¿Acaso la Policía tiene licencia para matar?

Brújula Digital celebra que el periodista y docente Roberto Méndez empiece a escribir en sus páginas. Los análisis de Roberto son siempre agudos y oportunos. !Bienvenido!
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“Guarda fiel que te importa la vida, si alumbrando te mata el deber”, dice el estribillo del himno al Policía, que durante más de 20 años de cobertura de temas de seguridad en Santa Cruz, he cantado muchas veces en los velorios de uniformados que han caído en cumplimiento de su deber.

Pero esa imagen de heroísmo ha desaparecido cuando “la frase que te importa la vida” por el contrario se aplica cuando la institución policial, con capucha y sin capucha, ha arremetido con furia contra el pueblo boliviano y en especial contra más de medio centenar de periodistas y lo más grave, con una impunidad descarada que acaba de confirmar la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIPIPI) del Comando Departamental de la Policía al cerrar uno de los cuatro  procesos disciplinarios, el del periodista de UNITEL, Joel Orellana y su camarógrafo Miguel Ángel Rivero sometidos a “la calle de la amargura” el 28 de diciembre del 2022, durante los incidentes registrados luego de la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

“Por falta de consistencia” dice el fallo que libra de polvo y paja de la investigación disciplinaria abierta contra el policía, Víctor Hugo Santelices, quien fue identificado plenamente por los hombres de la prensa agredidos y cuyas imágenes fueron adjuntadas en dos investigaciones requeridas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y a la DIPIPI. Pero en ninguna de las instancias hay resultados y la palabra “impunidad”, resume todo.

En los otros tres casos abiertos a instancias de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz por agresiones similares,  también corren la misma “suerte”, pues dicen que los policías agresores no han podido ser identificados porque estaban con el rostro cubierto.

¿Y que actúen así encapuchados es legal?  preguntamos a uno de los fiscales de la Policía, y la respuesta fue: “ el pasamontaña forma parte de su uniforme”. Conclusión: con y sin capucha los policías tienen licencia para matar y no ser identificados y no ser castigados.

Entonces solo nos queda encomendarnos a Dios porque estas agresiones vulneran la esencia de  la Policía que en el art. 251 de la Constitución Política del Estado le manda que “como fuerza  pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”.

Y también le subraya que “no delibera ni participa en acción política partidaria”. Sin embargo en los hechos se ha visto una institución verde olivo mezclados con grupos de choque del Movimiento al Socialismo en los eventos conflictivos del paro de 36 días por el la realización del Censo de Población y Vivienda que reclamaba Santa Cruz, en octubre del 2022 y luego durante la detención del gobernador, Luis Fernando Camacho.

Y en realidad, también han quedado en la impunidad casos en los que los policías abrieron fuego contra el carrito de un bebé y contra dos ciudadanos que perdieron un ojo y tampoco se han llegado a conclusiones denuncias de un periodista que dice que le quemaron su auto cerca del Comando de la Policía o de otro que en la localidad de La Guardia, que con dos fracturas y ensangrentado acudió a un patrullero para que lo auxilien y uno de ellos le dijo “bótenlo por ahí”, sin contar de otro que recibió seis perdigones cerca del Comando de la Policía.

Por eso, durante la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo del 2023 a Bolivia, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz denunció 52 casos de agresiones a hombres y mujeres de la prensa y hace poco se ha conocido que de los 768 casos de vulneración a las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática, el 25% (182 casos) fueron cometidos por efectivos de la Policía nacional, siendo esta institución la que mayor cantidad de vulneraciones ha cometido durante el 2022, según el Informe de Situación presentado por el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

Corresponde ahora que el gobierno de turno cumpla el art. 15 de la CPE que dice que en Bolivia  “se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y personal y que nadie puede ser torturado” y haga caso a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 23 de noviembre del 2020 sugirió al Estado boliviano “crear un mecanismo independiente, dentro de la estructura del Estado, que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales y adoptar protocolos y normas precisas, integrales y transparentes que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas sociales y establezcan la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza, como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas”.

Roberto Méndez es periodista