la sociedad no tiene prioridades de desarrollo que se reflejen en principios y valores productivos que sustituyan a “la joda”, la “viveza criolla” o la “pega” por la excelencia, el esfuerzo personal, la ética profesional y la eficiencia (productividad) como modelos.

Por ello, la multiplicidad de metas es clara señal de falta de UN OBJETIVO. Si el objetivo es el desarrollo humano productivo sostenible, y el camino es la diversificación productiva creadora de empleo digno, un plan de gobierno capaz de responder a las expectativas ciudadanas podría sintetizarse con menos de 100 palabras:

Objetivo: sentar las bases para la diversificación productiva con empleo digno.

Para ello, bajo principios de equidad, transparencia y eficiencia, creará las condiciones y relaciones necesarias priorizando acciones en 4 ámbitos: i) Institucional: transformación política básica (democracia, estado de derecho, equidad); ii) Eco-ambiental: superar el extractivismo rentista y la minería “artesanal”, en especial la aurífera, y desarrollar el potencial energético renovable; iii) Productivo: macroeconomía, comercio, política fiscal y políticas sectoriales pro empleo, producción y consumo responsables, valor agregado, y productividad con equidad; y, iv) Gestión Pública: institucionalizada en todo nivel de gobierno, transparente, y eficiente.

El desarrollo es un proceso social complejo y, como tal, es una laboriosa construcción participativa y secuencial, que necesita el liderazgo de un equipo de conductores (no de un caudillo) que entienda sus complejidades y sea capaz de mantener el curso correcto a pesar de las vicisitudes. La claridad del objetivo es determinante; las acciones específicas no pueden detallarse a priori: deben diseñarse continuamente según realidades concretas y los obstáculos que surjan en cada momento de la construcción del nuevo paradigma.

Este debe ser el rol de los próximos gobernantes; como ciudadanos, tenemos la tarea de fijar el objetivo y poner en evidencia que toda propuesta que ofrezca el desarrollo sin comprometerse con la “diversificación productiva con equidad” como objetivo específico, es otro discurso vacío de quienes hacen “política” para vivir de los balcones y dormir en los curules a nombre de la pobreza.

Por no haberlo hecho hasta ahora, aplica a los bolivianos eso que “todo pueblo tiene los gobernantes que se merece”: hemos sido cómplices de (des)gobiernos que hasta ahora nos han sumido en la pobreza y la dependencia.

Enrique Velasco, director de Inaset, es especialista en temas de desarrollo y empleo.