A riesgo de ser “impopular” –cosa que me
tiene sin cuidado, pues no voy en busca de votos–, dado que haré de abogado del
diablo, daré mi parecer sobre una propuesta que, recurrentemente, aparece en
tiempos de ajuste de cinturones.
Imaginemos una familia de cinco miembros, tres hijos en edad escolar, de acomodado pasar que, apremiada por deudas que contrajo para sostener ese tren de vida, decide hacer recortes a su presupuesto con el fin de limitar sus gastos.
Como medida de austeridad, los proveedores de la economía familiar deciden bajar a la mitad el monto que reciben los niños en calidad de “recreo” diario. Supongamos que tal suma solía ser Bs 10; entonces, desde hoy reciben Bs 5. El supuesto recorte es Bs 75 por semana, es decir, Bs 300. No está mal, podría pensarse, hay familias que con ese monto hacen el mercado del mes (Arce Catacora calculaba la canasta familiar básica en 100 por semana). Pero, como muchas, la familia en cuestión persiste en guardar las apariencias, no hace ningún recorte a los gastos grandes, prescindibles en su mayoría: sigue consumiendo desmedidamente, sigue frecuentando restaurantes de alta cocina, ergo, caros, sigue haciendo viajes de placer y hospedándose en hoteles de lujo, etc., etc. Gastando, en suma, más de lo que ingresa.
Si de verdad optara por la austeridad, esta familia tendría que vender dos de los tres vehículos que posee, limitar, o eliminar durante un tiempo, sus gastos de entretenimiento y placer, y adoptar un estilo de vida más acorde con su realidad; no digo cambiar de colegio a los niños, que sería un caso extremo de recorte.
Este introito viene a propósito de los cíclicos pedidos de disminución de sueldos a los ministros y a los parlamentarios para, supuestamente, paliar la crisis, cada vez que hay problemas económicos en el país. Estas peticiones gozan de gran popularidad entre la gente y otorgan un halo de heroísmo a quienes las abanderan.
Sin embargo, más allá del efecto simbólico que pueden tener, tales demandas suenan a demagogia dado que el supuesto “gran ahorro” que generaría tal disminución es, en realidad un exiguo consuelo.
Si el despilfarro, el descontrol del gasto y la corrupción siguen en pie, así se bajarán el sueldo a la mitad, la crisis continuaría como si nada hubiese ocurrido para paliarla, puesto que las causales para la misma seguirían incólumes.
Si se quiere eliminar algo del gasto corriente insulso, lo he dicho antes, se podría comenzar por eliminar, o dejar “congeladas”, algunas entidades prescindibles como ser DIREMAR –que ya no tiene razón de ser– la Procuraduría que, si bien ha mejorado algo con el cambio de su titular, no parece cumplir su cometido –además subcontrata oficinas de abogados, cosa que podría hacer cualquier otra instancia afectada por un laudo arbitral u otro tipo de demandas–, la Defensoría del Pueblo, institución anodina desde hace casi una década: un mejor trabajo por los DDHH lo pueden hacer (de hecho, la APDHB dirigida por Amparo Carvajal lo hacía hasta que fue intervenida por el régimen) ONG, con financiamiento no estatal.
Aunque éste sería un recorte más efectivo, sería, igualmente, poco significativo ya que, como se sabe, la crisis tiene causas estructurales y su remedio requiere una cirugía dolorosa –de dólar–.
Y, aunque ya se ha repetido hasta la saciedad, cierro con algunas medidas que atacan al mal de fondo:
-Reducción del aparato estatal. Requiere no sólo la supresión de entidades como las mencionadas, sino de algunas otras, además de la depuración de miles de “supernumerarios” que, prácticamente, cobran si trabajar.
-Limitar a los estrictamente necesario el gasto en propaganda (y, por supuesto, dejar de financiar a medios por amiguismo)
-Eliminar –ahora derivado a u referéndum– los subsidios a los combustibles.
Cortar de raíz el despilfarro y la corrupción.
@brjula.digital.bo