Huachicol boliviano

En anteriores artículos de opinión, de manera reiterada, manifesté que el crimen organizado en la región se ha diversificado hacia actividades ilícitas que supongan ganancias multimillonarias y en poco tiempo. Insisto en que las mafias de hoy trafican con cocaína, metanfetaminas, armas, migrantes, oro, órganos de seres humanos, piedras preciosas, recursos naturales, mercurio, fentanilo… En México, hay carteles que hacen grandes negocios con el tráfico de diésel y gasolina mediante el “huachicol fiscal”. ¿Estará pasando lo mismo en Bolivia?

El “huachicol fiscal” se refiere al robo y desvío de combustibles (principalmente gasolina y diésel) mediante a toma clandestina de la infraestructura de suministro como tuberías, ductos y estaciones de bombeo. Es un fenómeno que no solo favorece al mercado negro de los carburantes; implica la evasión de impuestos y provoca pérdidas millonarias para el erario, ya que los combustibles sustraídos no son registrados como ventas oficiales ni como ingreso fiscal.

Se trafica con grandes volúmenes que ingresan o salen de México. Los criminales los venden en el mercado negro como combustibles o precursores, a veces manteniendo una apariencia de operación legítima para evitar sospechas. Las autoridades mexicanas dicen combatir el “huachicol fiscal” con labores de inteligencia, operativos policiales y militares, bloqueo de ductos y reformas regulatorias para mejorar la trazabilidad y la seguridad en la cadena de suministro.

Anabel Hernández, periodista mexicana dedicada por décadas a la investigación del crimen organizado en su país y sus vinculaciones con el poder político de turno, ha realizado en los últimos días una preocupante afirmación en su exitoso podcast denominado Narcosistema. Ha dicho que en México se ha constituido un “cartel del huachicol” conectado y financiado por los carteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Se encargan del control de las rutas y las tomas clandestinas de ductos, asegurando ingresos para sostener el resto de actividades criminales. Gestionan la logística, distribución y la venta de combustibles robados en México mediante alianzas con redes locales para evitar la intervención policial, pero sobre todo con el concurso de autoridades corruptas de alto nivel y empresarios, también corruptos, que han hecho del tráfico de carburantes o “huachicol fiscal” una actividad megalucrativa.

Hernández afirma que el “huachicol fiscal” se ha consolidado en el sexenio del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos representantes de Morena, sobre la base de la corrupción y la protección institucional que parten de la propia presidencia mexicana. El huachicol es considerado como la segunda fuente más grande de recursos, después del narcotráfico.

Con las distancias del caso, en Bolivia puede haberse conformado una red vinculada al tráfico de combustibles que escasean en los surtidores por la prolongada crisis energética, pero que son ofertados en el mercado negro a precios exorbitantes; el mantenido funcionamiento de Botrading, trader o intermediaria para que YPFB se venda a sí misma diésel y gasolina con jugosas comisiones; el desvío de millones de litros a sectores que pueden pagar precios elevadísimos; y el contrabando a países vecinos —denominado a la inversa— para su comercialización a precios internacionales.

Dirigentes del transporte pesado del occidente boliviano han denunciado recientemente que los surtidores que solían vender entre 20 y 25 mil litros de diésel, ahora no pasan de los 5 y 7 mil litros; el resto es desviado a la minería cooperativizada que demanda grandes cantidades y está dispuesta a pagar entre 12 y 14 bolivianos por cada litro. El carburante importado a precios internacionales para ser comercializado con subvención en el país termina generando enormes ganancias para quienes desvían el diésel, una actividad ilegal que no puede existir sin la protección y el concurso del Gobierno, en los más altos niveles.

Algo similar estaría ocurriendo con sectores agropecuarios. Importadores que consiguieron la libre internación de diésel, aunque la burocracia estatal sigue siendo el cuello de botella, se han visto con millones de litros de diésel en sus depósitos privados debido a la competencia desleal que está produciendo el desvío del combustible que es vendido a los “necesitados” empresarios del agro que pagan hasta 13 bolivianos por litro entregado en propiedades del oriente del país.

Las entidades que deben fiscalizar que el diésel subvencionado sea vendido correctamente hacen la vista gorda y las largas filas se mantienen en los surtidores con vehículos cuyos conductores no pueden pagar los altos precios transados clandestinamente. YPFB justifica su inacción señalando que su responsabilidad acaba con la provisión de los combustibles a las estaciones de servicio y la ANH ha dejado de hacer operativos para dar con quienes estarían traficando diésel o gasolina. De hecho, no hay sentenciados por esa actividad ilícita.

A pesar de haber sido investigada por una comisión de la Asamblea Legislativa, la intermediaria Botrading ha seguido siendo contratada por YPFB para la llegada de volúmenes de diésel —10.000 metros cúbicos el 9 de septiembre—, a fin de garantizar el suministro por un tiempo más, unas semanas después de que la gestión de Luis Arce acabe el 8 de noviembre. La comisión que investigó el caso Botrading mostró sus sospechas de que haya sido un mecanismo para el lavado de dinero mal habido.

El pasado fin de semana, El País de Madrid informó que el magnate estadounidense James Jensen y su familia fueron acusados de haber introducido en los últimos tres años, desde México, 2.881 cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita, haciéndolo pasar por otro tipo de productos para eludir los impuestos en la aduana fronteriza. Para sostener su empresa ilegal, que les dejó una ganancia de 300 millones de dólares, los Jensen recibían ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación. ¡Qué tal!

Entre las varias tareas que esperan al nuevo gobierno de Bolivia, una de las urgentes es la apertura de la caja negra que supone Botrading y el presunto tráfico de carburantes en plena crisis energética. La investigación de la comisión parlamentaria puede ser el punto de partida para indagaciones más profundas que pueden dar como probable resultado la instalación y funcionamiento de una red criminal en el sector de hidrocarburos, una especie de “huachicol boliviano” porque, reitero, no se puede concebir una actividad de ese calibre sin la corrupción de altos niveles gubernamentales.

 

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.