Intervención estatal y libre mercado

Ante el alza de los precios, el gobierno de Luis Arce está empleando una medida económica que tiene partidarios y detractores: la suspensión temporal de las exportaciones. A inicios de este año, cerró las fronteras para la soya y derivados y, poco después, se normalizó el abastecimiento de aceite y su precio bajó de forma significativa. Esta semana, repitió la receta al suspender la exportación de la carne, en un intento por revertir los precios altos.

Las reacciones de los empresarios y sectores afines no se dejaron esperar. La diputada Luisa Nayar calificó esta medida como un modelo autoritario que perjudica tanto el libre mercado como la producción nacional. En sintonía, representantes del gremio agropecuario aseguraron que el control estatal de los precios distorsiona el libre mercado, pero este postulado es más que problemático porque no es que el libre mercado funcione mal o bien, sino que no existe.

En primer lugar, la intervención estatal en la economía no es algo nuevo, sino que está enraizada en nuestra historia, con sus altibajos según los momentos de expansión y contracción económica. Entre los principales beneficiarios de la presencia del Estado destacan los soyeros y los ganaderos. El diésel barato que se emplea en la agricultura mecanizada es un mecanismo de subvención que transfiere miles de millones de dólares de dinero público al sector privado. Otro beneficiario es el transporte pesado eslabonado al sector agroexportador. Este soporte económico incide directamente en los costos de producción, competitividad y rentabilidad del sector agroindustrial.

Por su parte, los ganaderos también se beneficiaron con la intervención estatal. Desde la época del gobierno de Hugo Banzer (1997) pagan un impuesto simbólico, a razón de 30 centavos de dólar por hectárea. Mientras la mayoría de los bolivianos tributa según el régimen general y muchos sufren el acoso de los fiscalizadores de la oficina de impuestos, los ganaderos gozan de un privilegio impositivo diferenciado. También se favorecieron en los últimos diez años con el “perdonazo” de los desmontes ilegales y las leyes agroambientales laxas que externalizan los costos en producción en forma de costos ambientales que pagamos todos los bolivianos.  

En segundo lugar, el libre mercado que tienen en mente los agroempresarios es libre exportación, pero sin perder los beneficios de la intervención estatal. Por eso, una de sus demandas es eliminar los certificados de abastecimiento interno que fijan cuotas y topes de exportación. Si fuera así, también tendría que eliminarse las subvenciones a la soya y la carne y si ello ocurre, perderían competitividad en el mercado externo. La cruda realidad es que la productividad del agro boliviano es demasiado baja en comparación con los países competidores. El sector agropecuario no sería lo que es si en verdad rigiera el libre mercado donde todos compiten bajo las mismas reglas de juego y su eficiencia económica determina si ganan o pierden.

Sin embargo, estos antecedentes no legitiman ni justifican la decisión del gobierno de Arce de suspender las exportaciones. Cualquier intervención en el mercado tiene que ser de naturaleza económica y debe estar orientada a corregir fallas en el funcionamiento del aparato productivo. En el caso del aceite, la suspensión estuvo alineada a esta lógica, pero no así en el caso de la carne. La exportación de este último apenas representa el 10% del mercado, de modo que cualquier variación no conlleva efectos desestabilizadores para el mercado interno. Dicho de otro modo, las principales razones de la elevación del precio de la carne en torno al 50% no son atribuibles a variaciones en el 10% del mercado de exportación.

Entonces, la suspensión de la exportación de carnes no es una medida económica. Al contrario, todo indica que el gobierno utilizó como un arma coercitiva, rayando en un comportamiento propio de un matón que extorsiona al que se encuentra en desventaja. El gobierno podría descalificar lo dicho, señalando que la escalada del precio se está revirtiendo, por lo que la suspensión fue una medida económica acertada y necesaria. Pero es una asociación engañosa. La medida coercitiva sirvió indirectamente para frenar los precios especulativos, pero no para corregir las fallas de funcionamiento de la economía nacional.

Suspender las exportaciones no es una medida aplicable para todos los casos. Por eso, no tiene sentido alinearnos a ciegas con el intervencionismo o, por el contrario, con el libre mercado. Quienes aplauden la decisión del gobierno en contra de los ganaderos, en realidad están legitimando una medida antieconómica que empeora el problema de fondo. Y quienes rechazan la intervención estatal a nombre de un libre mercado que no existe, cuidan intereses y privilegios económicos y, en última instancia, defienden la indeseable dependencia como Bolivia del rentismo de los recursos naturales.