A plan de motosierras, una comunidad tsimane se abre paso en la Estación Biológica del Beni

Brújula Digital|09|07|24|

La Nube, Gabriel Díez Lacunza (San Borja, Beni)

Celosos del cuidado del bosque, los pueblos indígenas son, por lo general, sus guardianes naturales. Son los primeros en alzar la voz de denuncia cuando un invasor acecha su casa. Pero, ¿qué sucede cuando son ellos quienes encienden las motosierras y se abren camino en un área protegida, dejando centenares de árboles por los suelos, a título de necesidad y derecho ancestral? Lo que sigue a continuación es la historia de una paradoja.

Los protagonistas son miembros de la etnia chimán (tsimane) de la comunidad Campo Bello, colindante con el límite sudoeste del área protegida Reserva de la Biosfera – Estación Biológica del Beni (RB-EBB) cerca al río Maniqui en San Borja, Beni.

Por otro lado, está la administración de la Reserva y los guardaparques. Estos denuncian que los chimanes están “avasallando” un sector al interior del área protegida con la creación de una nueva comunidad llamada Betel.

Los indígenas arguyen que su ingreso hace seis años, quizá sean más, se justifica, en parte, porque pertenece a su territorio tradicional, pese a que su Tierra Comunitaria de Origen (TCO) se sobrepone al área protegida solo en la parte noroeste y norte.

También aducen que ya no tienen espacio en los alrededores para la siembra y cosecha de plátano, arroz, yuca y maíz, principalmente. Además, alegan que su lugar actual, Campo Bello, es bajo y se inunda en época de lluvia por la crecida del río pudriendo sus productos, los cuales son su única vía de subsistencia económica tras venderlos a precios muy bajos en San Borja.

En Betel ya hay al menos 20 familias que se han ido instalando desde 2018, siendo que el saneamiento final de la Reserva por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) data de 1999 y legalmente, de acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas, no debería permitirse ningún asentamiento nuevo. No obstante, la mayor parte de los pobladores de Campo Bello ya tienen sus chacos productivos ahí. Se trasladan a diario en motocicletas y a pie.

Sumado al conflicto legal y sociocultural, dos biólogos analizan las consecuencias de este tipo de asentamientos. Inundaciones, degradación del bosque y el ecosistema con la inevitable afectación a la fauna, son algunos de los efectos negativos. Incluso, en un escenario más complejo, comentan que si continúa el ingreso humano descontrolado al lugar, de aquí a un tiempo ya no habría área protegida que proteger.

Betel, la comunidad de la discordia

Para llegar a Campo Bello es preciso ingresar por la comunidad Galilea ubicada a 15 minutos de San Borja por la carretera que une a ese municipio con San Ignacio de Moxos. De ahí en moto se llega en otros 15. La reunión con los chimanes de este lugar se pacta por la necesidad de contraparte para este reportaje. En la cancha de cemento del pueblo, un tinglado de techo plomizo, esperan varios hombres —entre los cuales están Román Durvano Tayo (52) y Rubén Quete Tayo (43)—, mujeres y niños.

Román es el actual corregidor de Campo Bello. Cuenta que en el lugar viven 60 familias de esa etnia, unas 325 personas. Recuerda que el origen de este asentamiento se puede rastrear hasta la primera década del siglo XX y que para los tiempos actuales se quedaron sin espacio en sus parcelas productivas.

“Solo tenemos 299 hectáreas, no es apto para chaquear; es pequeña la comunidad, por eso hemos entrado dentro del área protegida. De eso están molestos los guardaparques, ellos quieren que salgamos”, dice Román, quien viste una camisa rosácea y tiene la voz bajita.

Tres metros más allá Rubén observa la entrevista con Román mientras manipula unas hojas de papel tamaño carta. Se trata, como después mostrará, del plano de la nueva comunidad de la cual es corregidor, Betel, y su personería jurídica. ¿Por qué Betel? “Nosotros buscamos ese nombre en la Biblia”, dirá Rubén un par de horas después.

El primer corregidor de Betel, Lorenzo Durvano Tayo (57), añade que ellos, los chimanes del lugar, son evangélicos y profesan la Palabra de Dios. En 1953 llegó a la región la misión evangélica Nuevas Tribus y hacia 1975 el lingüista Guillermo Hill terminó de traducir la Biblia a la lengua tsimane, según el antropólogo Álvaro Díez Astete.

Ese material fue usado “intensivamente” para la educación bilingüe que realizaban los misioneros entre los años 1960 y 1990, refiere este investigador en su Compendio de etnias indígenas y ecoregiones de Bolivia.

