La Paz, 07 de septiembre de 2024
Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno.
Brújula Digital|25|06|24|
Gonzalo Flores
El ministro de Gobierno ha decidido intentar ser popular y darle al país una lección rápida sobre el precio del tomate. En un TikTok que sus funcionarios han distribuido masivamente en las redes, nos informa que el precio del tomate se ha estabilizado y que eso se debió a las ferias de “precio justo”, a que los productores ahora venden en forma directa a los consumidores y a que las Fuerzas Armadas y Policía impiden el “contrabando a la inversa”; en breve, a que el Gobierno interviene porque quiere una economía planificada. No, como dicen los “liberales desinformadores”, que quieren que el mercado fije los precios. “¿Qué pasaría –se pregunta el ministro– si no hubiera Gobierno central que intervenga en estos temas tan graves?”. En poco menos de 80 segundos ha sido capaz de decir siete afirmaciones falsas y de omitir muchas más verdades, así que vamos a aclararle las cosas.
El precio de cualquier bien en el mercado sube cuando éste escasea. En el caso del tomate, las cosechas estuvieron por debajo del nivel esperado. Por tanto, la escasez se reflejó en un precio más alto. Aquí no hay ninguna conspiración liberal.
No existe el “precio justo”. El precio de un bien es la cantidad de dinero que un consumidor quiere entregar a cambio de ese bien, y por la que el poseedor está dispuesto a desprenderse. Normalmente, el que se desprende del bien obtiene una ganancia; de otro modo, no entregaría el bien que tiene. Los tomates no son una excepción y por eso las ferias de “precio justo” son solamente un invento del Gobierno. En ellas, o bien los vendedores son militantes del partido de Gobierno (lo que hace que estén dispuestos a aceptar una pérdida) o bien el Gobierno les ha pagado la diferencia entre el precio de mercado y el “precio justo”, es decir, ha metido un subsidio. Además, el Gobierno paga todos los gastos de transporte del producto, logística, propaganda, etc., que son otras formas de subsidio. De modo que nada se transa a un “precio justo”.
El ministro sugiere haber eliminado la actuación de los intermediarios. Como él, muchos están convencidos de que los productores quieren vender en forma directa a los consumidores, y se equivocan totalmente. Los comerciantes cumplen una función extremadamente útil: reúnen un producto disperso y lo ponen a disposición de los consumidores, lo que puede implicar que haya varios intermediarios hasta que el producto llegue al consumidor final. Pero, así y todo, los consumidores pueden encontrar, en una sola plaza de mercado, todos o casi todos los alimentos que necesitan. Si no hubiera comerciantes, millones de productores tendrían que trasladarse a las ciudades para vender sus productos en pequeñas cantidades, o millones de consumidores tendrían que viajar frecuentemente al campo para comprar un poco de cada alimento. Pero, como los alimentos se producen en nichos agroecológicos diferentes, llenar una pequeña despensa para una semana podría tomar muchos, o por lo menos, varios viajes. Gracias a los comerciantes podemos tomar un vehículo de transporte público hasta la plaza del mercado de nuestra preferencia y volver con las bolsas llenas, mientras el dinero nos alcance.
Tampoco existe el “contrabando a la inversa”. Así como el agua fluye hacia el punto más bajo, las mercaderías fluyen hacia donde los precios están más altos. Si alguien puede vender una caja de tomates en 50 dólares y al otro lado de la frontera la puede vender en 80 dólares, es absolutamente claro que debe preferir venderla al segundo precio. El que produjo algo es dueño de ese producto. Nadie, ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas ni la Policía, tienen derecho ni autoridad de impedirle venderlo donde más le conviene. Si no existiera la mirada autoritaria del Gobierno colectivista, el “contrabando a la inversa” sería llamado por su nombre real: exportaciones.
Los precios libres son total y absolutamente vitales en una economía sana. Con sus compras y abstenciones de compras, los consumidores dicen a los productores qué productos quieren. Mientras busquen tomates y paguen, están diciendo a los productores que quieren tomates y estimulan la oferta. Los productores reciben la señal y aumentan la oferta. El precio de los tomates bajó no porque las aguerridas Fuerzas Armadas mostraron los dientes en la frontera, sino porque los productores vieron que les convenía producir más tomate (que es, como también debería saber el ministro, un cultivo de ciclo muy corto). A la inversa, si la demanda de algún producto cae, su precio y la ganancia por producirlo, bajan, y su producción declina. Y así, los precios, y no los decretos, son los que realmente hacen funcionar la economía.
Hay que notar que, como hay miles de alimentos en el mercado y millones de productores y consumidores, sólo el muy maldecido sistema de precios resuelve el complicado problema de decidir cuánto de cada alimento debe ser producido. En este sistema, cada consumidor hace sus propias demandas y emite una o varias señales nuevas, y así se comunica con los productores. Este sistema es superior al de los burócratas, que intentan decidir quién debe producir tomate, en qué cantidades, a quién vender y a qué precio, sin poder ni siquiera, diferenciar entre los varios tipos de tomate (que los hay), ni entre los miles de alimentos y sus variedades. El sistema de precios no es un invento de ningún intelectual, sino resultado de miles de años de evolución y desarrollo espontáneo.
No lo neguemos: los precios de los alimentos están subiendo, pero las causas son muy diferentes a las que imagina el ministro.
Ya hemos hablado de la escasez. Hablemos ahora del control de precios: el Gobierno ha instalado controles de precios para muchos alimentos. En tanto que la escasez y la demanda crecientes están jalando los precios hacia arriba, el Gobierno pretende que los precios no se muevan. Intenta oponerse a una tendencia mayor en la economía. Para creer su propia mentira, ha forzado al INE a generar unas estadísticas no creíbles sobre los precios, que reflejan los precios cuyos productos están regulados –muy estables– pero no reflejan los precios de los productos no regulados –que están subiendo–.
Y mencionemos la emisión monetaria. El Gobierno no deja de emitir. La masa monetaria es un porcentaje cada vez más alto del PIB. Una gran parte de ella no se ha correspondido con ningún incremento en la producción. La emisión inorgánica de dinero es inflacionaria, y gran parte, si no la totalidad, se ha usado para financiar el gasto corriente del Estado. De modo que es en los deseos y sueños delirantes del Ejecutivo por controlar la economía donde podemos encontrar la causa verdadera de la elevación de los precios.
Me ha causado mucha gracia ver al ministro ensayar una explicación tremendamente ingenua sobre el precio de un alimento tan popular y sabroso como el tomate. Me ha sorprendido también que invada competencias que no son suyas, porque, si no entendí mal, él es ministro de Gobierno, no de Economía.
Para terminar, me gustaría lanzar un reto al ministro de Gobierno: si tan convencido está de lo que dice, le propongo que organice cuanto antes en la avenida Camacho una “feria del precio justo”, en la que no se intercambie tomates, sino dólares. Vamos a ver cómo le va.
Gonzalo Flores es magister en Seguridad Alimentaria por la Universitá Overta da Catalunya