El diferimiento de créditos aprobado por la Cámara de Diputados es considerada como una medida que otorgará un alivio inmediato a familias y pequeños empresarios pero para el analista económico Fernando Romero no resolverá los problemas estructurales de la economía boliviana.
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El diferimiento de créditos aprobado por la Cámara de Diputados es considerada como una medida que otorgará un alivio inmediato a familias y pequeños empresarios pero para el analista económico Fernando Romero no resolverá los problemas estructurales de la economía boliviana.
Según el experto, el principal beneficio es que la suspensión temporal del pago de deudas brinda “un respiro financiero a algunos agentes económicos, estabiliza el empleo en el corto plazo y evita quiebras en cadena”. A su criterio, también permite “identificar prestatarios viables y negociar reprogramaciones de cartera”.
Sin embargo, señaló que el diferimiento tiene riesgos importantes como que corta el circuito financiero, limitando la inversión, la generación de empleo y el dinamismo económico “de un país que ya padece de una estanflación”.
En su análisis, destacó tres efectos inmediatos: alivio en la liquidez de hogares y microempresas, mayor flujo de consumo e inversión, y la necesidad de que las entidades financieras recurran a su propia liquidez o al apoyo del Banco Central de Bolivia (BCB). En el mediano plazo, advirtió sobre un posible aumento de la mora, contracción del crédito y presión sobre las utilidades del sistema bancario.
El Proyecto de Ley N° 547/2024-2025; Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña fue aprobado este viernes por la madrugada por la Cámara de Diputados y la remitió al Senado para su revisión.
La propuesta fue rechazada días atrás por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que alertó que el diferimiento “comprometería la estabilidad del sistema financiero”. “Estos fondos no pertenecen a los bancos, sino a los ahorristas, por lo que su protección es fundamental para mantener el crédito y la confianza en el sector”, señaló la banca en su comunicado.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo que la ley fue solicitada por más de 12 organizaciones sociales y que “no compromete la estabilidad del sistema financiero porque no implica condonación de deudas ni intervención en contratos privados”. Explicó además que el alcance de la norma no superará el 3% de la cartera total, lo que mantiene el riesgo “controlado”.
Con este escenario, el análisis de Romero coincide en que la norma dará un alivio inmediato, pero advierte que sin medidas complementarias —como líneas de liquidez, garantías parciales y reglas contables transitorias— sus efectos podrían convertirse en un nuevo problema para el sistema financiero y la economía nacional.
BD/LE
