Fraudes

“El general Pereda es un hombre íntegro (…) tiene capacidad para llevar adelante los destinos de la patria y una concepción cabal del proceso de desarrollo nacional”. En diciembre de 1977, otro militar, nada menos que el presidente de facto Hugo Banzer Suárez, describía con esas palabras a su delfín o aspirante a sucesor, el general de aviación Juan Pereda Asbún. 

Después de 12 años de haber sido privado de las urnas, el pueblo boliviano se preparaba para elegir gobierno. La avería estaba en que los comicios carecían de piso parejo para los competidores. Banzer apostaba por la papeleta verde y había instruido al aparato del Estado que trabajara con ahínco por la candidatura oficialista.  El Ejército, cuenta Gary Prado (1987), fue cauto, pero la Naval y la Fuerza Aérea arroparon entusiastas a Pereda. No era la primera vez que un gobierno se entregaba a la campaña electoral de algún fortuito favorito, sin embargo, esta vez, la gente no iba a tolerarlo.

Tras aceptar desganadamente, huelga de hambre mediante, una amnistía irrestricta para todos los exiliados, Banzer ajusta las tuercas. El 6 de abril de 1978, los comandantes de todas las grandes unidades militares e institutos se reúnen en La Paz para fijar postura sobre el proceso electoral.  Un boletín de noticias filtra días después el documento completo de los generales. Allí resalta un párrafo infame: “Vigorizar la candidatura del señor general Juan Pereda Asbún mediante el apoyo unánime del supremo gobierno y de las Fuerzas Armadas de la Nación”. A tal determinación, se adjuntan siete recomendaciones, todas ellas redactadas para favorecer a la llamada Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), el frente detrás de Pereda. Se habla incluso de un “plan de acción psicológica” para “neutralizar a los grupos opositores”.

Los esperados comicios se celebraron el 9 de julio de 1978. Según el escrutinio oficial, la UDP, el frente de izquierda encabezado por Siles Zuazo, iba primero en Chuquisaca, el PDC, con el general René Bernal Escalante como candidato, ganaba en Oruro, y la UNP, en los restantes siete departamentos. Desde las primeras horas del día siguiente se apilan las denuncias de fraude. Los propios militares están involucrados en el secuestro de ánforas. Campesinos del departamento de La Paz sortean a pie los controles para entregar personalmente urnas y documentos al escrutinio final. No están dispuestos a aceptar el robo.

Al ver escalar la verdad, Banzer decide deslindarse de las irregularidades y se niega a defender el proceso. Abandonado por su padrino, Pereda pide que se anulen las elecciones.

Ese año, 1978, el conscripto Evo Morales Ayma vestía orgulloso su uniforme de Policía Militar y custodiaba el ingreso al Estado Mayor de Miraflores, donde funcionaba su regimiento, el Ingavi de Artillería.

Junto a sus camaradas, Evo fue desplazado hacia Coripata, en Los Yungas, para contener la furia cocalera que se había hecho acción carretera en defensa del voto. La lucha contra el fraude lo sorprendía del lado de los tramposos. Cuenta Morales que en aquellos días hubo un muerto del lado de la resistencia. Un teniente disparó contra los movilizados. Los soldados se rehusaban a balear a sus hermanos.

Han pasado casi 42 años de aquel episodio que reabrió de mala manera nuestra historia electoral. Evo ya no está al servicio de ningún general golpista, pero la vida lo ha vuelto a poner del lado de los tramposos. Para hacer más creíble su postulación al Premio Nobel de La Paz, sus amigos en Estados Unidos encargaron un penoso ejercicio estadístico en un intento por desmentir ante la prensa internacional el flagrante fraude del pasado 20 de octubre. No es un estudio del prestigioso MIT sino un cálculo de probabilidades ensayado por dos académicos de ese instituto, contratados por una entidad claramente identificada con el chavismo y el correísmo.

De ese modo, Evo ha vuelto a operar como soldado del fraude, éste vez, uno digitado a su favor por los vocales emanados de sus dos tercios en el Parlamento. La negación del fraude de 2019 viene de Mark Weisbrot, el arquitecto del fallido Banco del Sur y de Guillaume Long, excanciller de Correa. Son los “científicos” que le pagaron a John y a Jack para que sostengan un modelo de poder del que no han sido capaces de tomar distancia. Si solo supieran que, al igual que Pereda en 1978, al verse descubierto, fue Evo el que propuso anular esas elecciones y convocar a otras con nuevos árbitros. 

Rafael Archondo es periodista.