El gobierno cree que lo que es bueno para los bancos es bueno para los trabajadores

Con el DS 4272, el gobierno aprobó una veintena de medidas que tienen el destino declarado de reactivar la economía y el empleo. Aunque contempla medidas no financieras interesantes que comentaremos en una próxima oportunidad, éstas no son factores determinantes, especialmente en relación al empleo. Lo que es incuestionable es que acceder a financiamiento no es la solución a todos los problemas y, menos, que garantiza la sostenibilidad de las empresas. El problema del DS es que prácticamente la totalidad de los recursos que entrega para la reactivación son destinados a los bancos bajo el supuesto de que los prestarán a las empresas y éstas ayudarán a que se recupere la economía. Eso no sucedió ni sucederá.

A lo largo de 14 años de gestión, contradiciendo su discurso de izquierda “anticapitalista”, el MAS empujó la bancarización y la financiarización, con bolivianización de la economía de por medio. Pero más allá del discurso hemos mostrado que los resultados en los últimos 10 años están muy lejos de ser positivos para la economía y para la sociedad. En resumen, el endeudamiento acelerado de las empresas y de los hogares superó el ritmo de incremento de la economía real, llevándonos a la peligrosa situación de financiar el bienestar presente hipotecando los ingresos futuros.

Por ejemplo, no hay relación directa entre los crecimientos de la cartera bancaria y el del PIB, especialmente de los sectores generadores de valor y empleo; y lejos de diversificar el aparato productivo, se incrementaron las actividades especulativo-rentistas y el “empleo” precario e informal: en 2018, el microcrédito era 32% de la cartera; en ese sentido, dos tercios de la cartera total están en sectores no transables y de muy baja productividad, destacando un 42% en servicios inmobiliarios y construcción y un 17% en comercio.

Sin embargo, ese gobierno defendió la financiarización con el pueril argumento que “si los bancos ganan mucha plata, el Estado se beneficia con impuestos”. Efectivamente, el Ministerio de Economía dijo el 31 de enero de 2018 que “entre 2005 y 2017 los bancos presentaron utilidades acumuladas netas por 2.239 millones de dólares, que representa un crecimiento de 802%”. El sistema financiero multiplicó sus utilidades 15 veces respecto al “período neoliberal” y triplicó su patrimonio, de 900 millones de dólares en 2009, a 2.800 millones en 2018, lo que equivale a casi cinco veces lo que el Estado desembolsa anualmente para pagar los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y la renta Dignidad.

Lo que el gobierno del MAS convenientemente ignoró (aunque lo hicimos notar varias veces) es que todos los ingresos del sistema financiero reducen los ingresos de la economía real: en 2018, los ingresos financieros fueron 17.400 millones de bolivianos (10,3% de la cartera); sumando los “otros ingresos operativos”, el sistema extrajo 21.500 millones de bolivianos (3.100 millones de dólares), equivalentes al 12,7% de la cartera, de los ingresos de las unidades económicas y hogares prestatarios. Ese total es comparable a los 23.000 millones de bolivianos que requiere el actual programa de reactivación.

Con estos antecedentes, es sorprendente que el gobierno transitorio centre su estrategia para reactivar la economía y empleo (¿a corto plazo?) en medidas financieras. Dar al “banco” más dinero para que preste para reactivar la economía significa que los negocios y los hogares deben asumir nuevas deudas para pagar viejas deudas al banco; es decir, una mayor tajada de sus ingresos futuros deberá ser destinada a pagar intereses, amortizaciones, comisiones, certificaciones, etc.

Este enfoque pone de cabeza al keynesianismo en detrimento de las empresas y trabajadores.

El keynesianismo plantea que, en épocas de crisis, la economía puede estimularse con un mayor gasto público: si el Estado gasta, incluso incurriendo en déficits, inyectará dinero en el sistema, con lo que alimentará transacciones que lo dinamizarán al generar nuevos ingresos. Supone que el dinero sirve básicamente para pagar mano de obra y activos productivos reales (el ejemplo típico es construir infraestructura pública). Si imaginamos la economía como una soga que hay que mover hacia adelante, en el keynesianismo se jala la soga desde la demanda, con el Estado comprando bienes y servicios que son producidos en la economía real (la oferta está en la cola de la soga). Con ello se genera un trabajo que da ingresos a los hogares (capacidad de consumo, en el medio de la soga), cerrando un circuito de flujo entre producción y consumo.

Pero, como nota Michael Hudson, “Wall Street descubrió el ‘keynesianismo malo’ en la forma de quantitative easing, enfoque que celebra los déficits fiscales siempre y cuando el gobierno los gaste en Wall Street y no en la ‘economía real’”.

Volviendo a la alegoría de la soga, el keynesianismo malo –de cabeza–, empuja la soga desde la cola (la oferta), sin necesariamente garantizar que exista una demanda compatible con la oferta. Por ello, la creación de valor, de empleo y, especialmente, de ingresos, no pueden asegurarse a pesar que las empresas y los hogares asumen de inicio el costo de la intermediación financiera.

El DS 4272 introduce dos agravantes adicionales. Primero, en todos los casos de ofertas de créditos, el intermediario financiero debe aprobarlos siguiendo la normativa vigente (Ley de Servicios Financieros) que elimina prácticamente el riesgo a las entidades financieras (anota garantías reales por más del 100% del crédito); el DS añade fondos de garantía en los que el Estado garantiza hasta el 50% del crédito, aliviando aún más los servicios de seguimiento que justificarían el (alto) spread en favor de los bancos.

Segundo, y como el tema de fondo vinculado al modelo y las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazos, la financiarización es la inocultable causa de la creciente concentración del ingreso y de la desigualdad. Esta obviedad ha sido finalmente aceptada por el FMI, el Banco Central de Inglaterra y el Bank for International Settlements, las “catedrales” del pensamiento neoliberal. En Bolivia, los síntomas son la reprimarización productiva y la desindustrialización, la magnitud de los activos financieros, que ya supera el PIB a precios básicos, controlada por pocas familias, y la precarización e informalización del empleo que, desde 2006, se ocultaron políticamente bajo eufemismos como emprendedorismo, microempresa o cuentapropismo.

Finalmente, no es un dato menor que esto sucedió a vista de los trabajadores por la obsecuencia de una COB que cambió principios por prebendas. Debemos recordarles, por ejemplo, que entre 2006 y 2020, la financiarización-bolivianización contrajo proporcionalmente el empleo fabril más que en cualquier período desde 1950, llevando al sindicalismo al camino de la extinción.

No, el DS 4272 no servirá. Lo que hoy es bueno para bancos no es bueno para empresas, hogares ni trabajadores. Pero lo que es bueno para empresas, hogares y trabajadores es muy bueno para bancos progresistas. Necesitamos reactivar la economía y el empleo dentro de este paradigma.

Enrique Velazco, director de INASET, es especialista en temas de desarrollo.