La reducción del gasto público sólo requiere voluntad

El gasto público puede reducirse fácilmente. Sólo se requiere abstenerse de usar los recursos en lo indebido. La corrupción es lo que cuesta y se lleva gran parte del presupuesto. Esto no incluye únicamente el soborno, sino toda irregularidad e incluso la simple ausencia de ética pública al crearse unidades organizacionales innecesarias o contratar gente incapaz. Así, con sólo hacer lo correcto se puede reducir el gasto público a la mitad o más.

La Constitución (CPE), al mencionar el “gasto” y a la “inversión pública” (art. 321.II) como dos aspectos, lo que pretende es diferenciar el uso del dinero público en el funcionamiento institucional de los gobiernos (gasto corriente) del de la inversión pública en la calidad de vida (gasto de inversión), aunque haciendo una precisión con base en la recurrencia del gasto. La crítica y la demanda ciudadana que pide disminuir el gasto público para reducir el déficit fiscal, como una de las medidas contra la crisis económica, se refiere a ese gasto corriente, no a la inversión pública, ya que esta requiere únicamente una adecuada priorización en temas que ayuden a salir de esa crisis, y no necesariamente su reducción.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 consolidado es de 265.558 millones de bolivianos. De esto, el 58.6% es gasto corriente, siendo el 33.8% de los 352 gobiernos subnacionales (336 municipales, 6 indígena originario campesinos, 1 regional y 9 departamentales) y las 14 universidades autónomas e indígenas, y el 66.2% del Gobierno central. Solamente en salarios para los funcionarios, el Estado en su conjunto gasta el 18.5% del PGE, del que el 82.7% es en el Gobierno central y el 17.3% en los gobiernos subnacionales y universidades públicas. El 11.2% se gasta sólo en sueldos de militares y policías, superando esto el total del gasto en personal de los 352 gobiernos subnacionales del país que es el 9.8% (MEyFP, 2024: 23-24).

Para los gobiernos subnacionales, se establece el 25% de su presupuesto como límite para el gasto de funcionamiento (Ley 031, Disp. Trans. 9ª). En cambio, para el Gobierno central no existe tal limitación, por lo que este suele superar con mucho ese límite.

Si se ve que una de las medidas necesarias para superar la crisis económica del país es reducir el gasto público, una de las formas podría ser fijar un límite similar al de los gobiernos subnacionales, para el gasto de funcionamiento del Gobierno central. Sin embargo, será necesario crear una tercera categoría de gasto para el caso de los servicios que tienen carácter de inversión y no de funcionamiento gubernamental, como es el caso de los servicios de salud y de educación.

Se estima que al menos un 40% del personal de las instituciones públicas es innecesario. La contratación de servidores públicos basada en el pago de deudas políticas, en la confianza personal y en la cooptación política hace que la administración pública se llene de gente sin la capacidad suficiente para desempeñar funciones. Una persona capaz podría hacer el trabajo de cinco o más incapaces. En algunas experiencias se vio que una persona capaz que, además, sepa cómo automatizar las funciones (gobierno electrónico), podría sustituir el trabajo de hasta 50 incapaces. Los analistas, la ciudadanía y los propios políticos están conscientes de que esto es así, aunque no muchos se animan a decirlo abiertamente.

En el caso de los militares, estos no se requieren hoy para nada útil, como dice María Galindo. Es posible que con un 10% de ellos bastaría para cumplir sus funciones de seguridad externa; más aun si Bolivia opta por la alternativa del servicio social, además del servicio militar. La Policía, por su lado, pareciera que existe con la única finalidad de perseguir oportunidades de soborno y de extorsión. En un escenario así, con sólo mantener a los buenos policías y destituir a los corruptos e incapaces, podría lograrse reducir en mucho el crimen y la delincuencia en el país, además del gasto público.

La Policía de tránsito sólo requiere hacerse cargo de los delitos de tránsito, ya que lo demás es competencia exclusiva de los gobiernos municipales (CPE, art. 302.I.18), por lo que le toca atender el tema a la Guardia Municipal de Tránsito. Así, como el 90% del personal de esa repartición policial es innecesaria.

En los ministerios del Estado, existen unidades organizacionales que no tienen utilidad en la gestión pública. Pareciera que se inventaron con la única finalidad de acomodar gente nueva. No hay razón de existencia de un Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, ya que se supone que cada ministerio debe coordinar con las organizaciones que correspondan. Tampoco es necesario un Viceministerio de Autonomías. Esta función está a cargo del Servicio Estatal de Autonomías. Con poner a alguien capaz en esta unidad, bastaría. Lo propio ocurre con los viceministerios de Justicia y Derechos Fundamentales y el de Justicia Indígena Originaria Campesina. Estos no tienen razón de existir en el Órgano Ejecutivo. Y así, si se analiza cada ministerio, se encontrarán reparticiones que no tienen ninguna utilidad. Algo similar pasa en los gobiernos departamentales y en los municipios urbanos.

Como se puede ver, con eliminar las unidades organizacionales inútiles de las instituciones públicas y contratar sólo gente capaz, bastaría para reducir en gran parte el gasto público. Únicamente se requiere de voluntad política de los gobernantes para hacerlo.

Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.