El fallo, emitido en mayo y hecho público este viernes, fue recibido con satisfacción por sectores gremiales y productivos que habían protagonizado protestas a principios de año.
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, disposición que autorizaba acciones de control, fiscalización y decomiso de productos a los actores de la cadena alimentaria.
El fallo, emitido en mayo y hecho público este viernes, fue recibido con satisfacción por sectores gremiales y productivos que habían protagonizado protestas a principios de año.
La Sentencia Constitucional 0017/2025, con relatoría del magistrado Boris Arias, concluye que la norma cuestionada lesionaba el artículo 321.III de la Constitución al incorporar disposiciones ajenas al carácter temporal de la ley del PGE. El fallo contó con votos disidentes de los magistrados Gonzalo Hurtado y Julia Elizabeth Cornejo, y votos aclaratorios de René Yván Espada y Karem Lorena Gallardo.
César Gonzales, ejecutivo de los gremiales de Bolivia, destacó que la decisión del TCP devuelve tranquilidad a miles de comerciantes. “Estaba en riesgo la propiedad privada y la seguridad jurídica. Con esa norma podían ingresar a tu puesto de venta, a tus almacenes o incluso confiscar mercadería dentro de camiones de transporte pesado. Hoy podemos decir que ninguna autoridad tiene la tuición de decomisar a la cadena productiva, este fallo favorece a todos: conductores, transportistas, comerciantes, importadores y exportadores”, señaló.
El dirigente añadió que durante el debate de la ley nunca quedó claro quién determinaría los precios de los alimentos. “Preguntamos al señor Silva a cuánto había que vender, pero nunca nos respondió. Por eso hoy celebramos que el TCP haya puesto un alto a esa arbitrariedad, porque esto no solo es una victoria de los gremiales, sino de todo el pueblo boliviano”, sostuvo.
El Comité Multisectorial, que integró a diferentes sectores productivos en rechazo a la disposición, también se pronunció: “La declaratoria de inconstitucionalidad es justa y garantiza que los emprendedores no vivan en zozobra por temor a decomisos ilegales”.
BD/LE
