Empresas chinas y capital corrosivo

El “capital corrosivo” refiere a un tipo de negocios espurios, basados en malas prácticas empresariales, que erosionan la institucionalidad, la legalidad y la ética pública en las relaciones del Estado con agentes privados. El fenómeno del capital corrosivo está muy asociado a la presencia de capitales pertenecientes o vinculados a regímenes autoritarios, capitales que aprovechan la debilidad del sistema institucional en los países receptores, como es el caso de Bolivia, para promover y hacer negocios que pueden resultar contraproducentes para la vida económica y política nacional. El libro de Milenio El capital corrosivo y los retos de buena gobernanza (2021), explora y documenta casos concretos de flujos financieros tóxicos; y analiza los riesgos y amenazas que conllevan para el desarrollo democrático y para un crecimiento económico sano y sostenido.

La penetración del gigante asiático

En las últimas décadas aumentó la influencia de China en la economía latinoamericana. De alguna manera, China viene a llenar el vacío que deja el retroceso que experimenta la influencia de Estados Unidos, y en medida de Europa, en la región. Para países como Chile, Perú, Brasil, Argentina y otros, China se ha convertido en su principal socio comercial, sus exportaciones dependen cada vez más del mercado chino; las inversiones de empresas chinas son crecientes en sectores estratégicos. Bolivia no es ajeno a la penetración del gigante asiático. El comercio, el financiamiento, las inversiones directas son parte su estrategia de poder blando, que consiste en mostrar al mundo un modelo de desarrollo autoritario exitoso, como alternativa al capitalismo liberal de Occidente.

Se sabe que bajo el gobierno de Evo Morales se intensificaron las relaciones comerciales, financieras y políticas de Bolivia con China. La cooperación china ha sido muy importante para la consolidación del régimen autocrático y populista en Bolivia. Pero también se constata que la alianza política con China contiene una carga pesada para el país. Veamos:

El 80% del endeudamiento bilateral se hizo con China, a través de los bancos estatales EximBank y China Development Bank Corporation. De este modo, China se convirtió en el mayor acreedor bilateral de Bolivia. Pero el financiamiento de China no es barato: el costo financiero de esta deuda está por encima del costo de toda la deuda externa del país. Una característica de este tipo de financiamiento es que viene condicionado a la contratación de empresas chinas para la ejecución de obras públicas y la compra de equipos, maquinaria e insumos. Se explica así la gran cantidad de empresas chinas que han llegado a Bolivia, no como inversoras, sino como contratistas del Estado.

Las contratistas chinas

El estudio de Milenio ha identificado 28 empresas, entre los años 2009 y 2018, que han operado en Bolivia bajo contratos con el Estado, por un monto de alrededor de 6.000 millones de dólares, equivalente al 14% del PIB boliviano. Aunque no todo el financiamiento de estas obras y contrataciones ha provenido de créditos chinos; en realidad, una buena parte de los proyectos se financiaron con recursos del TGN y del BCB.

En una muestra de cuatro empresas chinas (CAMCE, China Harzone, China Railway y Sinohydro), analizadas en el estudio, se ha podido constatar que la adjudicación de contratos no fue mayormente por medio de licitaciones públicas y en competencia con otros proveedores, sino, más bien, bajo la modalidad de invitación directa o por excepción. Ello sugiere un trato al menos privilegiado. Las adjudicaciones por invitación directa se vieron facilitadas por varios decretos de dudosa necesidad y justificación, y frecuentemente apartándose o contraviniendo la Ley SAFCO.

El análisis de los contratos con empresas chinas evidencia muchas irregularidades, como la adjudicación a empresas sin experiencia en el rubro, el abuso de la modalidad de llave en mano, deficiencias recurrentes en la calidad de las obras, incumplimientos reiterados en los plazos de entrega, elevación de costos, conflictos laborales y ambientales; incluso algunas denuncias de corrupción. Son ejemplos elocuentes de malas prácticas empresariales y negocios espurios.

Para combatir el capital corrosivo

Los desafíos de buena gobernanza (a los que alude el título del libro) tienen que ver con las brechas o déficits de gobernanza en Bolivia. La gobernanza refiere la capacidad del Estado de gestionar políticas, planes, proyectos y recursos con eficacia, eficiencia y legitimidad, es decir, producir resultados que resuelvan los problemas y necesidades del país y de la gente, y en conformidad con las leyes y las regulaciones vigentes.

Lo que se observa en la experiencia boliviana es que los capitales corrosivos aprovechan de la fragilidad de nuestras instituciones, la ausencia de Estado de derecho y falta de fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos, para favorecer sus intereses y beneficiarse de negocios turbios, creándose un círculo vicioso: el capital corrosivo prospera en medio de las falencias de nuestro Estado, al tiempo que sus prácticas tóxicas corroen y corrompen nuestra endeble institucionalidad y capacidad de gestión pública. La consecuencia es un sistema de gobierno que actúa discrecionalmente, que se salta la ley y la legalidad, que no rinde cuentas de sus actos, y que escapa al control y la fiscalización de la sociedad y de otros poderes públicos.

La respuesta al capital corrosivo no puede ser otra que cerrar las compuertas y los resquicios en el Estado que permiten que las conductas empresariales corruptas permeen y erosionen las instituciones y la administración pública. Esto significa básicamente tres cosas: institucionalidad, legalidad y transparencia. Tres pilares para mejorar la calidad de gobierno, y sobre todo los procesos de contratación para obras públicas y compras estatales. Y también para la negociación de préstamos extranjeros y créditos internacionales, de manera de lograr un manejo cuidadoso, eficiente y honesto de los recursos fiscales que se asignan a los proyectos de inversión pública.

Henry Oporto es director de la Fundación Milenio.