La justicia no es un privilegio para el análisis y opinión de expertos, académicos, constitucionalistas. Claro, la mayoría de las veces son ellos los que salen a hablar, a plantear soluciones, a ser convocados por instancias del poder o por las universidades.
En Bolivia que bautizó al sistema judicial, como la justicia plurinacional, está hoy sumido en una profunda crisis que hace que el ciudadano se sienta acosado, con miedo y con rabia.
Ahí está el gran fracaso del poder, de las universidades, de los abogados, de los constitucionalistas que de una manera u otra fueron cómplices para el aborto del proceso de las elecciones judiciales, las cuales no resolverán para nada esta tremenda crisis de la justicia, cuyos operadores están de rodillas ante el poder político y económico.
Precisamente por la aplicación de la justicia, por el funcionamiento del sistema judicial: fiscales que deben inventarse pruebas para acusar al inocente; jueces que sentencian inocentes y liberan a violadores, corruptos, pedófilos; policías que aprehenden sin órdenes o tienen miedo de detener a los avasalladores o bloqueadores del poder, hacen una tríada tenebrosa, que sin duda, funciona a la perfección cuando el poder ordena, lo requiera y que necesita para poner entre las paredes a los opositores o para disminuir el descontento de algún sector.
Una prueba demasiada clara, aunque son muchas, pero por ahora solo una: la justicia lo mandó a una clínica al poderoso empresario inmobiliario de las “Loritas”, porque se descompensó; pero esa misma justicia mantuvo encerrado y sin derecho a visitar a una clínica el dirigente cocalero César Apaza, que tuvo que negociar su “culpabilidad” para salir en libertad, a pesar de su enfermedad y de tantos sufrimientos sufridos.
Es así que este hecho nos devela que como decía Platón: la justicia es el interés del poderoso, es el privilegio que tienen los que gozan de poder político, económico y de influencias. O si quiere otro hecho más. ¿Pregúntese cuántos corruptos están presos o sentenciados?; ¿cuántos peces gordos del narcotráfico han sido llevados a un tribunal de justicia? ¿Cuántos del poder que estuvieron involucrados en hechos de violencia hacia la mujer, acoso sexual, violaciones han sido investigados y sancionados?
La respuesta la tendrá que buscar usted, pero es fácil de encontrar esas respuestas. Observe los informes del Ministerio de gobierno: se han destruido 10 fábricas de drogaa en el Chapare, pero no detienen a los que invirtieron en esas fábricas y son los dueños de las toneladas de cocaína que fabrican, distribuyen, comercializan y transportan al mercado interno y al internacional.
Un tema pendiente para los periodistas que deberían realizar investigación sobre la impunidad de los corruptos y de los empresarios de la droga y el accionar de jueces y fiscales que miran de palco. ¿Dónde está Marset? La pregunta se hace escuchar cada vez en las redes sociales. Y la respuesta no llega por ningún lado.
Como le decía la justicia no solo es de académicos, estudiosos o abogados, cuando se trata de analizarla, debatirla; sino que es de todos nosotros, del pueblo que con su sabiduría y sus miedos debe soportar día a día los niveles de injusticia, complicidad, corrupción y vergüenza a la que nos conducen fiscales y jueces, esos dos sujetos poderosos, que tienen la potestad de enviarte a la cárcel, acusarte y destruir tu vida y tu reputación.
Parafraseando al poderoso ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Josep Goebles, que decía “cuando escucho la palabra cultura, meto la mano al bolsillo y saco el revólver”, pues diríamos en Bolivia: Cuando escucho la palabra justicia, meto la mano al bolsillo y saco mi billetera.
Usted entenderá por qué mi estimado lector. Y no tenga miedo grite, denuncie, indígnese, opine sobre la situación de podredumbre y miseria en que se debate el sistema judicial plurinacional.
Hernán Cabrera es periodista