Parole, parole, parole

El título es el mismo de una famosa canción italiana de los años 70 y pinta de cuerpo entero una reciente entrevista que el presidente interino de YPFB Armin Dorgathen Tapia (ADT) ha concedido a Brújula Digital, medio que la publicó resumida el 18 de enero.

En verdad, en eso de discursar “a lo bikini” (mostrando mucho y ocultando lo sustancial) el actual ejecutivo en nada se diferencia de sus predecesores, a los cuales, sin nombrarlos, dirige dardos envenenados, con la excepción del difunto Carlos Villegas, por motivos más legales (riesgo de difamación de un muerto macabramente descrito como un cadáver arrojado al mar con la brújula del barco) que por méritos técnicos no explicitados.

El presidente de YPFB debe ser una persona tan ocupada que le falta tiempo de prepararse adecuadamente para una entrevista a uno de los más prestigiosos medios digitales de Bolivia. No otra cosa significa equivocarse con normas relevantes para YPFB, como la improductiva Ley de incentivos petroleros No. 767, promulgada el año 2015 y no el 2017, como afirma el entrevistado.

Asimismo, las presiones inherentes a su cargo son tal vez la causa de sus fallas de memoria ya que no recuerda el monto de las deudas de YPFB, muy superiores a las que nos acostumbró a debernos el Gobierno de los “hermanos kirchneristas”. ¿Por qué no revela los montos precisos de lo que YPFB les debe a las empresas, no sólo a las que extraen el gas exportado, sino a las que proveen los combustibles y a otras de servicios?

En suma, las imprecisiones y el secretismo del presidente de la mayor empresa del Estado llevan a la sospecha de que ADT confunde y miente, como lo hace con sus reiteradas promesas de divulgar la certificación de las reservas de gas y petróleo “en las siguientes semanas”.

A propósito de las reservas, el entrevistado pierde todo pudor cundo admite que ese dato lo conoce pero que lo mantiene oculto y no lo divulga porque lo está analizando “exhaustivamente”. Es bueno que YPFB analice el resultado de la última certificación de Ryder Scott, sin embargo, la Ley 3740 de 31 de agosto de 2007, es perentoria y clara: “YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1º de enero de dicho año”. La obligación es de publicar, no analizar, y cada año, no cada cinco o seis años. La explicación que el entrevistado da por negarse a mostrar ese dato es ridícula: la población “no entiende” cómo evolucionan las reservas. En realidad, el miedo es a que la población se convenza de que ha sido engañada por la insana política energética de los todos los gobiernos de su partido, que han privilegiado monetizar y derrochar las reservas de gas en lugar de explorar.

Fiel al libreto arcista, el presidente de YPFB responsabiliza del fin del ciclo del gas a gobiernos anteriores, recurriendo a errores, medias verdades y mentiras, como en la acusación al expresidente Carlos Mesa por haber divulgado el estudio de la certificadora De Goyler & Mac Naughton “que nunca se comprobó, fue un engaño”. Con base en su trayectoria profesional, se esperaría de ADT mayor responsabilidad y el conocimiento de que la caída de las reservas entre 2004 y 2005 se debió a cambios en la metodología internacional de cálculo que afectaron a Bolivia y Argentina.

Por cierto, la realidad ocultada por el entrevistado es que Bolivia en energía no es soberana (importa los combustibles), no tiene seguridad de abastecimiento (por eso las colas en los surtidores, siempre más largas, frecuentes y costosas para el país), tampoco es sostenible (los problemas tienden a agravarse con el tiempo).

En fin, en lugar de soluciones sostenibles, palabras, palabras, sólo palabras.