19/06/2019
Sin Máscaras

El narcotráfico envenenó al gobierno y penetró al Estado

Gregorio Lanza
Gregorio Lanza
A estas alturas para nadie es un secreto que existe una imbricación entre el narcotráfico y las esferas políticas del partido de gobierno. Según fuentes cercanas al poder, el Presidente lo sabe, pero nada puede hacer pues significaría desmontar el tinglado que el también, de diversas maneras, ha contribuido a edificar.
La información de la existencia de clanes del narcotráfico, ubicados en el Beni muchos de ellos, como el de Mayerling Castedo Molina, vinculados al partido de gobierno, se los asocia de alguna manera con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pues él durante años ha sido y es el responsable político del departamento del Beni y ha construido las relaciones y estructuras del partido ligadas a los grupos del poder de la región.

Por otro lado, también habría que mencionar la responsabilidad, por acción, omisión o vinculación, del ministro Carlos Romero con el Grupo Montenegro, que a través de los exoficiales de la Policía Kurt Brun, Fernando Moreira y Gonzalo Medina, manejaba la línea Chapare-Santa Cruz-Panamá, se añaden sus vínculos con el exalcalde de Warnes, Mario Cronembold, a quien justamente compró un club de fútbol de primera división. Cronembold ya había sido detenido una vez por por vinculaciones con el narcotráfico y ha sido relacionado con el presunto narcotraficante John Wilson Díaz, de la línea a Paraguay, quien cayó recientemente con 300 kilos de cocaína.

Las autoridades han reaccionado a estas acusaciones con amenazas de procesos y/o que están dispuestos a someterse a una investigación, pero también está claro que todos los poderes, Judicial, Legislativo y otras instancias llamadas por ley a investigar, están bajo su control; entonces, cualquier demanda está destinada al fracaso. Lo propio pasó con las innumerables peticiones de informes o interpelaciones que se realizan en el Legislativo, donde más bien las autoridades salen felicitadas por su buena actuación.

Más allá de estos nombres y el rol coyuntural que desempeñan en el gobierno, se necesita descubrir las causas más profundas del grado de penetración del narco en el gobierno y el Estado. Una primera aproximación dirá, siempre fue así, que el narcotráfico, que posee un inmenso poder económico, exige tener poder político, así fue en Colombia y en México. Efectivamente ello es así, pero son insuficiente las generalidades para el caso boliviano, es importante investigar sus particularidades.

Un primer acercamiento nos dice que por lo menos existen tres causales. La primera es que los productores de coca del trópico de Cochabamba –que además tienen un poder inmenso en la región, son el Estado mismo, han pasado de productores de coca a productores de pasta base. Esto profundiza los vasos comunicantes con los traficantes y exportadores; y lo que trasforma este hecho en una amenaza para el Estado es que su líder es al mismo tiempo Presidente del Estado Plurinacional.

Un tercer aspecto es que la industria ilícita de la droga ha penetrado amplias estructuras económicas y sociales del país, como ser las poblaciones de las zonas fronterizas y del altiplano, que además son parte del apoyo al trasiego de droga en el caso de Perú. En Bolivia, la extensa imbricación productiva, en servicios, transporte y logística de la industria de la cocaína es, a diferencia de Perú y Colombia, muchos más redistributiva, llega a amplias regiones y a estratos bajos que, a pesar de la propaganda gubernamental, siguen viviendo en pobreza estructural. Así, producción rural, contrabando, comercio informal, y por supuesto banca y gran comercio se reciclan y reciben de una y otra manera los dineros del tráfico de droga.

Finalmente, si bien es difícil caracterizar al actual gobierno y es totalmente insuficiente decir si es de derecha o de izquierda o a qué clase cuyos intereses sirve –siguiendo el análisis de raíz marxista–, los datos muestran que el MAS es un gobierno capitalista de las élites (empresariales, sociales, étnicas, militares) con un caudillo y un partido electoral prebendal y clientelar.

Por eso el partido de gobierno no tiene estructuras ni contornos definidos ni reglamentos que valgan; son pocos los jerarcas masistas que han logrado estructurar un aparato sólido, son los casos de Romero en Santa Cruz y Quintana en Beni.

El MAS es un partido “atrapa todo”, cualquiera que tiene recursos puede ingresar a él, basta que regale camisetas, financie transporte o de alojamiento y comida a los militantes. Superó en ese sentido al MNR debido a la gran cantidad de recursos ilícitos y discrecionales que manejan estas elites. Los dineros pueden ser de las recaudaciones de los empleados públicos, que subieron al doble en 10 años de gobierno; o de las comisiones que existen en cada una de las obras, casi todas sin licitación; o en el caso que analizamos, del narcotráfico.

Así, éste es un problema muy grave que ha envenado al gobierno y junto a la corrupción lo está conduciendo a un debilitamiento sistemático (como ser las pungas internas), y porque además ha penetrado al Estado. Poder Judicial, Legislativo (en menor cuantía), Policía, etc., lo que lleva a un deterioro de la seguridad ciudadana y aumenta el descontento de sectores de la población.

Los organismos internaciones, en el caso del sistema de Naciones Unidas, ha seguido la lógica de servir de manera funcional al Estado; y por eso la UNODC mira de reojo a los grandes problemas que empieza a generar el derrumbe del sistema de control antidroga en Bolivia.

Este sin duda es y será un serio problema, que solamente podrá abordarlo un próximo gobierno, con firmeza, pero al mismo tiempo con cautela y realismo para gestionar el control de un negocio ilícito causado –al final de cuentas– por una política antidroga internacional que ha fracasado.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas. Respalda a la campaña de Carlos Mesa.