El 10 de marzo del 2024 se halló una
avioneta con 430 kilos de cocaína en Paraguay, procedente de Bolivia; cinco
personas murieron acribilladas en ajustes de cuentas relacionadas con el
narcotráfico a fines de 2023 en Cochabamba, Beni y Chapare; dos cuerpos
aparecieron calcinados en San Matías, frontera con el Brasil; secuestros con
pedidos millonarios, además de la captura, hace tres semanas, del brasileño Máximo da
Fonseca, una “ballena”, no pez gordo del narcotráfico, como lo describió el
ministro de Eduardo del Castillo; todo esto configura un sombrío panorama para el Estado
boliviano, que se suma a las declaraciones que formulara el presidente
uruguayo, Luis Lacalle, en el sentido que “los grandes peces gordos” de
Sudamérica están en Colombia, Paraguay y Bolivia; la contrapartida ha sido la
declaración de culpabilidad y una posible condena de 30 años o cadena perpetua
en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
acusado de haber convertido a su país en un narcoestado.
Por eso, con todos esos elementos de violencia cada vez más generalizada, de ausencia de control como se dio con el caso del narcovuelo que salió del aeropuerto de Viru Viru con casi media tonelada de cocaína y de una cada vez mayor presencia de carteles de la droga o de capos como el uruguayo Sebastián Marset o del brasileño Da Fonseca, configuran cada vez más la tesis que Bolivia es una especie de narcoestado.
De ahí surge el famoso refrán, “si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, que se constituye en una advertencia para las autoridades y exautoridades bolivianas responsables de la seguridad del Estado; durante 14 años fuimos gobernados por Evo Morales, a su vez, jefe de las seis federaciones de productores de coca.
Por fortuna para Bolivia y actual descargo de la gestión del presidente Luis Arce, se están ejecutando múltiples operativos en el Chapare, una zona que permaneció blindada e impenetrable durante años y en la que casi el 100% de la producción de hoja de coca se destina a la fabricación de cocaína.
Pero como estamos ante la mirada internacional, como lo ha señalado el presidente uruguayo, debemos ajustar los mecanismos de control porque la situación actual no puede seguir de esta manera.
Es así que debemos dar señales. Nuestros parlamentarios que tanto pelean en la Asamblea Legislativa deberían plantear la abrogación de una norma aprobada durante el Gobierno de Morales, que subió de 12.000 hectáreas a 22.000 los sembradíos de coca legal en el Chapare; esta es una especie de carta blanca para los narcos, como en su momento, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se aprobara el llamado “decreto de arrepentimiento” que permitió que varios capos de la droga de entonces no fueran extraditados a Estados Unidos.
Por ello, además del refrán de las barbas, debemos tener en cuenta el de “tanto va el cántaro al agua que termina por romperse”, en alusión a que los hechos cada vez más repetitivos de impunidad, apunta a que nuestros gobernantes puedan terminar acompañando al presidente de Honduras; o recordando al presidente panameño, Manuel Antonio Noriega, preso también en Estados Unidos, en 1992, acusado de narcotráfico.
Roberto Méndez es periodista y abogado.