Se pide prevención y concientización para no llegar a medidas extremas, y también saber diferenciar según los casos.
Brújula Digital|16|12|25|
El proyecto de ley antibloqueos presentado a consideración del pleno de Diputados, genera interesantes repercusiones entre legisladores que, si bien tienen divergencias en algunos detalles, coinciden en la necesidad de realizar un análisis profundo antes de definir los alcances de una eventual normativa.
La senadora Ana Crispín (PDC) apuesta por la prevención e información antes que por lo punitivo. “Hay que socializar con la población que los bloqueos no generan solución”, afirma, y agrega que también el Ejecutivo debe poner de su parte “priorizando los temas” para que los sectores sociales no tengan que llegar a medidas extremas de protesta, porque “lamentable, estos últimos, años hemos aprendido que los bloqueos son la única forma de que nos puedan escuchar”, remarca.
“Tus derechos terminan donde empiezan los míos”, dice un viejo refrán. Si bien el derecho a la libre circulación es indiscutible, tampoco se puede obviar el legítimo derecho a la disensión y a protesta. En ese sentido, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, recuerda: “El derecho a la protesta está en la CPE (…) la protesta es legal, pero hay algunas que son políticas y no podemos permitirlas, porque causan mucho daño económico”.
Pacheco hace una interesante reflexión en torno las posturas respecto a los bloqueos: “no puede ser que para unos valga y para otros no”, y recuerda que “En Santa Cruz, hace años, hubo 36 días de paro. Nadie dijo entonces que era un atendado contra la ley e incluso contra la vida”.
El lunes, el diputado Carlos Alarcón, impulsor del proyecto, enfatizó en que “el bloqueo es un delito, no un derecho”. Su proyecto establece un régimen de sanciones penales con agravantes: la pena para el delito básico de bloqueo será de tres a seis años de cárcel; para quienes instiguen, organicen, promuevan o financien los bloqueos, la sanción se incrementará a entre cinco a ocho años. Asimismo, se prevé una pena de 10 a 20 años de prisión para quienes ejerzan violencia contra personas o bienes durante los bloqueos.
Al respecto, el senador de Alianza Libre, Manuel Ormachea, considera que “tal vez 20 años sea una cifra política. Hay que hacer una evaluación técnica y jurídica para ver si esto está acorde con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. En todo caso, aclaró que “no estoy diciendo que se quiera proteger a los bloqueadores, sino que hay que tener una conversación más profunda para ver qué se hace con una propuesta de estas características”.
Más contundente es la senadora Claudia Mallón (APB Súmate) que cree que “lo más importante es que el gobierno haga respetar los derechos de la mayoría de los bolivianos a la libre transitabilidad y al trabajo”.
Finalmente, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que su despacho recién está en etapa de recopilación del proyecto para luego hacer el análisis correspondiente.
BD/MZS
