Después de 52 años de relaciones comerciales en torno al gas natural, Bolivia ha dejado de exportar este recurso a Argentina, lo que implica una pérdida significativa en términos de ingresos tanto por exportaciones como por impuestos y regalías derivados de esta actividad. Estos ingresos representaban una parte importante del presupuesto nacional (gobernaciones, municipios, universidades), especialmente en una economía con un sector externo y fiscal ya debilitados.
A pesar de ello, el Gobierno boliviano afirma que el impacto será nulo. Alquilará sus gasoductos y el gas sobrante del contrato con Argentina se le venderá a Brasil. Sin embargo, tanto la microeconomía de este nuevo negocio como la geopolítica del gas natural en la región sugieren un panorama mucho más complejo.
Desde una perspectiva microeconómica, el cambio de rol de Bolivia en el negocio del gas implica que ahora actuará como intermediario, transportando gas argentino hacia Brasil. Sin embargo, la capacidad de transporte de los ductos en Bolivia y la caída en la producción de gas complican esta propuesta, añadiendo una nueva dimensión a la competencia entre el gas boliviano y el argentino.
El gasoducto boliviano que conecta con Brasil tiene una capacidad máxima de transporte de 30 millones de metros cúbicos por día. Esta limitación presenta un desafío logístico significativo, ya que ambos países, Bolivia y Argentina, estarían utilizando la misma infraestructura para llevar gas al mercado brasileño. En términos prácticos, esto significa que la competencia por el espacio en los ductos será intensa y puede limitar los volúmenes de gas que Bolivia puede exportar.
La situación se agrava aún más debido a la notable caída en la producción de gas en Bolivia, que ha disminuido de 60 millones de metros cúbicos por día, en 2014, a 30, en 2023. Esta reducción se debe principalmente a la falta de inversión en exploración por parte de la empresa estatal. La falta de nuevos descubrimientos y el agotamiento progresivo de los yacimientos existentes limitan la capacidad de Bolivia para abastecer tanto el mercado interno como los mercados externos, lo que compromete la competitividad del país en el negocio del gas.
Con una capacidad de transporte restringida y una producción menguante, Bolivia enfrenta una doble presión: por un lado, competir en precios con Argentina y, por otro, gestionar el uso de su infraestructura de transporte limitada. Esta combinación agrava los costos y pone en duda la rentabilidad del negocio de intermediación.
Es importante destacar que, para mantener bajo el precio del gas en Bolivia, es fundamental que el país continúe exportándolo a los mercados internacionales. La demanda externa permite generar ingresos en divisas que subsidian el precio del gas en el mercado interno, asegurando que el costo para los consumidores bolivianos se mantenga asequible. Sin estas exportaciones, el precio interno del gas podría verse presionado al alza, afectando negativamente tanto a la industria como a los hogares bolivianos.
Uno de los aspectos clave que debe ser resaltado es la reputación de Bolivia como un proveedor confiable de gas natural en la región. Esto contrasta notablemente con la experiencia de Argentina, que en el pasado ha suspendido unilateralmente sus compromisos de suministro de gas natural a Chile, causando graves problemas económicos en ese país.
El gas natural ha sido durante mucho tiempo un recurso estratégico en América del Sur. La transición de Bolivia hacia el rol de intermediario plantea nuevas dinámicas geopolíticas, particularmente con Brasil, que ahora se posiciona como el único comprador de gas boliviano y argentino. Esta situación genera una relación de monopsonio, donde un único comprador tiene poder para influir en los precios y las condiciones del mercado.
Brasil, al ser el único comprador de gas natural de ambos países, puede presionar para obtener precios más bajos o condiciones más favorables, lo que reduce aún más los márgenes de ganancia de Bolivia. Esta concentración de poder en el lado comprador pone a Bolivia en una posición de vulnerabilidad económica.
Además, Brasil ha descubierto importantes reservas de gas natural que podrían permitirle abastecer su propio mercado interno. Este hallazgo le otorga una capacidad de negociación muy superior, ya que no solo puede depender menos del gas importado de Bolivia o Argentina, sino que también podría empezar a competir directamente con ambos países en términos de precios. Este hecho pone a Bolivia en una posición aún más frágil, ya que no solo compite con Argentina por el mercado brasileño, sino también con el propio gas de Brasil.
En el contexto geopolítico, es importante recordar que, según la máxima del realismo en las relaciones internacionales, “los países no tienen amigos, sino intereses”. En este escenario, Brasil, Argentina e incluso Perú actúan conforme a sus propios intereses económicos y estratégicos.
Brasil, al fortalecer su posición en el mercado energético con sus nuevas reservas de gas, busca consolidar su autonomía energética. Argentina, por su parte, intentará ganar mayor participación en el mercado brasileño. En este juego de intereses, Bolivia debe posicionarse con inteligencia para no quedar relegada en las negociaciones energéticas regionales.
Para mitigar los efectos negativos de la pérdida del mercado argentino, la competencia con Argentina y Brasil y la caída en la producción, Bolivia debe buscar alternativas estratégicas:
Ver nuevas oportunidades de exportación de gas, ya sea a otros países de Sudamérica (¿Chile?) o incluso en mercados más lejanos, mediante acuerdos de licuefacción de gas (LNG). Ampliar su cartera de compradores reduciría la dependencia de Brasil y aumentaría su poder de negociación.
Invertir urgentemente, para sostener su papel en el mercado internacional del gas, en la exploración de nuevos yacimientos de gas. La falta de exploración en los últimos años ha reducido drásticamente la producción y sin un esfuerzo concertado por parte de la privada y el Gobierno, Bolivia corre el riesgo de quedar rezagada en un mercado cada vez más competitivo.
Abordar la modificación de la Ley de Hidrocarburos para hacerla más atractiva a la inversión extranjera directa. Dada la restricción fiscal que enfrenta el país, Bolivia no cuenta con los recursos necesarios para financiar la exploración y explotación de gas por sí misma. Por tanto, una legislación más favorable que ofrezca incentivos claros a las empresas extranjeras sería clave para revitalizar el sector y garantizar la sostenibilidad de su industria energética.
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