El informe de la CIDH es un secreto a voces en Bolivia

Después de cada informe internacional sobre la situación de la justicia y los derechos humanos en Bolivia la confusión reina entre los bolivianos, como es el último que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, bajo el título Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Boliviaque analiza la situación de derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023; los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.

¿Por qué la confusión? Porque los resultados y críticas de este informe y de los anteriores tiene dos o tres lecturas diferentes. Desde la óptica del poder se señala que están cumpliendo con todos los parámetros de lo establecido en ese informe, estando ausente el análisis y la autocrítica, a pesar que el informe es claro en señalar las debilidades y las vulneraciones de los derechos humanos en Bolivia. Luego aparecen los dirigentes y escribidores del poder para repetir lo afirmado por algún ministro.

Desde la óptica de la oposición y de organismos de derechos humanos se arguye que el informe es lapidario, funesto y crítico contra el gobierno en cuanto a la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos para los bolivianos, mucho más para el sistema judicial sumido en un servilismo vergonzoso ante el gobierno de turno. Pasó lo mismo con  Evo Morales, con Jaenine Añez y con Luis Arce.

Mediados en estas visiones, están los medios de prensa, que en el caso de la prensa del poder repite los libretos del gobierno y sus operadores, sin  entrar a profundidad en las conclusiones. Y al frente de la vereda, los otros medios de prensa, más críticos se concentran en señalar cada una de las falencias y observaciones que hace la CIDH en este importante informe, que no ha dicho nada nuevo para Bolivia.

Además, que casi todo lo que el informe de la CIDH señala, de una manera u otra, en Bolivia es vox populi, es un secreto a voces, porque ya nos encargamos periodistas, intelectuales, politólogos, analistas, ONGs, instituciones de derechos humanos de identificar lo que venimos arrastrando hace muchos años en lo que respecta al funcionamiento del sistema judicial, sumido en una profunda crisis; de la polarización violenta que hace más de catorce años es el pan de cada día; de la falta de atención a los temas ambientales, a pesar del discurso pachamamista del poder; del uso de la justicia para fines políticos, de la cual los fiscales y jueces llegan a ser meros operadores del poder para procesar, acallar, meter a la cárcel a los que hablan fuerte y crítico contra el gobierno; la concentración de la publicidad estatal para medios del poder y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Todo eso ya lo hemos dicho varias veces, pero como ahora se trató de un informe internacional, reiterando los mismos puntos, con otras palabras, recibe la atención de primera línea del gobierno, la oposición, los analistas, los medios de prensa, las redes sociales, lo que reafirma que en Bolivia hay temas pendientes que resolver, y urgentes en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia, entendida ésta como derecho humano.

¿Qué dice el informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia? Entre otras cosas, apuntamos tres elementos centrales: La necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros.

Da cuenta de la continuidad de la debilidad institucional histórica, afectada por la polarización política profundizada y analiza cómo este fenómeno social agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país. Además de afectar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión.

El informe analiza los desafíos históricos del sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana, en toda su diversidad, desconfíe profundamente del órgano judicial; especialmente, del sistema penal, percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder. La CIDH observa que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.

Pues bien, ahora ya no se trata de instrumentalizar o usar este informe internacional a conveniencia de cada sector, si no de aplicar sus recomendaciones y asumir que los derechos humanos nos hacen más humanos a todos, a un gobierno lo hace más democrático y digno, y al sistema judicial lo convierte en un pilar de la democracia y una esperanza para la gente, si es que los fiscales y jueces actúan con rectitud.

Hernán Cabrera es periodista