Libertad de prensa amenazada “de golpe”

La libertad de prensa en Bolivia enfrenta una nueva batalla debido a la intención del Ministerio de Gobierno de buscar en los periodistas que cubrieron los hechos de la plaza Murillo fuentes para sustentar el supuesto intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga.

La convocatoria a un desayuno-trabajo dirigido especialmente a los periodistas palaciegos ha sido denunciada como un intento de vulnerar la libertad de prensa ya que no se alinea con las intenciones de un Gobierno que respete la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.

Esta acción incumple las garantías establecidas en normas internacionales y nacionales que impiden cualquier forma de censura o autocensura, ya sea social, política o económica. Las violaciones a la libertad de expresión, provenientes de autoridades u otras entidades, que disminuyan, restrinjan o anulen el ejercicio de la libertad de prensa, información y opinión, están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado.

Además, la convocatoria a los periodistas no es necesaria ya que el general Zúñiga atacó con su tanqueta las puertas del Palacio Quemado donde solo residen unos cuantos guardias del Batallón Colorados de Bolivia, dado que desde agosto de 2018, el Órgano Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Arce y sus principales ministros, trabaja en la Casa Grande del Pueblo.

Según Wikipedia, un golpe de Estado es la toma y destitución del Gobierno y los poderes de un Estado. Normalmente se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción política, un partido, una secta, un grupo rebelde o militar.

Se distingue de conceptos como revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil, términos que a menudo se utilizan incorrectamente o con intenciones propagandísticas. En el transcurso de los hechos y procesos históricos, estos conceptos suelen combinarse, según señalan politólogos de la Universidad de Cambridge, como Naman Karl y Thoms Habtom, quienes desarrollaron la teoría de que cuando los golpes de Estado son fallidos, se usan para elevar la imagen de los líderes políticos a los que supuestamente se pretendía derrocar.

Desde 1946, Bolivia ha experimentado 38 golpes de Estado, incluyendo los exitosos y los frustrados, según datos del Centro Cline de Investigación Social Avanzada de la Universidad de Illinois, citados por CNN. Algunos medios de comunicación hablan de 200 casos, cifra que es negada por el expresidente e historiador Carlos Mesa en su libro “Urnas y fusiles”.

Lo cierto es que se han acortado mandatos presidenciales, como en 1985 con Hernán Siles, y en 2003, con Gonzalo Sánchez de Lozada; en 2019 Evo Morales fue obligado a renunciar por una rebelión popular tras denuncias de fraude avaladas por la OEA, situación que el Gobierno socialista denominó “golpe de Estado”.

En el caso del mes pasado, no hay necesidad de citar a ningún periodista, ya que todo lo que ellos hicieron se encuentra en sus crónicas públicas y en las imágenes que han difundido. El resto es un intento de golpe a la libertad de prensa y de expresión.

Roberto Méndez es periodista y abogado.