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13/12/2020

Lliquimuni y la quiebra del Estado

El MAS fue el principal beneficiario, en sus tres gestiones, de los recursos extraordinarios del gas natural. Sobrevino una época de despilfarro de recursos públicos quizás mayor al banzerato en los años 70. Sin embargo, recientemente, el presidente Luis Arce, quien administró la cartera del despilfarro, declaró la bancarrota económica del Estado. ¿Qué pasa con el sector hidrocarburífero? ¿Dejó de ser la gallina de los huevos de oro? El análisis tiene muchas aristas, me interesa explorar algunas relacionadas al fracaso de la “agresiva política de inversiones en exploración de hidrocarburos”.

En 2009, a pocos años de la “nacionalización de los hidrocarburos” y de disfrutar de una bonanza inusual de ingresos fiscales, la refundada YPFB, dirigida por el extinto Carlos Villegas, proyectó el plan de inversiones 2009-2015 orientado, entre otros, a una “agresiva política de exploración”  que permita contar con nuevas reservas. 

A tal efecto, el plan trazó una primera fase, denominada de ejecución inmediata 2009-2015, consistente en la perforación de 10 pozos exploratorios: Ingre, Sararenda (Camiri Profundo), Timboy, Itaguazurenda, Percheles Profundo, Carrasco Profundo, Vuleta Grande Profundo, El Dorado Profundo, Lluquimuni e Iñao con una inversión estimada en 1.183 millones de dólares. Algunos de estos comprometieron una ampliación de la frontera hidrocarburífera en términos espaciales, hacia otras regiones como el norte amazónico boliviano.

De acuerdo con la rendición de cuentas de YPFB (final 2019), la inversión acumulada en exploración entre 2006 y 2019 fue de 2.685 millones de dólares. Una gran parte de esta inversión se orientó a áreas no productoras. De acuerdo con YPFB, en estas áreas perforaron 34 pozos exploratorios de los que 21 fueron negativos y solo siete positivos, lo que arroja una tasa de éxito del 20%. Una tasa extremadamente baja para los parametros del sector en estos tiempos. Incluso a si se compara con los proyectos exploratorios nacionales de este mismo periodo en las áreas productoras donde se tuvo una tasa de éxito del 60%.

Un reciente informe del Ministerio de Hidrocarburos (octubre 2020) señala que esta baja tasa de éxito de los proyectos exploratorios en las áreas no productoras se debe a que la priorización de los proyectos careció de criterios técnicos (por ejemplo eligieron algunos en los que se tenía información insuficiente) y, mayormente, estuvo guiada por la atención a demandas regionales. La política se sobrepuso en las decisiones tomadas.

Es el caso de Lliquimuni, una empresa que obsesionó al MAS (en particular a los grupos colonizadores) y que fue llevada adelante a como dé lugar, contra la oposición de las comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y la razón técnica. Lliquimuni, en del departamento de La Paz, resultó un gran fracaso, un gran fracaso en el que gastamos, hasta ahora, 110,27 millones de dólares.

Este no es el único caso. Resaltan también los proyectos exploratorios en el norte amazónico. En el bloque Nueva Esperanza, YPFB Casa Matriz invirtió 63,03 millones de dólares. En el bloque Río Beni la misma empresa gastó 82,51 millones de dólares y en un proyecto de exploración regional en la llanura beniana otros 66,44 millones de dólares. En total, los proyectos hidrocarburíferos en la cuenca amazónica absorbieron 322 millones de dólares. Considerable gasto que solo nos dejó enormes impactos ambientales y sociales.

Ahora que estamos en crisis y que el Estado se ve forzado a reconducir la política económica, no debemos olvidar a los incontables proyectos fracasados. A lo largo del país existen cientos de lliquimunis o proyectos en los que gastaron nuestros recursos a pesar que eran social, ambiental, económica o técnicamente insustentables. La clave de la reactivación económica está en achicar esta tendencia estatal a sacar dinero de nuestros bolsillos para malgastarla en este tipo de proyectos.

Marco Gandarillas es sociólogo.



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