Luis Miguel, un asunto de Estado

Sé, por experiencia propia de más de dos décadas alternando en la actividad, que el negocio de la producción de espectáculos, principalmente aquellos de mediana a gran magnitud, es altamente volátil. La responsabilidad del promotor es la de garantizar su realización, aunque los números, al final de la noche, no le sonrían. Está en juego la fe pública.

Una serie de factores, sin embargo, puede interferir entre la promesa de una gran presentación y su deseada efectivización. Entre una u otra, la lucha del empresario es por minimizar aquellos que podrían afectar a que el objetivo se cumpla de manera satisfactoria, tanto para quienes compraron su localidad (satisfacción espiritual, digamos) como para quienes invirtieron –a veces sumas exorbitantes– (satisfacción económica). El riesgo, parte de cualquier inversión, deberían correrlo éstos; el público no debería correr alguno, pero se han dado casos de tumultos o de desplomes de estructuras que, incluso, se cobraron la vida de espectadores.

La modalidad de preventa, generalmente a menor precio, es una práctica generalizada en el mundo y ayuda al productor a ir sufragando gastos previos, aunque el grueso sale de bolsillo. Por tanto, la confianza es un elemento clave para que los interesados en presenciar determinado show adquieran sus entradas con larga antelación.

Hay aspectos que están bajo entero control del promotor (o del grupo/empresa), de modo que, si alguno de ellos falla, es también de entera responsabilidad del mismo; no obstante, hay otros que, en distintos grados, no lo están. Los aspectos técnicos, por ejemplo, son de absoluta responsabilidad de la producción; los climáticos, no enteramente.

No es privativa de algún lugar la suspensión de un megaespectáculo; se da en todo lado. Pero, así como unos han ocurrido a pesar de una persistente lluvia (lo que los hizo memorables), otros no se realizaron porque el cantante tuvo un repentino resfrío.

Hay casos y casos. En vísperas del suspendido concierto de Aerosmith en Santa Cruz sucedió una suerte de ciclón que derribó parte de la estructura escénica y el staff técnico del grupo decidió no arriesgar a la banda, no al público. Los inversores y los espectadores, muchos de los cuales, entrada en mano, habían viajado en familia, por vía aérea, para asistir al evento, sufrieron, cada cual en su medida, pérdidas de consideración.

Podría contar decenas de experiencias de “casi suspensión” durante el periodo en que estuve involucrado en el rubro, pero no es el momento ni el espacio para ello.

Antes bien, me referiré al más reciente caso local de una suspensión, la del concierto de Luis Miguel, que, según el comunicado que circuló, se debe a que la avanzada de la producción del artista consideró –a falta de un mes para el mismo– altamente peligrosos ciertos hechos sociales y económicos que ocurrieron en el país durante su “reconocimiento de terreno”, por lo que se decidió quitar de la gira la escala en Bolivia.

Aquí es donde entra un factor inédito hasta la fecha. El Viceministro de Defensa al Consumidor se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el tema elevándolo a un asunto de Estado, apuntando a los constantes bloqueos ordenados por Evo Morales como los causantes de tal hecho, por lo que ha instado a la Asamblea Legislativa a tratar el proyecto de ley de penalización a los bloqueos de carreteras, cosa a la que Morales y los suyos se oponen terminantemente.

Más allá de los reparos que un análisis objetivo pueda originar, el giro político que ha tomado el tema es asombroso.