Hoy en día, varias décadas después, la nueva, polémica, ¿e ilegal? comunidad Betel es objeto de riña. Para ir al lugar y conocer de qué se trata la demanda de la administración de la Reserva, el conductor designado es Mario Tayo Durvano (28), presidente de la Junta Escolar de Campo Bello. 10 minutos después de haber partido de Campo Bello, este padre de cinco niños señala en el suelo, desde la parte delantera de la moto, una línea sobre la tierra. Dice, con el desenfado de quien no tiene nada de qué preocuparse, que es el inicio del área protegida. El vehículo avanza a velocidad constante.

De a poco, la espesura arbórea se convierte en una senda ancha. Adondequiera que se mire hay gigantes caídos. Algunos yacen en el herbazal —en pleno proceso de desecado o quemados— y otros aun de pie, pero con medio cuerpo superior volado. Los hay de tronco grueso, como los bibosi, y los más delgados, chonta y palo María. La característica común entre todos ellos es que los cortes presentan la lisura que solo podría dejar una motosierra.

El desembarco se da en el predio de Carmelo Canchi Saravia quien se estableció el lugar desde hace tres años y medio con su esposa y sus cinco hijos. Tiene dos casitas tipo pahuichi que él mismo construyó. Mientras una de sus hijas, de siete años, juega con un machete, Carmelo cuenta que entraron al lugar huyendo de las inundaciones en época de lluvia. “¿Dónde más vamos a vivir?”, dice cuando se le pregunta por el reclamo de los guardaparques.

Entrevistado sobre el tema, el concejal de San Borja Cándido Neri Tayo, miembro de la etnia chimán, sale en defensa de los suyos. “Creo que también hay que entender a nuestros hermanos que son dueños de ese territorio; la ley no está escrita en piedra”.

La amenaza del “motosierrismo”

El “motosierrismo” al interior de esta área protegida y en sus zonas de influencia externa fue advertido hace más de una década. Se expuso esa problemática en el Plan de Manejo de 2006 y también mediante el investigador Marco Octavio Ribera.

En su obra Primera Aproximación a un inventario de unidades ecoregionales amenazadas en Bolivia (2011), Ribera califica al bosque de la llanura amazónica preandina de la EBB-Apere como “vulnerable” y que “la explotación informal vía motosierrismo  generó severas afectaciones a los ecosistemas y recursos, en especial sobre la mara y cedro”.

Cuando Carola Vaca Salazar dejó la Jefatura de Protección de la RB-EBB, el 22 de abril de 2021, denunció en su carta de renuncia que desde 2010, año de su ingreso, hubo presión política constante, acoso y amenazas para que ni ella ni los guardaparques pudieran hacer un trabajo idóneo.

Mencionó que las amenazas del área protegida a esa fecha eran el cuartoneo (práctica de tala para dividir en cuatro, a lo largo, un árbol y facilitar su transporte) ilegal e “intentos de avasallar el área so pretexto de ser propietarios al anterior proceso de saneamiento”.

¿Y qué sucede con Betel? “Yo estuve 10 años de Jefa de Protección y esa comunidad Betel toda la vida se quería entrar y el día que se entraban iban y los sacábamos, después ya se entraron nomás”, explica Vaca en entrevista telefónica con La Nube. “El tema siempre fue la madera, ellos se entran para sacar madera, porque ellos tienen una comunidad que es Campo Bello; pero la mitad de los comentarios se fue a meter allá porque quieren sacar madera”, afirma.

Maguin Gutiérrez Cayuba es presidente del Gran Consejo Chimán, la organización que aglutina y representa a todos los chimanes de Bolivia, más de 120 comunidades. Desde su oficina en San Borja, explica que en su etnia son, en esencia, cazadores y pescadores y que, además, viven de los cultivos. El bosque, dice Gutiérrez, es madre, aire puro, mercado y una farmacia verde. Pero en el caso de las cercanías a la Estación Biológica del Beni admite que en el último tiempo sus hermanos no actuaron de la mejor manera.

Díez Astete, contactado para este trabajo periodístico, explica que puede considerarse que los chimanes del lugar tienen un derecho coextensivo con esta área protegida siempre y cuando sea para sobrevivencia y garantizar su seguridad alimentaria, dado que son tradicionalmente cazadores y recolectores.

“Actualmente, cuando la sociedad externa ha venido apropiándose de su territorio ancestral de diferentes maneras, se comprende que las comunidades, y a veces solo familias chimane aisladas, recurran a volver al monte como puedan hacerlo”. Sin embargo, observa que la motosierra es un instrumento depredador de los colonizadores y que es lógico que su uso por parte de los chimanes sea asociado a una práctica avasalladora.

