En tiempos de triste recuerdo, circulaba un chiste –los bolivianos le encontramos gracia hasta a las desgracias– que decía así:
–¿Por qué los coroneles se cuadran ante el hambre cuando lo ven pasar?
–Porque el hambre es General.
Ciertamente, en tales términos, ya no es tan así –podríamos decir, para seguir con el chiste que ahora el hambre sólo es “Mayor”–.
Lo que sí ascendió a General es la desinstitucionalización por lo que hoy todos los grados inferiores se cuadran ante ella.
La expresión más grosera –y las ha habido otras de grueso calibre en lo que va del régimen masista– de tal estado de la no-institucionalidad ha sido el brulote que se despachó el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien ha llegado a afirmar que las FFAA son “el brazo armado del Gobierno” (a efectos de amedrentar, perseguir y, en última instancia disparar contra quienes no comulguen con el régimen).
Cierto es también que, desde tiempos del Gobierno del señor Morales Ayma, los militares jugaron a la política de forma explícita –adoptando el eslogan del régimen, “¡Patria o muerte, venceremos!”, en lugar del institucionalista “Subordinación y constancia”– pero no llegaron tan lejos como Zúñiga.
Este personaje le debe el cargo al MAS, que lo promovió a la comandancia, a pesar de no calificar para la misma dado que era uno de los peores de su tanda –es como que el burro del curso fuera presidente del mismo–. Lo que le faltó en capacidad quiso compensarlo con extremo llunkerío, pero, en tal afán, se pasó de revoluciones.
Aunque en nuestra historia no ha sido infrecuente –durante décadas fue más bien “la regla”– la incursión de militares en política, inclusive con denominaciones propias (Radepa, “Vivo rojo”), durante las dos primeras décadas de la democracia, los militares se replegaron a los cuarteles cumpliendo el rol que la Constitución les asigna –en determinado momento, tuvieron que ocuparse de ejecutar un estado de sitio, confinamiento incluido–.
Alguna vez observé que la palabra “militar” es unas veces sustantivo y otras, verbo –no debe haber muchas así–. Pues bien, durante el tiempo en el que el régimen masista ejerce el poder, los nuestros antes que militares los jefes de las FFAA son militantes (del “proceso de cambio”) y no hicieron nada por disimularlo.
Pero, sin ser “brazos armados”, otras instituciones empuñan otro tipo de armas para la persecución y la penalización (cárcel) contra ciudadanos y autoridades que cuestionan el accionar del régimen. Los órganos de la justicia, en general, están al servicio de éste.
Mención aparte merece el Tribunal Constitucional (al que le aumentaron lo de “plurinacional”). Este órgano fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, bajo la consideración de que la interpretación y control constitucionales, ejercidos por el Parlamento hasta entonces, no debían realizarse en esa instancia de carácter político. El supuesto era que con una instancia independiente se evitaría la “politización” en las resoluciones y fallos constitucionales. La idea funcionó relativamente bien hasta que el MAS cooptó (elecciones judiciales incluidas) dicha institución. Y, ya sabemos, hoy se debate en una crisis de legitimidad y legalidad por la autoprórroga que se regalaron sus miembros y que cuenta con la “bendición” del ala “arcista” del régimen.
La desinstitucionalización es General y amenaza con liquidar a la democracia, a tiros o a fallos.