Tras la cuarentena dispuesta por el gobierno ante la
inocultable fragilidad del sistema de salud para atender la pandemia del
COVID-19, el candidato del MAS, Luis Arce, ha salido a la defensa de las
familias que viven al día. Pide que se los provea de una canasta solidaria de
alimentos, se prohíba despidos, que el Estado se haga cargo del pago de sus
alquileres, cree brigadas solidarias para los adultos mayores y personas con
discapacidades, y, finalmente, habilite albergues con comedores y servicios
médicos para personas en situación de calle.
Rápidamente la señora Eva Copa, presidenta del Senado, se suma a Luis Arce afirmando que el gobierno debe implementar “políticas claras” para las familias sin salario fijo ni un trabajo seguro: "las familias no salen a trabajar por gusto y gana, es por necesidad: ¿cómo van a llevar alimentos a estos hogares? ¿Si no tiene nada que comer, van a morir de hambre en sus casas? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente tenga para pagar los servicios básicos o los créditos?"
Hasta donde recuerdo, nunca en los 14 años de gobierno del MAS se quiso discutir sobre canastas básicas alimentarias ni familiares; la seguridad laboral tuvo exclusivo color azul; vivimos en alquiler porque no se construyeron o refaccionaron ni el 40% de las viviendas que el plan nacional de vivienda comprometió hasta 2020; no hubo un acto de solidaridad con personas de la tercera edad o discapacitadas que no fuera arrancado al exministro de economía tras dolorosas marchas y represiones abusivas; y, entre los más de 50 mil millones de dólares de inversión pública y de “Evo cumple”, no encuentro “albergues con comedor y servicios de salud” para personas en condición de calle.
Respecto a la señora Copa, haría bien en explicar, a su vez, cuáles fueron las políticas claras que su gobierno implementó (ojalá a iniciativa del Senado) en favor de las familias sin salario fijo porque, como mostramos enseguida, es en ese período que se acentúa la precariedad del trabajo informal; por cierto, en El Alto vimos con espanto al menos un caso de personas –niños y niñas incluidos–, que simplemente murieron de hambre en sus casas. En realidad, con sus preguntas, reconoce que los “bonos” no cambiaron la realidad de pobreza y que la financiarización –que permitió suplir con crédito la falta de ingresos laborales–, ha sido mejor negocio para los bancos que para los hogares.
Las ideas de don Luis y las preguntas de doña Eva son sorprendentes viniendo de quienes, a pesar de haber manejado durante 14 años la mayor bonanza boliviana en la historia, son también corresponsables de haber “reprimarizado” y “financiarizado” nuestra economía, acentuando la precarización del empleo. Siguiendo el relato neoliberal de los años 90, ante la incapacidad estructural de la economía rentista de crear empleo digno, ocultaron bajo el eufemismo de “emprendedurismo” la autoexplotación laboral del cuentapropismo al que están forzados siete de cada 10 personas que ingresan al mercado laboral.
Pero, además, ignoran las íntimas interrelaciones entre distribución del ingreso, demanda, consumo, producción, empleo, crecimiento, equidad y, finalmente, desarrollo. Los grados y formas en los que estas relaciones son articuladas por las políticas, determinan la diferencia entre crecimiento y desarrollo y definen la naturaleza, la cantidad y la calidad del empleo. Por ello, el trabajo precario, el subempleo y el desempleo no resultan de leyes económicas inexorables sino de políticas concretas.
Los efectos de las políticas extractivistas aplicadas desde 2006 se reflejan en la estructura ocupacional como un tumor en una radiografía. Por ejemplo, entre 2011 y 2015, el período de mayor crecimiento económico del “proceso de cambio”, la población ocupada aumentó la mitad que en el periodo anterior; creció relativamente más en el sector extractivo (mineros), el financiero y la venta de alimentos preparados (restaurantes, bares y cantinas); se contrajo en la industria y, en especial, en el sector agropecuario. Dos tercios de la nueva población ocupada se concentró en la agropecuaria, el comercio (informal) y los servicios, los sectores de menor productividad en Bolivia; de hecho, “mientras el PIB volaba” jalado por el precio del gas, el 60% de todas las ocupaciones creadas fueron de trabajo “por cuenta propia” y “no remunerado”, las categorías que nutren la pobreza por su baja productividad.
En resumen, don Luis y doña Eva disocian las acciones de su gobierno de sus consecuencias, que son hoy las dificultades que debemos superar, partiendo por el colapso del sistema de salud. El modelo extractivo-rentista abanderado por don Luis privilegió sectores intensivos en capital frente a los que generan valor agregado y empleo, lo que aumentó la cantidad de hogares “que si no salen, no comen”, y que hoy le preocupan a doña Eva.
Cierto, la cuarentena afectará con especial fuerza a los sectores más pobres –que el MAS usó en el discurso mientras sus políticas beneficiaban a los de siempre– y todos tenemos la obligación de aliviarles la carga. Pero sería más honesto que “pasen el bulto” reconociendo primero quiénes y con qué lo llenaron.
Enrique Velazco Reckling es investigador en temas de desarrollo.