El DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo, no es un golpe de timón. No fracasa por lo que hace, sino por lo que decide no hacer. Bolivia no enfrenta una crisis de instrumentos, sino una crisis de enfoque y de decisión.
Brújula Digital|19|12|2025|
Carlos Jahnsen
El Decreto Supremo 5503 constituye el primer intento serio de estabilización económica en Bolivia tras una de las crisis macroeconómicas más profundas de su historia reciente.
A diferencia de experiencias anteriores, el decreto parte de un diagnóstico directo y sin eufemismos: reconoce un déficit fiscal explosivo, reservas internacionales prácticamente agotadas, subsidios energéticos fiscalmente inviables, contrabando estructural, colapso del abastecimiento interno, sobrecostos logísticos generalizados y un deterioro institucional profundo.
Esta claridad diagnóstica no es menor: representa una fortaleza política y técnica esencial, porque ningún proceso de estabilización puede construirse sobre diagnósticos complacientes o negacionistas.
El DS 5503 fija cinco objetivos centrales -estabilizar la macroeconomía, recuperar liquidez, restablecer el suministro de combustibles, atraer inversiones y modernizar la economía- y despliega un conjunto amplio de medidas que, en varios frentes, apuntan en la dirección correcta.
Sin embargo, el análisis integral muestra que el decreto no constituye aún un programa macroeconómico integral y completo. Se trata de un paquete relevante de acciones que carece de una arquitectura unificadora capaz de articularlas en una estrategia coherente de estabilización y crecimiento sostenido.
Entre sus principales fortalezas destaca, en primer lugar, el reconocimiento explícito de la emergencia macroeconómica real.
En segundo lugar, las medidas orientadas a estabilizar el mercado de combustibles son técnicamente necesarias: la corrección de precios altamente subsidiados, la racionalización del GNV y la apertura a la importación privada atacan un cuello de botella crítico. Sin estabilidad energética no hay producción, logística ni control de expectativas inflacionarias.
En una fase de emergencia, estas decisiones son correctas, aunque claramente insuficientes para el mediano plazo.
Asimismo, el régimen extraordinario de promoción de inversiones es probablemente la pieza mejor diseñada del decreto. La estabilidad jurídica y tributaria por 15 años, los contratos con fuerza normativa, el fast track administrativo y la protección frente a cambios regulatorios se alinean con estándares internacionales utilizados por países que compiten activamente por capital.
A ello se suma una decisión particularmente acertada: la eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno y de Precio Justo en la agroindustria, que corrige un desincentivo regulatorio severo y desbloquea exportaciones en un sector clave. Finalmente, la amnistía patrimonial y el diferimiento de créditos cumplen una función pragmática dec alivio de liquidez y contención social en el corto plazo.
No obstante, estas fortalezas no compensan las debilidades estructurales del programa. La principal es la ausencia de una estrategia macroeconómica integral. El DS 5503 no define un régimen cambiario explícito, no establece un ancla fiscal creíble, no articula una política de ingresos coordinada ni formula una estrategia industrial y exportadora nacional. En consecuencia, las medidas operan como piezas aisladas, sin un marco común que coordine expectativas y decisiones. La omisión cambiaria es particularmente grave. En una economía con restricción externa estructural, la ausencia de un tipo de cambio real competitivo y deliberadamente subvaluado equivale, en los hechos, a la ausencia de programa económico. Sin una señal cambiaria clara no hay horizonte de rentabilidad para la inversión productiva, no despegan las exportaciones y persiste la fuga de divisas. Esta indefinición compromete la viabilidad de cualquier política de inversión, empleo y salarios.
La política fiscal, por su parte, aparece incompleta y contradictoria. Aunque reconoce el desequilibrio fiscal, el decreto combina mayor gasto social, subsidios de transición y diferimientos financieros sin definir una regla fiscal ni un sendero plurianual de consolidación.
Estas medidas no son erróneas en sí mismas: en una crisis profunda, preservar un equilibrio social mínimo es legítimo y necesario. El problema es la ausencia de una visión fiscal estratégica que convierta el déficit en un instrumento transitorio y dirigido de estabilización y transformación productiva.
Sin objetivos claros de mediano plazo, la política fiscal pierde capacidad estabilizadora y se convierte en un riesgo para la sostenibilidad del cambio de rumbo económico.
La negociación colectiva salarial, aunque conceptualmente correcta, flota sin anclaje fiscal ni cambiario. Sin una política de ingresos explícita que coordine salarios, productividad, inflación y tipo de cambio, la negociación enfrenta tres riesgos inevitables: pérdida de competitividad externa, licuación salarial vía inflación o traslado implícito del ajuste a los hogares.
En materia exportadora, el decreto corrige un error grave en agroindustria, pero no formula una estrategia nacional de inserción externa. Fuera de ese sector, no existe una política clara para minería con valor agregado, litio, manufacturas ni procesos de nearshoring (reubicación productiva cercana). En una economía con restricción externa crónica, esta omisión no es secundaria: es estructural.
El régimen de inversiones, pese a su buen diseño normativo, enfrenta un alto riesgo de ejecución debido a la fragilidad institucional del Estado. La ausencia de una agencia autónoma de inversiones y de mecanismos independientes de resolución de controversias debilita severamente la credibilidad del esquema.
Algo similar ocurre en energía: las correcciones de precios son necesarias, pero carecen de un anclaje cambiario y de una hoja de ruta estructural para YPFB, la exploración y la transición energética.
En síntesis, el DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo, no es un golpe de timón. No fracasa por lo que hace, sino por lo que decide no hacer. Bolivia no enfrenta una crisis de instrumentos, sino una crisis de enfoque y de decisión. La salida es conocida y técnicamente viable, pero exige integrar todas las piezas en un programa integral, coherente, simultáneo y creíble.
No es un problema técnico: es una decisión política y una cuestión de visión sistémica. Si ese paso no se da, el costo no será solo económico, sino social, institucional y, en última instancia, histórico.