Betel ya tiene plano y personería jurídica

El plano de Betel es de mayo de 2017 y la personería jurídica de 2019. El guardaparques Marcos Uzquiano apunta sobre el primero que no tiene ninguna legalidad, que fue hecho por un técnico particular y que no está aprobado por el INRA ni por ninguna entidad competente.

Respecto a la personería jurídica, la Gobernación de Beni informó para este reportaje que no existe ningún documento que les haya alertado de la superposición de la comunidad Betel y el área protegida. Además, detallaron que quien hizo la solicitud de trámite fue Carlos Cari, quien en su momento se presentó ante esa oficina como «corregidor de la comunidad indígena tsimane Betel”.

Según el plano de Betel y contrastando los mapas existentes en el actual Plan de Manejo de la Reserva se observa que:

Es un área de bosque primario. En 2023 Global Forest Watch (GFW) reportó que por tres años seguidos Bolivia fue el tercer país en perder este tipo de vegetación que es, en pocas palabras, un sistema de árboles de gran tamaño mezclados con otros más pequeños, que almacenan carbono y regulan el clima.

Es una zona de uso extractivo; se permite recolección, caza y pesca con métodos tradicionales y se prohibe caminos o senderos para vehículos, además de ser parte de la zona “tampón” que debería amortiguar los efectos de las acciones humanas sobre la zona núcleo.

Son tierras fiscales. Según el Reglamento General de Áreas Protegidas, en tierras fiscales ubicadas en áreas protegidas solo podrán otorgarse concesiones “de uso para protección de la biodiversidad, investigación científica y ecoturismo”, que no es el caso de Betel.

En 2023 el INRA respaldó a la Reserva

El 12 de julio de 2023 a primera hora de la tarde hubo una reunión en el campamento Los Petos, una de las tres bases de operación de los guardaparques de la RB-EBB, a escasos 100 metros de la ribera del río Maniqui. El objetivo fue exponer los reparos de la administración de la Reserva sobre el nuevo asentamiento.

Estuvieron presentes, según el acta del día, el entonces Director Departamental del INRA Beni, Ramiro Ortiz, el abogado del INRA Beni, Alejandro Cruz, el Director de la RB-EBB, Rolando Sánchez de la Vega, miembros del Gran Consejo Chimán, corregidores de las comunidades Campo Bello, Monte Rosa, Puerto Belén y Chacal, además del presidente de Gestión de la Reserva y guardaparques.

De acuerdo al acta, Cruz les explicó a los comunarios “que no existe ninguna posibilidad que el INRA proceda a sanear dentro de la jurisdicción de áreas protegidas”. En tanto que Ortiz, más específico aún, les dijo que “no se debe ni se puede ingresar bajo ningún concepto a sanear ni titular nuevos asentamientos humanos” dentro de la Reserva. El Reglamento General de Áreas Protegidas manda que “la ocupación ilegítima de APs no confiere ningún derecho a sus autores”.

La etnóloga Cecilia Miranda Chávez, quien tiene más de 25 años de experiencia en gestión de áreas protegidas, coincide con las apreciaciones de Ortiz y Cruz y añade que no es la primera vez que una comunidad chimán está involucrada en “saqueo” de recursos naturales.

Un mes antes de la reunión en Los Petos, el 22 de junio de 2023 mediante una Resolución, el Director de la Reserva instruyó a Carlos Cari Caiti, quien tramitó la personería y es uno de los líderes de la comunidad, desalojar el área, paralizar desmontes y otras actividades. Pero al día de hoy nada ha cambiado.

¿Qué pasará cuando los chacos de Betel reduzcan su productividad? Pese a todo lo expuesto, Román avisa: “estamos pensando ingresar más porque no hay espacio”. Los cultivos de plátano, dice, solo aguantan un año en un lugar. “Cada año hay que habilitar de nuevo (un) chaco (…). Estamos pidiendo (al Estado) que traslade el límite (de la RB-EBB) ‘más allacito’, nosotros vamos a administrar esa tierra, tenemos planos y personería jurídica de la comunidad Betel”, responde para este reportaje.

Pero Carola Vaca advierte que si estas acciones prosperan la zona núcleo estaría en riesgo. “Al entrar en la reserva están en un lugar estratégico, no necesitan pasar por el río para sacar madera, están en un lugar donde pueden salir al camino”. La zona núcleo o zona de protección estricta de la Reserva, indica el Plan de Manejo, representa el 30% del área protegida y alberga bosque alto denso no inundable, lagunas, pantanos y, entre otros animales, al mono lucachi cenizo, especie endémica y en peligro de extinción.

Esta investigación fue realizada en el marco del “Fondo concursable de periodismo de investigación sobre la Amazonía boliviana y justicia climática”, organizado por el IPDRS, con apoyo de OXFAM y ASDI.

Crédito de fotos: Carlos Sánchez Nava

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