Lucha entre intolerantes y violentos

El 10 de marzo, en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, se suscitó un incidente violento entre dos bandas, acontecimiento que, proviniendo del tipo de personas que lo protagonizaron, no tiene que sorprender ni extrañar a la opinión pública.

A primera hora de la mañana, grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) afines al gobierno de Luis Arce, liderizados por un diputado perteneciente a dicha tendencia, asaltaron la sede de la referida organización política, borrando con pintura toda imagen y consignas que los vincule o relacione con Evo Morales. Tomaron posesión del inmueble como queriendo sentar soberanía sobre el mismo, citando a la prensa para publicitar su violenta acción. Algo parecido a lo que hicieron grupos similares afines al régimen gubernamental con dos inmuebles pertenecientes a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, esta vez con ayuda o respaldo policial.

Sin embargo, poco después, los adherentes a su jefe Evo reaccionaron con los similar método violento para efectivizar la operación “retoma” del inmueble en disputa, suscitándose enfrentamientos y agresiones físicas entre dos grupos cuyos miembros fueron  formados  en la escuela de la confrontación, de la intolerancia y de la búsqueda de soluciones a las controversias a través de la agresión, bajo la lógica simplista de que el otro no es tu adversario, es tu enemigo y debes aniquilarlo de cualquier forma.

Frente al incidente que probablemente sea sustituido por otras noticias, y pase al olvido, considero oportuno encontrar una explicación a la causa original de este comportamiento de los adherentes de ambas tendencias que ostentan el poder en Bolivia desde el año 2006, bajo la consigna de generar un verdadero “proceso de cambio” en el país.

Se entendía que la votación obtenida por Evo Morales en las elecciones de 2005 (cerca al 54%), más que una franca adhesión al candidato (incapaz de escribir un párrafo en persona), implicaba un rechazo de la ciudadanía a las inconductas de la vieja clase política que no sentó las bases para consolidar y cualificar el sistema democrático, manteniendo la corrupción institucionalizada, una justicia sometida al Poder Ejecutivo, haciendo de la práctica política un instrumento de enriquecimiento ilícito.

Se esperaba que con el régimen instalado en enero de 2006 cambiaría la suerte del país y nos beneficiaríamos con un gobierno que garantizara la transparencia en el manejo de la cosa pública, otorgara a la política referentes bioéticos, generara escenarios de diálogo para resolver los conflictos sociales, viabilizara la independencia de poderes para fortalecer la democracia, promoviera el respeto a los derechos humanos, especialmente la tolerancia al pensamiento ajeno.

También se tenía la esperanza en que se ingresaría en la senda del desarrollo económico, social, educativo y cultural del país. Todo ello, considerando la ventaja coyuntural del ingreso extraordinario de recursos económicos por el alza de los precios de carburantes y minerales en el mercado internacional, además de la condonación de la deuda externa.

Dos décadas después advertimos con frustración que los nuevos administradores del Estado redujeron la democracia a su mínima expresión, abrieron las puertas de las cárceles para encerrar a sus adversarios políticos, sometieron a la prensa, las organizaciones sociales, los demás poderes del Estado bajo absoluto control gubernamental y convirtieron a Bolivia en uno de los países más corruptos del mundo. Para no hablar de la economía, que el MAS ha destruido.

En el ámbito de la práctica política, eliminaron todo vestigio de diálogo y debate, no solo en la relación con otras entidades partidarias, sino especialmente en su estructura interna, donde la crítica o la autocrítica no existe. Esa ausencia de la cultura del debate, de la confrontación de ideas a través de la libertad de expresión, no forma parte de la agenda en el MAS y los que ahora reniegan de la sigla.

Sus lideres, en ambas tendencias jamás les enseñaron a debatir, sólo les dejaron como legado la práctica del insulto, la agresión física y el exterminio del eventual adversario bajo cualquier método. En suma, institucionalizaron el fascismo versión andina, en la cabeza de cada militante no existe lo que el pensador francés Voltaire decía “no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas”.

El enfrentamiento entre las dos vertientes del MAS encuentra su explicación en este antecedente. Por ello, el incidente violento del 10 de marzo no debe pasar desapercibido, es contra esa forma de hacer política que debemos luchar en aras de recuperar la democracia para el país.

Waldo Albarracín fue presidente de la APDHB, Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.