El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, justificó
el despido de más de un centenar de diplomáticos de carrera diciendo que se
trataba de “respingones” o, lo que es lo mismo, jailones, un adjetivo de uso
común, sobre todo entre las autoridades del actual gobierno para descalificar a
los adversarios y profundizar brechas artificiales que solo sirven para dividir
más a los bolivianos.
El presidente Arce cayó en el mismo error, cuando se refirió a algunos dirigentes despedidos de la Empresa Pública de Agua y Saneamiento (EPSAS), que protestan por la intromisión gubernamental en las designaciones, como “pititas”, es decir como los cientos de miles de bolivianos que en octubre y noviembre de 2019 se movilizaron contra el fraude electoral.
Pititas en el diccionario oficial, debe leerse también como jailones, golpistas, derechistas, racistas, discriminadores, capitalistas, neoliberales, q’aras, blancos, términos que sirven para supuestamente abrir un abismo ideológico y de creencias con quienes piensan diferente o, lo que es peor, para denotar que pertenecemos a países distintos: que unos tienen la piel de los ancestros y otros la de los conquistadores. Y cuidadito con hablar de mestizos, porque la sola mención de éstos desmorona el montaje funcional al interés de mirarnos siempre desde tribunas opuestas.
Que un diplomático critique el despido de colegas suyos que transitaron por la academia y representaron al país, no debería tomarse como un agravio. Es más, en cualquier país del mundo se respeta la continuidad de los diplomáticos de carrera, independientemente de cuál sea su filiación política, precisamente porque ellos son los que defienden los intereses del Estado –no del gobierno– fuera de sus fronteras. En Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia, para no ir más lejos, puede haber embajadores, cónsules, secretarios o agregados que no comulguen con la tendencia de sus gobiernos, pero que han sido formados y acumulado experiencia para desempeñarse adecuadamente en el servicio exterior.
Ahora, que si lo que el gobierno quiere son representantes de “línea oficial”, cajas de resonancia de consignas o símbolos identitarios, eso ya es otra cosa. Entonces ya no se puede decir que los cambios o despidos obedecen a la necesidad de elegir a los mejores, sino a la urgencia de habilitar cargos dentro y fuera del país para los simpatizantes y militantes, así no tengan ninguna experiencia en la función para la que son designados.
Y a no confundir. No indigna, ni mucho menos, que la señora Felipa Huanca, una mujer de pollera, sea designada cónsul en Perú; lo que se observa, como se hacía antes en el caso de parientes, amigos o compadres de expresidentes civiles o militares, es su idoneidad para asumir un papel que demanda conocimiento y, fundamentalmente, experiencia.
No importa si apellida Quispe, Mamani, Godinez o Urriolagoitita, si es indígena, mestizo o blanco, hombre o mujer, gay o heterosexual, que luzca manta o chal: la cuestión es que el país haya invertido en esa persona para que lo represente con la necesaria capacidad. Solo eso.
No es distinto lo que pasa en EPSAS o en otras entidades públicas donde los nombramientos son resultado de presiones de los sectores que conforman el partido y de la creencia, alentada desde el gobierno, de que el carné de militancia vale más que el perfil o la trayectoria profesional.
Lo que agrava las cosas es que sea el Presidente quien se meta en la pelea menuda e incline la balanza en favor de los que se creen con derecho a tener cargos simplemente porque fueron parte de una campaña y peor que pretenda descalificar a los otros diciéndoles “pititas”.
Arce debería estar por encima de estas mezquindades y chismes telefónicos y exigir más bien de sus colaboradores directos ajustar su conducta a la necesidad de que instancias técnicas como EPSAS o de carrera como el servicio exterior, mantengan o recluten a personal idóneo.
Es insostenible un país de bandos contrarios e irreconciliables, de adjetivos para dividir e intentar cosechar migajas de popularidad. La herencia más compleja de la gestión de Evo Morales fue subrayar la diferencia e insistir en la revancha, con el único propósito de mantener cautivo el voto de quienes se asumen como víctimas de una injusticia histórica.
Los caudillos redentores le hacen mucho mal al país. Y todo es historia repetida ahora que se habla de “respingones” y “pititas”, de las supuestas víctimas y los supuestos victimarios, de los buenos y los malos que se baten rutinariamente a duelo en una deteriorada escena nacional donde esa obsesión por ganar al otro nos convierte a todos en perdedores.
El gobierno tiene varios años por delante para salir de esta trampa y gestionar un cambio. Arce todavía está a tiempo de aprender a gobernar en democracia, el MAS de transformarse en un partido que respete la institucionalidad y las reglas del juego, y la oposición en un frente de reflexión crítica que permita avanzar en una nueva dirección más provechosa para el país.
Hernán Terrazas es periodista.