El calvario del incremento salarial en Bolivia

Se avecina el festejo del 1º de Mayo y con ello un nuevo dolor de cabeza para las empresas que producen, comercian y prestan servicios en el marco de la legalidad y la formalidad, ya que con motivo de tal celebración, se anuncian prerrogativas para la “clase trabajadora” -curiosa denominación, por cierto- como si quienes en verdad lo arriesgan todo en beneficio del país -su capital, su patrimonio y hasta su salud- no trabajaran…

La otrora gloriosa y hoy venida a menos Central Obrera Boliviana (COB), como estila hacer cada año, entregó ya su pliego petitorio al gobierno con una aspiración de incremento del 8% al salario mínimo nacional y 7% al básico, diferenciándose de los líderes de la combativa COB de antes, que no solo pedían aumento, sino también, políticas de reactivación en función del país, no como ahora, que su actuación y cálculos políticos sólo tienen que ver con agradar a sus bases…

Como era de esperar, tal irracionalidad, a la luz del desempeño económico del 2023, cuando no hubo segundo aguinaldo por el magro crecimiento, y el hecho que organismos internacionales vaticinan que este año el PIB podría crecer menos del 2%, varios sectores elevaron el grito al cielo. El sentir del empresariado es que el incremento planteado es desproporcionado, tomando en cuenta la baja inflación y el bajo crecimiento del 2023, advirtiendo que afectaría a la inversión y el empleo, al encarecer el producto nacional, favoreciendo al contrabando que compite ilegal y deslealmente al no pagar tributos, de ahí que hasta plantearon “congelar” los salarios en 2024.

Hay que recordar que en 2023 el incremento salarial determinado por el gobierno fue del 5% al mínimo y 3% al básico, considerando la inflación del 2022 que llegó al 3,12%; de ahí que, siendo que la inflación del pasado año fue del 2,12% de ninguna manera correspondería siquiera repetir el incremento del 2023.

Es bueno traer a la memoria, también, que el incremento salarial obligatorio solo se aplica a las empresas legalmente establecidas, en un país en el que según organismos nacionales e internacionales, la informalidad se campea a tal punto que, entre el 80% y 85% de los empleos se dan en tal situación, por lo que quienes tienen que competir contra empresas que no pagan altos tributos ni tienen rígidas obligaciones sociales, lo hallan injusto y alzan su voz de reclamo.

Con relación a esto último, está la preocupación del efecto “en cascada” que produce el aumento salarial, pudiendo llegar a significar una carga superior al 40% para el empleador, sin que suba en igual proporción la productividad del trabajador o las ventas para generar los recursos adicionales necesarios, al subir también las obligaciones sociales como son los aportes patronales para salud, aguinaldo, jubilación, bono de antigüedad, pago de feriados y dominicales, primas, entre otros, pudiendo ocasionar, como consecuencia, la reducción del empleo formal y el cierre o mayor informalización de las empresas para poder sobrevivir.

La baja dinámica económica, la tendencia a un menor crecimiento, la escasez del dólar y su encarecimiento, el mayor costo de los insumos importados, el grave impacto del cambio climático en el agro y la agroindustria, la caída de los precios internacionales de los bienes de exportación, el desborde del contrabando y la informalidad, la inestabilidad política que vive el país, entre otros, configuran un escenario adverso para pensar en incrementos salariales.

Bolivia, es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919, habiendo ratificado 50 Convenios con recomendaciones fundamentales para que el remedio no resulte peor que la enfermedad y un buen deseo no termine perjudicando a los trabajadores. Así, en materia salarial, la cláusula 21 del Diálogo Social y el Tripartismo, sentencia que “no pueden lograrse términos equitativos de empleo, condiciones de trabajo decente, seguridad y salud en el trabajo y desarrollo para el beneficio de todos sin la participación activa de trabajadores, empleadores y gobiernos mediante el diálogo social”. Este diálogo, p. ej., debería llevar a flexibilizar la legislación laboral para que los jóvenes, universitarios, madres solteras, etc. trabajen por horas, sin generar sobrecostos laborales, con lo que ganarían todos, como pasa en muchos países.

Es de esperar que, cumpliendo con la fe del Estado comprometida ante la OIT, el proceso tripartito gobierno-empresarios-trabajadores pueda darse, para que lo que se decida no sea una imposición derivada de una decisión unilateral o un acuerdo bilateral, sino, más bien, de un diálogo donde se escuche al trabajador pero, también, al empleador, para que prime la sensatez, la prudencia y, sobre todo, la empatía de gobernantes y trabajadores, hacia quienes lo arriesgan todo al invertir en procesos productivos, comerciales y de servicios. De no ocurrir esto, un aumento igualitario y obligatorio sería discriminatorio, al darse un trato igual a los diferentes o un trato diferente a los iguales...

Gary Antonio Rodríguez es Economista y Magíster en Comercio Internacional