El bicentenario de la corrupción

“La verdad es que tampoco es mucho dinero lo que quieren recibir algunos para hacer la vista gorda y así poder sacarte de aquí”, le dice Critón al filósofo Sócrates, mientras aguardaba detención en una cárcel de Atenas.

Sócrates le responde: “Si salimos de aquí sin haber convencido a la ciudad de que hacemos lo que debemos hacer, ¿le hacemos un mal a alguien o no?”.

Este hecho no solo quiere significar que la corrupción, expresada en el pago de coimas y sobornos —en este caso— es un mal que la humanidad arrastra desde siglos atrás, y que los gobiernos han tratado de combatir. Algunos con logros, otros más sumidos en la corrupción y la impunidad.

Al contrario de lo que pasó con Sócrates, que prefirió acatar la sentencia y morir bebiendo la cicuta, aunque tuvo oportunidad de escaparse previo pago a sus carceleros, es imposible pensar que ello ocurriera en Bolivia. Más al contrario, estamos inundados de tantos hechos de fugas armadas de las cárceles, sentencias que no se cumplen, pagos de sobornos por contratos, por espacios de poder, etc.

La corrupción, expresada en sus múltiples formas y de todos los precios, ha acompañado la historia de Bolivia durante 200 años, siendo inseparable del ejercicio del poder en todos sus niveles.

La historia está claramente marcada por estas páginas negras de hechos de corrupción, los corruptos y del alto nivel de impunidad que los protege.

Sería interminable y hasta odioso hacer un repaso de la larga lista de casos de corrupción que son parte del devenir histórico y político del país, la misma que está arraigada profundamente en las entrañas de las instituciones de la función pública, empresas privadas, cooperativas, universidades, etc.

¿Por qué la corrupción es inseparable del ejercicio del poder en Bolivia y la arrastramos desde la colonia? Le preguntamos a dos destacados profesionales de Santa Cruz y de La Paz, para que nos ayuden a entender esta vergonzosa realidad.

Daniel Valverde, profesional en Ciencias Políticas y docente de la UAGRM, explica que Bolivia, al ser colonia del imperio español, sus gobernantes dejaron en las estructuras de los pueblos colonizados mecanismos que no tenían nada que ver con la meritocracia, sino con linajes, intereses e imposiciones.

“Hay un desarrollo histórico que acompaña y se traslada al proceso histórico de los nuevos Estados, siendo Bolivia parte, en el que el ejercicio del poder ha estado vinculado a las élites que solo pensaban en sus beneficios y usaban el poder para sus fines clientelares”.

Desde las alturas paceñas, el politólogo y docente de la UMSA, Franklin Pareja, nos ofrece estos datos.

Son factores vinculados al tipo de colonización que Bolivia ha recibido y, en el conjunto de los estados de América Latina, después de su emancipación no han construido esencialmente la institucionalidad, que es uno de los factores vitales para que un Estado funcione con estándares de eficiencia, probidad y exitosa lucha contra la corrupción.

A esa debilidad institucional se agrega el marco del sistema educativo, en el cual hay un enorme déficit, a pesar de que el mismo es la llave maestra para transformar a las sociedades y a sus autoridades.

“Déficit de institucionalidad, elevados niveles de concentración de poder, incurren en prácticas antidemocráticas y, para preservar el poder, impulsan a que la ciudadanía se desenvuelva en la opacidad; la transparencia se extingue, y así logran que los grupos del poder vivan de la corrupción. Para ello deben tener los instrumentos como la dependencia política del sistema judicial, creando así una cultura de la ilegalidad y la impunidad”, precisa.

Cuando ocurre un hecho de corrupción no es un caso aislado, de alguien desesperado por tener más dinero, que robe alguno de miles de dólares o millones, es algo más profundo y dañino para el Estado y la gente.

No solo se trata de un hecho de soborno, tráfico de influencias, engaños, chantajes, coimas por algún contrato u obra adjudicada o robar.

Corromper es romper, es destruir el estado de la naturaleza. Es torcer para su propio beneficio sin importarle las leyes ni el daño que ocasiona a las economías y al sistema democrático.

Pero lo peor es el grado de impunidad de los mafiosos, ladrones, de los que roban y a quienes la justicia y la prensa llaman “supuestos” o “presuntos”, cuando el delito se ha cometido y erosionado las arcas del pobre Estado.

A los corruptos hay que identificarlos como tales: ladrones a los ladrones y corrupción a la corrupción.

Hay que señalarlos, apuntarlos y nombrarlos como lo que son, pero ellos reciben protección en diferentes instancias, por lo que continuarán en sus andanzas, dejando sus huellas para que otros sigan sus pasos.

¿Qué hacer? La gran pregunta, de la cual Valverde señala que no hay respuestas mágicas.

“La educación es elemental, transformar las instituciones, que prevalezca la meritocracia, la rendición de cuentas que están normadas pero no se cumplen, y medidas de mano dura”.

“Todos saben lo que tienen que hacer. Es un proceso sostenido, con un cambio radical cultural, revolucionar el sistema educativo, profundas reformas, trabajar en la institucionalidad, respetar el servicio civil en el Estado, cambiar de chip y demostrar una profunda voluntad política”, propone Pareja.

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, nos alertó el historiador y escritor inglés Lord Acton, y precisamente para que no siga ocurriendo ello, necesitamos en Bolivia medidas estructurales: un cambio radical y revolucionario en todos los niveles.