Repercusiones de medidas aisladas en el sector minero

El sistema del sector minero es complejo, parecido en esto a otros sistemas económicos; pero con el añadido de que la interacción con otros sectores es muy reducida. Esa complejidad se manifiesta en las repercusiones que tienen en todos sus elementos cualquier medida o política que se adopte, sobre todo, si no es integral.

Por ejemplo, se ha decidido fomentar el desarrollo de las cooperativas mineras como consecuencia de, sobre todo, dos factores: las limitaciones que tenemos en el país para generar empleos dignos, alternativos y sostenibles y el reconocimiento a que la minería fue sostenida por las cooperativas en el periodo 1990 – 2005. Esta política se ha traducido en una serie de ventajas para el subsector: puesta en marcha de un ente de fomento, constitución de una comercializadora exclusiva, donación de equipos y maquinarias, condonación de deudas a COMIBOL, reducción de la alícuota regalitaria para el oro, dejarlas operar sin licencia ambiental.

Cooperativas mineras hay en Bolivia desde hace mucho tiempo. Por la identidad minera del país, siempre ha habido organizaciones de gente sin capital y sin empleo o con empleo precario que se dedicaba a explotar yacimientos que las empresas abandonaban por su escasa rentabilidad o desmontes generados por las empresas o yacimientos aluviales. Esto porque las minas abandonadas ya estaban desarrolladas y preparadas y no había que hacer inversiones para extraer el escaso mineral que todavía existía o porque los desmontes contienen todavía mineral y son material ya triturado o molido y el costo de recuperar lo valioso no es alto o, en el caso de yacimientos aluviales, porque ahí no hay que hacer grandes esfuerzos de construcción de socavones o de moler el mineral.

Fomentar el crecimiento de las cooperativas supone, entonces, que habrá suficientes minas abandonadas o desmontes disponibles o depósitos aluviales donde estas organizaciones podrán realizar sus actividades. Pero, la realidad muestra que ambos espacios de trabajo se agotan.

Si, adicionalmente, se prohíbe la asociación de cooperativas con empresas sin perder el estatuto de cooperativas, el asunto se complica. Los espacios en los ríos están copados, ya no se ven minas abandonadas y disponibles (o, al menos, la gente corriente no sabe dónde podría haber). Las consecuencias son inmediatas: ingresar a áreas protegidas donde hay yacimientos aluviales o tomar minas que están operando, desalojando a sus legítimos propietarios.

En el primer caso, se está viendo cómo la minería ha empezado a ocupar espacios de las áreas protegidas destrozando el ecosistema de la región y desplazando o destruyendo comunidades originarias. En el segundo caso, ha habido tantos avasallamientos, que el gobierno se ha visto obligado a emitir una ley contra estas acciones y, al mismo tiempo, a poner en marcha una norma que permite anular los derechos de operadores mineros (siempre empresas) que incumplan ciertas condiciones, esto con el fin de tener áreas que puedas ser cedidas a las cooperativas.

Cuando los avasallamientos no han dado resultados y las otras medidas, tampoco; se ha iniciado un camino peligroso, buscar alguna debilidad de las empresas para atacarlas por ese espacio y quitarles los derechos para dejar libres áreas operadas por aquellas incluso por mucho tiempo.

Desde que se descubre un yacimiento hasta que se lo explote rentablemente puede transcurrir, fácilmente, un tiempo muy largo, de alrededor de 25 años. Periodo en el que todo es inversión y gasto; por eso, las cooperativas no pueden acceder a yacimientos vírgenes y son las empresas las organizaciones que pueden encarar ese desafío; pero es altamente injusto que, una empresa que ha invertido tanto tiempo y dinero, se vea despojada de sus derechos para ceder esas áreas a cooperativas que no han hecho ningún esfuerzo para prepararlas y desarrollarlas.

Hace unos años, se vio acciones de toda índole para revertir los derechos de un minero pequeño en el sur del país; o la anulación de un contrato de la empresa que explotaba wólfram de un yacimiento de COMIBOL. Ha habido avasallamientos, en algunos casos se restituyó el derecho a las empresas; pero, en otros, el gobierno falló a favor de los invasores que constituyeron una cooperativa. Son elocuentes las declaraciones del viceministro de cooperativas mineras, después de la cesión del yacimiento de Cerro Negroa una cooperativa, “…hemos dado el yacimiento a la cooperativa porque las cooperativas responden a los llamados del gobierno; cuando los necesitamos, vienen a la ciudad en masa…”.

El gobierno intentó poner orden en el subsector el año 2016 con la emisión de una ley; pero, el problema no es normativo (en Bolivia estamos acostumbrados a creer que todo necesita una norma para resolverse). La semana pasada, las autoridades competentes intervinieron operaciones mineras, ilegales en el norte del país; pero los miembros de la AJAM no la pasaron bien por la reacción de los irregulares; pero se ve un intento de arreglar las cosas, de hacer cumplir la ley.

Estas repercusiones, avasallamientos, intentos de reversión de derechos, son consecuencia de medidas no integrales dentro de un sistema complejo. Es imprescindible, para no provocar más daños que bienes, ver el sector en su conjunto antes de tomar ninguna medida que, aparentemente, beneficiaría a un elemento puntual del sistema; pero que, podría generar distorsiones en el conjunto.

Investigador especializado en minería y docente universitario