Justicia: plata por gas y cárcel por terror

Mientras en Bolivia discutimos si en las listas de candidatos a los altos tribunales de justicia los seleccionados serán evistas, arcistas o autoprorrogados y si por ahí dejarán ingresar algún infiltrado “de los pititas”, se sabe que al final la elección de magistrados no es la solución; tribunales de fuera del país nos han dado una bofetada con dos fallos de los que deberíamos extraer varias enseñanzas.

Hace poco la Justicia de Estados Unidos determinó que el exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano como consecuencia del daño económico en un proceso civil por el caso gases lacrimógenos, que fueron comprados con sobreprecio.

En enero de 2023, la Justicia de EEUU determinó condenar a 70 meses de cárcel a Murillo por lavado de dinero proveniente de la corrupción. El exministro actualmente sigue en un centro de detención del estado de Florida.

Se estableció que Murillo conspiró para la compra con sobreprecio del material. Uno de sus colaboradores, Sergio Méndez, ya fue deportado de EEUU a Bolivia y fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, y también deberá pagar la misma suma.

En el segundo caso, a raíz de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido el 26 de julio de 2022, casi dos años después y luego de declararse la pugna por la presidencia 2025 entre el expresidente Evo Morales con el actual mandatario, Luis Arce, el  Gobierno de Bolivia abrió una investigación en  Santa Cruz para indagar violaciones de derechos humanos durante el operativo en el hotel Las Américas en 2009, conocido como “caso terrorismo”.

“Pedimos a la ciudadanía que colabore a las víctimas en la investigación a la Fiscalía aportando con pruebas (…)”, señala un comunicado difundido este 13 de abril del 2024 por Elod Tóásó, una de las víctimas.

Tóásó y Mario Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 durante ese operativo policial, en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.

La Policía boliviana intervino en el mencionado hotel y abatió a los tres extranjeros, a quienes acusaron de alzamiento armado, en medio de un complejo escenario político que enfrentaba al entonces presidente Morales con los prefectos –luego gobernadores– de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Tras este hecho, Morales, a su llegada a Venezuela, dijo que él dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna del país. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos cometidas en ese operativo policial.

De ese modo vemos que el popular dicho “La justicia tarda pero llega”, aunque en este caso sea de la mano de jueces de fuera de Bolivia.

“La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, conceptualizó Domicio Ulpiano, jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho y en varios escritos hace referencia al sentido de orden y armonía para el mundo cuando ésta se aplica.

La pelota se encuentra ahora en la cancha del Estado boliviano, que por un lado debe exigir la devolución de la suma de dinero que supuestamente se embolsilló Arturo Murillo y sus colaboradores, pero sería bueno que haga lo mismo con otros casos de corrupción como el del Fondo Indígena, los taladros de YPFB, el caso de Gabriela Zapata y otros.

Y en el caso Rozsa, los responsables están a la vista y la lección que debemos aprender es si los delitos vinculados con el alzamiento armado y terrorismo deben continuar en el Código Penal, porque solamente han servido como pretexto para aplicar el llamado terrorismo de Estado y someter a los opositores.