La última semana ha estado profusa en
declaraciones desaforadas provenientes de las huestes del régimen –en sus dos
alas visibles– en torno a un hipotético escenario a futuro en relación a la
situación del señor Evo Morales. El propio sujeto ha asegurado que si no es
habilitado como candidato a la presidencia se desatará una convulsión social en
nuestro país. Más explícitos –o más torpes, si se quiere– han sido dos de sus
seguidores quienes, a su turno, amenazaron con que si el cocalero no es
habilitado “correrá sangre” y que tal personaje será candidato “por las buenas
o por las malas”. Por el lado arcista, el alcalde de Sucre ha advertido que
“Bolivia puede arder” si aquel individuo es habilitado.
¿Qué sensación le producen dichas afirmaciones a usted? ¿Las entiende como retóricas? ¿Le causan ansiedad? ¿Las toma a la ligera? ¿Las considera como una incitación a la violencia?...
Hago esta introducción con motivo de la imputación penal que un parlamentario evista le inició al ingeniero (El Inge) Édgar Villegas, rápidamente secundada por el ala arcista –parecería que el régimen “Lima” asperezas cuando se trata de perseguir a ciudadanos que no comulgan con su línea–, y vuelvo a preguntarle, ¿alguna vez, en 2019 o años después, escuchó de boca del Inge expresiones siquiera parecidas a las mencionadas en principio?
Lo hago –preguntar eso– porque el cargo que pesa sobre Villegas no podía ser más risible: “instigación pública a delinquir”. Compare los términos empleados por los masistas antes citados y los términos (técnicos) que empleó el Inge cuando evidenció el fraude electoral que entonces (2019) fraguó el régimen cuando aún no se había resquebrajado.
Lo que mi memoria trae al presente es que dicho profesional, a más de detallar los datos informáticos –con cierto pánico escénico, probablemente porque no estaba acostumbrado a los medios, ni los buscó– no mencionó, ni por error, otro criterio que no fuera, precisamente, el técnico.
Es decir que la acusación se cae por su propio peso; tanto es así que, acogida en primera instancia, la misma fue matizada por la Fiscalía y por otras instancias judiciales. En sí misma es insostenible.
Tengo la impresión, más bien, de que la contundente reacción de la opinión pública ante semejante atropello, persuadió al oficialismo para no abrirse otro frente en el campo de los derechos humanos… ya es demasiado con desoír las recomendaciones del GEIAE y de la CIDH como para seguir violándolos.
Detrás de este nuevo intento de amedrentar a la ciudadanía para que no vuelva a denunciar los abusos de los poderosos de turno está la herida causada al régimen por el descubrimiento del fraude perpetrado en aquella oportunidad y por las consecuencias del mismo; curiosamente, se puede considerar a Arce Catacora como el beneficiario más directo de la denuncia del Inge.
Para mayor desazón del régimen en su (des)propósito de cambiar la historia, está el hecho de que coincidentemente con la arremetida contra Villegas, el “consultor” de la Universidad de Salamanca contratado por el gobierno de Arce que evacuó un “informe” que negaba el fraude, había sido, él mismo, un fraudulento compulsivo. Así es que, como lo dijimos en su momento, tal documento, hecho “a la carta”, carece de valor científico –carece de seriedad, realmente–.
Luego de cuatro años de “anonimato”, estos días vimos a un Inge más “canchero” en su desenvolvimiento ante los medios y muy firme en su defensa de la democracia, carajazo incluido.
@brjula.digital.bo